El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y actualmente huésped en la Embajada de México en Quito, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, por el presunto delito de peculado. 

Lo hizo tras resolver al menos cinco pedidos con los que la defensa de Glas buscaba evitar que se instale la audiencia convocada por el juez Luis Rivera para este viernes 5 de enero de 2024, a las 09:30. El juez evacuó los pedidos tras escuchar a los abogados, la Fiscalía y la Procuraduría. Puntualizó que la revocatoria de la providencia que convocó a la audiencia no tiene sustento alguno y no dio paso a la pretensión. 

Glas quien fue presidente del Comité para la Reconstrucción de Manabí fue investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado junto con Carlos Bernal, exsecretario del Comité y Pablo Ortiz, exgerente Ecuador Estratégico, por presuntas irregularidades en el proyecto Manta-Colisa, una de las obras adjudicadas para la Reconstrucción de Manabí, afectada tras el terremoto de 2016. Los incidentes procesales fueron analizados por el juez Luis Rivera antes de decidir si instalaba o no la formulación de cargos. Lea además: "Exvicepresidente Jorge Glas recusa al juez Luis Rivera en el caso Reconstrucción"

¿Qué solicitó Glas? Entre otras cosas pidió revocatoria de la providencia en la que el juez convocó a la audiencia, presentó recusación en contra de Rivera y adicionalmente solicitó que el juzgador se inhiba de seguir conociendo el caso.

Andrés Villegas, abogado de Jorge Glas, presente en la sala de audiencias de la Corte, le pidió al juez que no instale la diligencia. Expuso que se encuentra en trámite una demanda de recusación presentada por una presunta enemistad manifiesta por sus actuaciones en la causa y su derecho de tener un juzgador imparcial. Con la inhibición esperan que el caso se remita nuevamente a la sala de sorteos para que sea otro el juez que se haga cargo del caso.

También el 29 de diciembre Edison Loayza, quien no estaría autorizado para asumir la defensa de Glas, solicitó que sobre la base del convenio entre México y Ecuador, cualquier comunicación dirigida a él en temas judiciales, debe ser enviada con 45 días de anticipación a la Embajada. A eso sumó el pedido al juez para que impida que se utilicen medidas conminatorias o coercitivas para que comparezca para prestar testimonio en el caso. 

Andrés Villegas, defensor de Glas, insistió este viernes al juez en la revocatoria de la providencia que fija la audiencia y que insista a la Asamblea por un pronunciamiento sobre si se autoriza o no el procesamiento del exvicepresidente. Desvirtuó que se trate de acciones dilatorias y que lo que piden es que se respete el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Espera que le den copias del expediente para usar como medio de prueba para el caso de recusación que está a cargo de Byron Guillén.

La fiscal Diana Salazar dijo que los pedidos de Glas son actos dilatorios que buscan impunidad. Apuntó a que se busca la desnaturalización de convenio con México, engañando a las autoridades mexicanas. Solicitó que instale la audiencia y no se dé paso a las pretensiones.

El abogado de Glas expuso que su cliente tuvo que acudir a la Embajada porque la Fiscalía había pedido que la Policía Nacional lo localice y lo lleve a la entidad para la práctica de diligencias: versión y toma de muestra de voz, y eso empujó a pedir la protección de la Embajada de México.

Finalmente el juez tampoco aceptó la pertinencia de notificar con 45 días de anticipación a Glas de cualquier petición, providencia o diligencia a la Embajada.

Finalmente, sobre la recusación e inhibición, el juez aclaró que su competencia no está suspendida porque no ha sido citado con la demanda de recusación. No pasó el pedido de inhibición e instaló la audiencia. La fiscal Diana Salazar inició con la exposición de elementos en contra de Glas, Bernal y Ortíz.

Pidió al juez Luis Rivera que dicte la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres sospechosos a quien formuló cargos por presunto peculado en el caso de la Reconstrucción de Manabí. El pedido también vino para Carlos Bernal para quien también solicitó que se oficie a la Interpol para la localización y captura. 

La fiscal presentó 85 elementos de convicción recopilados en la investigación del caso. La fiscal acusó de un posible abuso en el manejo de recursos estatales que debían servir para la reconstrucción de Manabí y que fueron destinados a la ejecución de obras previamente planificados por los sospechosos.

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