Fin del subsidio al diésel reaviva el pedido de alza de pasaje de buses en Quito

Conductores que cambian de carril, irrespetan semáforos y límites de velocidad, dejan pasajeros a mitad de la calle o circulan sin haber pasado la revisión técnica. A eso se suma el hacinamiento y la inseguridad dentro de las unidades. Ese viaje riesgoso e incómodo cuesta 35 centavos desde hace casi cuatro años (2021).  

Tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, los transportistas buscan el alza de la tarifa en Quito, mientras la ciudadanía cuestiona la calidad del servicio.

Para lograrlo, los transportistas presentaron un pedido en la Secretaría de Movilidad. Quieren un cronograma de reuniones para hablar sobre el modelo de gestión y abrir el camino al aumento del pasaje, con la idea de que el Municipio asuma un subsidio directo a los usuarios, como lo hace la Empresa Metropolitana de Pasajeros con el trole, ecovía y metro.

Uno de los voceros de los transportistas es Luis Haro, representante de Catar, compañía que surgió en 1984 y que cuenta con 138 unidades. De ellas, 16 están en la troncal del Corredor Central Norte; y 13, en dos líneas de alimentadores. En total, en ese sistema hay cinco operadoras con 65 buses y 160 alimentadores, respectivamente.

¿Por qué el aumento de tarifas? La explicación de transportistas

“Todo negocio debe tener rentabilidad. No digo que estemos en la quiebra, pero no se recupera la inversión. El contrato de operación dice que el rendimiento tendría que llegar al 13 %, aunque la Ley de Tránsito estipula el 14 % de ganancia. Eso no se cumple, no hay una revisión del modelo tarifario cada dos años”, indica Haro.

Marcela, quien trabaja en la zona de El Recreo (sur) y reside en La Prensa (norte), usa el corredor central norte. Para llegar a las 08:00 debe madrugar y descartar unidades abarrotadas. Igual al regreso, a las 17:30.  

“No es justo pagar por un servicio así. La gente se sube, aunque cuando se abren las puertas no se puede poner un pie ahí. Hay riesgo de que a las mujeres nos toquen. Además es el escenario ideal para robos”. La usuaria no apoya el alza de pasajes.

El pedido de ajuste tarifario tomó fuerza desde el 12 de septiembre, cuando Noboa emitió el Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel. El galón de ese combustible, usado por los autobuses urbanos, pasó de 1,80 a 2,80 dólares.

¿Cómo responden a las críticas por el mal servicio de transporte?

Haro admite que han tenido que hacer “ajustes para reducir costos, más que nada en el mantenimiento de paradas”. Esto porque afirma que los sistemas integrados necesitan una compensación. Cree que se debe pensar en un subsidio, “así como pasa con la Empresa de Pasajeros, donde les dan 48 millones de dólares anuales, con un cálculo de 300 mil pasajeros que mueven. Son 40 centavos más o menos lo que subsidia el Municipio”.

Catar cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito desde el 2011, pero entró en liquidación en 2022. Hace dos años, sostiene, la compañía invirtió 6,5 millones de dólares con el cambio de unidades. “Desde que empezó a funcionar el metro, era obligatorio revisar el flujo financiero del corredor”, apunta.

El Municipio no baraja la posibilidad de subir la tarifa de buses en la capital

El alcalde Pabel Muñoz le ha dado la espalda a ese planteamiento. “Tengo la puerta cerrada para conversar sobre una tarifa, de momento. Esto está atado a que se termine el beneficio (compensación mensual de entre 450 y 1.000 dólares al mes) que les ha dado el Gobierno Nacional”.  

Aunque reconoce que los transportistas piden conversar al respecto, reitera que “el único responsable de un potencial incremento es el Gobierno”.

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, reflexiona: “Si usted tiene un restaurante, la calidad es parte del servicio. No define cuánto me va a costar un plato. No creo que eso esté a discusión”. Sin embargo, aclara que entiende que el aumento del precio del diésel no les permite llevar adelante una economía de escala a las empresas.

La visión de Translatinos, otra compañía de transporte, sobre aumento de pasajes

Con el mismo ejemplo del restaurante, Jorge Yánez hijo, dirigente de la compañía Translatinos, señala que la calidad está implícita, pero “también el costo es mayor en un restaurante con estrellas Michelin que en otro”.

Yánez subraya que el Cabildo es responsable del servicio de transporte. Le parece que “hábilmente las autoridades tratan de deslindarse de la calidad, determinada por el modelo de gestión”. En la mayoría de países, anota, el transporte es autofinanciado o subsidiado. En Bogotá aportan el Gobierno central y el Gobierno local.

Conductores están afiliados al IESS

Translatinos, con 30 años de vida jurídica, trabaja con caja común desde hace 25 años. Tiene 115 registros municipales (unidades con permiso de operación), en rutas convencionales y alimentadoras. El 40 % de sus conductores está afiliado al IESS.  

“El nivel de rotación es alto. En Quito existen 3.000 autobuses y exigimos cumplimiento de procesos”.

Yánez resalta que la competencia en la vía se genera porque los conductores, debido al modelo de gestión, ven al pasajero como monedas. “Una parte del valor debe ser pagada por el usuario; otra, por el Municipio. Con una tarifa técnica de 70 centavos es posible ofrecer 2,3 choferes por autobús, mantener la unidad limpia, hacer cambios de unidades cada siete años o ir a los autobuses eléctricos, etc.”.

Lo que toma en cuenta la Secretaría de Movilidad

• El transporte es un servicio, por lo que el impacto social que tendría un incremento de la tarifa debe ser analizado, subraya el secretario de Movilidad, Alex Pérez.  

• El funcionario agradece la predisposición del gremio para ir a la electromovilidad, pero “no es la única forma de mejorar el servicio”, considera.

• Sobre la ampliación del período de contrato de operación, para que dure hasta 15 años de forma que los transportistas puedan comprar buses eléctricos a ese plazo, Pérez dijo que ese tiempo está en la Ley de Transporte Terrestre. Opina que las empresas deberían asociarse o aliarse.

La opinión del Presidente de la Comisión de Movilidad

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, señala que el sistema se ha vuelto caótico y no brinda un buen servicio.  

“Es verdad, pero también está en crisis. Para la definición de una tarifa justa, no solo se debe tomar en cuenta la calidad del servicio, que es un gran problema. Se requiere revisar el modelo de gestión, normado desde el 2019. Piden subsidio. Ya no es la época en que Gobierno central y local coordinaban para mejorar la calidad del servicio”, lamenta.

Cifra

Costo. El jueves pasado, el mandatario adelantado que el 15 de diciembre y 15 de febrero, el precio del galón de diésel bajará a 2,78; aunque se sabe que fluctuará.

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