La fiscal Diana Salazar pidió al juez Luis Rivera que dicte la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres sospechosos a quien formuló cargos por presunto peculado en el caso de la Reconstrucción de Manabí. El pedido también vino para Carlos Bernal para quien también solicitó que se oficie a la Interpol para la localización y captura. En el caso de Pablo Ortiz el pedido fue que dicte la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

La fiscal presentó 85 elementos de convicción recopilados en la investigación del caso durante la audiencia de formulación de cargos que continúa en la Corte Nacional de Justicia a cargo del juez Luis Rivera. 

La fiscal acusó de un posible abuso en el manejo de recursos estatales que debían servir para la reconstrucción de Manabí y que fueron destinados a la ejecución de obras previamente planificadas por Glas y Bernal y que no eran parte de las prioridades a las que se debían destinar los alrededor de 1.600 millones de dólares tras el terremoto de abril de 2016. Lea además: "Incidentes de Glas no evitan que se instale la formulación de cargos por peculado"

La fiscal explicó en la audiencia que se instaló tras la negativa de los incidentes procesales: revocatoria de la providencia que convocó a la audiencia, demanda de recusación y pedido de inhibición, que presentó al defensa de Glas para impedir que el caso avance que los dineros del fondo para reconstruir Manabí debían destinarse a ese objetivo y no a las obras que ya estaban planificadas y que eran de interés de Glas y Bernal, presidente y secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí. 

Según la fiscal, los testimonios recibidos en la investigación apuntaron a que los recursos se destinaron a obras no prioritarias, entre ellas el parque conocido como Las Vegas o la construcción de la vía Manta-Colisa. Precisó la fiscal que los dineros del fondo no eran para que lo distribuyan a su voluntad. Expuso que se priorizó proyectos en vialidad, salud, educación y otros que no cumplían con la justificación ni motivación de necesidad, emergencias e inmediatez.

Habló que en los 584 proyectos incluyeron los que eran y no y le dieron prioridad a proyectos de su interés con los que se evitaba cumplir con las reglas de contratación pública. La investigación se centró en 30 proyectos que estuvieron a cargo de seis empresas por 367 millones de dólares financiados con fondos de la ley de solidaridad. Con ese dinero hasta se arreglaron helicópteros. 

Dijo que Bernal solicitó para los contratos que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos pese a que había obras que no se ajustaban a los requerimientos. Mencionó la carretera de la Y de Mataje, en la frontera con Colombia y el puente internacional de Mataje en Esmeraldas, entre otros. 

"Existió reparto, festín y abuso de dineros públicos en beneficio de terceras personas", acusó la fiscal. Añadió que se destinaron millones de dólares a contratos para lo que no se recogió el dinero y que debía destinarse a obras para los afectados por el terremoto de 2016 y hasta la fecha aún las personas siguen viviendo en carpas.

La denuncia fue presentada por el expresidente del Consejo de Participación transitorio Julio César Trujillo en abril de 2019. Recogía anomalías como incrementos de costos, no cobro de multas, irregularidades en contratos modificatorios, cambios de diseños, pagos de rubros no justificados. 

Los plazos para el cumplimiento de las obras, a pesar de la emergencia eran de 400 y 600 días como el caso de la construcción hospital Dávila de Chone por 50 millones que le dieron a la empresa China Camc y permitieron que la ejecución de la obra tome 6 años.

Para pedir la prisión la fiscal justificó que las medidas alternativas no son suficientes y no garantizarán la comparecencia de Glas y Bernal al proceso porque ambos han dado muestras de que sus actitudes apuntan a no se presentarán a juicio o no cumplirán las penas, en caso de ser sentenciados. 

De Glas dijo que ya es reincidente en el delito de peculado, ya fue sentenciado. Pidió que sea capturado. Cuando conoció que la Fiscalía iba a realizar actividades de investigación lo que hizo es solicitar ser admitido en calidad de huésped de una embajada. Reiteró que el único fin que tiene es no comparecer a las siguientes etapas procesales y además, se ha beneficiado ilegítimamente de la prelibertad y es un prófugo de la justicia más. 

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