Su calidad de prófugo no fue impedimento para que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia juzgue al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y otros por posible peculado.

El delito es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia. Por eso ayer en la Corte, el tribunal penal integrado por los jueces Iván León (ponente), Daniella Camacho e Iván Saquicela instaló la audiencia.

Alvarado fugó del país en octubre de 2018. Evadió el dispositivo que le fue colocado como medida alternativa a la prisión y con un mensaje comunicó al Ministerio de Justicia que se lo había retirado. El exfuncionario fue ubicado en Caracas, Venezuela, a donde fue también su hermano Vinicio, condenado por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

La Fiscalía con la participación del fiscal subrogante Wilson Toainga ofreció probar que Alvarado, Pablo Yánez y Galo Pacheco (funcionarios públicos) y Carlos Bravo (proveedor) ocasionaron perjuicio al Estado mediante contrataciones irregulares. Los señaló como coautores del ilícito.

En sus alegatos de apertura los defensores de los procesados aseguraron que se cambió la teoría del caso y que se acusa por un nuevo tipo penal. Carlos Alvear solicitó se ratifique la inocencia de su defendido Fernando Alvarado porque actuó según las competencias de su cargo.

Lorena Grillo, abogada de Yánez, pidió audiencia reservada debido a la cooperación eficaz de su cliente, pero el tribunal lo negó. Diego Chimbo, defensor de Pacheco, reiteró que la Fiscalía no podrá probar que su defendido participó del delito y José Charry, defensa de Bravo, insistió en que probaría que el proceso fue largo, irregular e ineficiente.

El inicio de la presentación de pruebas estuvo a cargo del fiscal Toainga. Partió con la reproducción del testimonio anticipado de Pablo Yánez, el cooperador eficaz. Él, entre otras cosas, señaló que Bravo a pesar de no ser funcionario público tenía una oficina en la Presidencia. El espacio habría sido adecuado por solicitud de Alvarado como secretario de Comunicación y estaba a pocos pasos de la sala de prensa externa.

Contó también que se diseñaron instalaciones para Bravo como persona particular, no como Gota Azul y ahí se elaboraban las cadenas para radio y televisión. Añadió que las oficinas estaban cerca al despacho de Alvarado.

Luego la oficina también se instaló en el edificio de medios públicos. Alvarado habría requerido a Ecuador TV adecuaciones para instalar ahí la productora Gota Azul. Esto para manejar de manera dinámica y revisar los productos de las cadenas nacionales y demás material comunicacional.

La Fiscalía señaló a Bravo por supuestamente haberse apropiado, por medio de su empresa Gota Azul, de productos contratados con fondos públicos. Yánez explicó también la contratación de Víctor Erique (fallecido), por autorización de Alvarado, quien también habría sido empleado de Gota Azul.

Uno de los elementos que dio origen al expediente fue un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría. El ente de control analizó los gastos y procesos de contratación de la Secom, en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos que se emitieron entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

Según información proporcionada por la Corte, uno de los testigos fue Juan Carlos Rodríguez, jefe del equipo de trabajo de la Contraloría, quien informó a los jueces que se observaron los contratos con Erique. Uno de los hallazgos fue que su hoja de vida no cumplía con los requisitos de la contratación.

Además hallaron correos con informes de actividades y productos de Erique por pedido del secretario de Secom y de Bravo, quien mantenía un contrato con Secom por 189.000 dólares, para elaborar cadenas nacionales y otros productos. La Contraloría encontró que el material entregado por Erique a Secom era similar al trabajo de Gota Azul.

Hasta las 17:30 fueron interrogados al menos cuatro testigos. La diligencia se suspendió y se reinstala hoy a las 08:30.