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El exministro de Salud Juan Carlos Zevallos dio su versión por el caso de las pruebas PCR

La Fiscalía investiga a 14 personas por un presunto peculado en la adquisición de pruebas diagnósticas para COVID-19

NICOLÁS SALAS
Revocatoria. Nicolás Salas junto a Ana Lucía Martínez, hija de Ximena Abarca.Angelo Chamba

El exministro de Salud Juan Carlos Zevallos señaló a la Fiscalía que no conoció mayores detalles de la adquisición de pruebas PCR para diagnosticar COVID-19, efectuada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito durante la emergencia sanitaria de 2020.

Según defensores de procesados en el caso, al ser consultado sobre la importancia de las pruebas diagnósticas para contener la pandemia en la primera ola de contagios en Quito, el exministro aseguró que la realización de las pruebas era de fundamental importancia y que permitían detectar más casos.

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Añadió que si no se hacían existirían más casos, más hospitalización y más muertes. Por lo que el exfuncionario reiteró que la detección de las pruebas era fundamental.

Su versión se dio la mañana de este viernes 12 de marzo mediante la plataforma Zoom, desde Estados Unidos. Fue citado en el caso de presunto peculado que investiga al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otras 13 personas por posibles anomalías en la adquisición de las pruebas diagnósticas de COVID-19.

El exministro dijo que conoció a la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca, y a la asesora técnica Linda Guamán, también procesadas en el caso. Las conoció en el contexto de la pandemia a Guamán y a Abarca en la UDLA.

Para la tarde de este viernes estuvo prevista la revisión de medidas de Yunda, Abarca y Guamán. Nicolás Salas, defensor de Abarca, anunció que pediría la revocatoria de la prisión de su cliente.

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Ana Lucía Martínez, hija de Abarca, aseveró que el involucramiento de su madre en el caso es por intereses políticos. Guamán y Abarca ampliarán sus versiones la próxima semana. 

Defensa

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Nicolás Salas defiende a Ximena Abarca. Esperaba que la Corte de Pichincha revoque la prisión dictada en contra de la funcionaria de Salud municipal.

Salas dijo que la Fiscalía procesó penalmente a su cliente por haber terminado de mutuo acuerdo el contrato con Salumed, “en lugar de terminar unilateralmente como lo hubiera deseado la Fiscalía”.

Insistió en que el contrato se suscribió y ejecutó, casi en su totalidad, antes que su defendida sea secretaria de Salud.

Aseguró que su patrocinada no pidió ni ordenó ningún pago a la firma Salumed.

La cifra

100.000 pruebas para COVID-19 fueron adquiridas por la Secretaría de Salud del Municipio.