La madrugada de ayer jueves 11 de marzo funcionarios de la Fiscalía y de la Policía tocaron el timbre de la vivienda del alcalde de Quito, Jorge Yunda, ubicada en el Valle de los Chillos. Tenían una orden de allanamiento girada por el presidente de la Corte de Pichincha, Wladimir Jhayya.

La había solicitado el fiscal de Pichincha Alberto Santillán, quien investiga un presunto peculado en la adquisición de pruebas para detectar COVID-19 que hizo la Secretaría de Salud del Municipio durante la emergencia sanitaria del año pasado. Hay 14 sospechosos. El alcalde es uno de ellos.

En la diligencia las autoridades se llevaron cuatro celulares, una computadora de la hija del burgomaestre y la computadora central del sistema de videovigilancia del domicilio de Yunda. “Debo reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, les hicimos ingresar, es parte del proceso, no tengo nada que esconder”, señaló pasadas las 10:00 en un evento al que asistió en el sur de Quito.

Dijo que espera que muy pronto en el debido derecho a la defensa pueda desvirtuar todos los cargos que ha recibido, “cuando aquí en la ciudad de Quito hemos hecho todo para detener (la pandemia) y tener la tasa de mortalidad que tenemos ahora y que no se desencadene esa tragedia apocalíptica que pasó en otras ciudades hermanas del Ecuador y del mundo”.

El alcalde señaló que no se arrepiente de las decisiones adoptadas durante la crisis sanitaria, porque es médico por vocación, el primero de la generación de su familia que tuvo acceso a las aulas universitarias.

“Y si he salvado una vida, para mí están totalmente compensadas todas las decisiones que he tomado”, se defendió. El funcionario insistió en que siempre va a colaborar con la justicia y mantendrá la frente en alto.

En su discurso durante la entrega de una cancha sintética en la ciudadela México, al sur de la capital, resaltó que está enfrentando a la justicia, al tiempo que mencionó que ha visto celeridad y rapidez para intervenir en su caso.

El allanamiento es una de las últimas diligencias dispuestas por el fiscal que investiga el aparente sobreprecio que se habría registrado en la adquisición de las pruebas. El caso se inició a finales de 2020. Se abrió en contra del exsecretario de Salud Lenin Mantilla y otros sospechosos.

El 16 de febrero pasado, la Fiscalía vinculó a Yunda; a la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca; a la asesora técnica de Salud, Linda Guamán; entre otros. Entre los elementos de convicción presentados en la audiencia, la Fiscalía mencionó los chats periciados del celular del burgomaestre.

El alcalde habría intercambiado mensajes con Abarca y Guamán en los que se habrían referido a las pruebas. Yunda negó haber emitido disposiciones a través de mensajes y defendió su inocencia.

La Fiscalía recibió el miércoles por la tarde la ampliación de la versión de Yunda. Además convocó a una docena de personas para que rindan sus versiones sin juramento, entre ayer jueves y el martes 16 de marzo.

Se trata de médicos, técnicos de Arcsa, miembros de la Comisión de Bioética en Salud, concejales, investigadores y procesados como Ximena Abarca.

Asimismo, para el próximo martes a las 14:30 se ha convocado a la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medidas cautelares y protección solicitada por Yunda, Abarca y Guamán. Los pedidos se relacionan con los depósitos que se realizan en sus cuentas bancarias por concepto de su remuneración.

La instrucción fiscal del caso se cerrará el jueves 18 de marzo. Lo siguiente es el pedido de la audiencia para la sustentación del dictamen y preparatoria de juicio.

Responsabilidad

Contraloría emitió un informe

En julio de 2020 la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 que llevó adelante la Secretaría de Salud, dirigida por Lenin Mantilla.

Al menos cuatro inconsistencias en el proceso de compra hallaron los auditores de la Contraloría. Entre ellas mencionaron que Mantilla, actualmente prófugo, no presentó el plan de contingencia solicitado por el alcalde Jorge Yunda para determinar las características de la necesidad. Además, la compra se habría realizado sin tener claros los objetivos, el número de pruebas que se aplicarían y la capacidad para el procesamiento de los resultados.

El detalle

Casos. Existen unas cinco investigaciones de anomalías en las compras municipales durante la pandemia.