Policía Nacional ejecutó el operativo denominado Gran Fénix 32, en las provincias de Azuay y El Oro, que dejó como resultado 26 sujetos aprehendidos.
Policía Nacional ejecutó el operativo denominado Gran Fénix 32, en las provincias de Azuay y El Oro, que dejó como resultado 26 sujetos aprehendidos.Cortesía

Fiscalía impugna fallo que dejó libre a alias Ronquillo pese a incautación de armas

La Fiscalía se pronunció sobre la aprehensión de alias Ronquillo, luego de que un juez no calificara la flagrancia

La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció sobre la aprehensión de Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, alias Ronquillo, luego de que un juez de Garantías Penales no calificara la flagrancia en su contra, pese a la incautación de municiones y un arma de fuego durante un operativo policial.

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Según el comunicado, el 16 de julio se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Durante la diligencia, la Policía Nacional informó que en el inmueble donde se encontraba el sospechoso se decomisaron una pistola marca Prietto Beretta (calibre 9 mm), 31 municiones y tres teléfonos celulares. Aunque el detenido presentó un permiso de porte de armas, no justificó la posesión de las municiones.

La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de almacenamiento y posesión ilegal de municiones, tipificado en el artículo 362, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Asimismo, solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, conforme al artículo 522, numeral 4 del mismo cuerpo legal.

El juez resolvió que no se cumplían requisitos legales 

Sin embargo, el juez a cargo del caso resolvió que no se cumplían los requisitos legales para dictar prisión preventiva, y en su lugar impuso medidas cautelares alternativas. Ante esta decisión, la Fiscalía presentó una apelación, amparada en el artículo 653, numeral 5 del COIP.

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Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía informó que se encuentra en curso el análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante el operativo, los cuales podrían contener información relevante sobre las actividades delictivas del grupo al que pertenecerían los detenidos. La institución solicitó autorización judicial para acceder a estos contenidos, en cumplimiento de las garantías constitucionales y el debido proceso.

Además, la institución requirió a los agentes aprehensores un informe ampliatorio, con el objetivo de esclarecer por qué ciertos elementos encontrados durante el procedimiento no fueron registrados como evidencia oficial. Esta medida busca garantizar la transparencia y solidez del proceso penal.

Aunque por el momento no se han formulado cargos contra cinco de los seis aprehendidos, la Fiscalía aclaró que la investigación previa continúa abierta, y que se actuará conforme a los elementos que se obtengan en las próximas diligencias.

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