La Fiscalía General del Estado se mantiene en reserva la precisión de las acciones que ejecuta contra el lavado de activos en Ecuador. Diario EXPRESO pidió a esta entidad que detalle el total de las personas investigadas en el país sobre este delito y cuántas investigaciones han ejecutado de oficio, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.

La interrogante surge después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) señaló a este periódico que en los tres últimos años se han emitido 55 Reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII), documentos que los envió a la Fiscalía para su respectiva investigación.

Sin embargo, la Fiscalía lanzó un comunicado en su cuenta de X para decir que “actualmente se están procesando 25 casos” y que de esas causas 11 provienen de ROII de la UAFE.

El escrito, que fue colgado en la red social X, no precisa si los 25 casos son todos iniciados en el año 2023. Pero el Informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señaló a Ecuador por emitir apenas 16 sentencias en cinco años, que comprenden desde el año 2017 al 2021.

De ese número, apenas tres procesos provenían del narcotráfico, la principal actividad que blanquea capitales en la nación, según el mismo organismo.

El abogado penalista Joan Paúl Egred sostiene que los números presentados concuerdan con el recrudecimiento de la violencia criminal en los últimos tres años.

“En un país, en donde el narcotráfico campea y está presente en el sistema financiero, es insignificante que existan 25 procesos penales en varios años; versus los miles de operaciones económicas que se realizan diariamente. Es decir, que la UAFE y la Fiscalía han sido sobrepasadas por lo ilícito, porque estos casos que se originan de otros procesos como una incautación de droga, un operativo o más”.

El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) recuerda que las investigaciones de la Fiscalía presentan una tendencia a la baja desde el año 2019, cuando se registraron 22 casos por lavado de activos, en 2020 hubo otros 23 procesos; en 2021 volvieron a ser 22 causas y para el año 2022 se dieron 17 casos. Lo concerniente al año 2023, aún está en procesamiento de datos.

El coordinador del OECO, Renato Rivera Rhon, apunta que una de las razones para llegar a sentencia es la descoordinación entre los organismos relacionados con el tema y dicha problemática debe ser tratada urgentemente en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

“La UAFE presenta su ROII, luego los llama la Fiscalía a declarar y defender esos informes, y ahí se caen porque ellos no tienen la asesoría para presentarlos en los juicios. La Fiscalía, además de que no tiene personal, revisa causa por causa y no tiene un orden de prioridad para resolver los casos más graves, avanzar en los casos. Esto debe ser tratado en el Cosepe, pero sesiona y no se fortalece al Estado como debe ser”.

Rivera Rhon recuerda que en la evaluación de la Gafilat se recomienda a Ecuador, dotar de tecnología y sistemas que permitan el procesamiento rápido de las causas, porque aún son escritos realizados por técnicos.

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