Un nuevo estado de excepción que prorroga por 30 días el estado de excepción en nueve provincias
Un nuevo estado de excepción que prorroga por 30 días el estado de excepción en nueve provinciasCortesía

El nuevo estado de excepción en Ecuador: ¿qué provincias están incluidas?

Esta extensión conserva las mismas áreas de aplicación definidas en el decreto N.º 277, emitido el 31 de diciembre de 2025

Desde Presidencia se dispuso la expedición de un nuevo estado de excepción que prorroga por 30 días el estado de excepción en nueve provincias, sustentada en un escenario de “grave alteración del orden interno”. La resolución consta en el Decreto Ejecutivo N.º 311, suscrito por el presidente Daniel Noboa.

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Esta extensión conserva las mismas áreas de aplicación definidas en el decreto previo (N.º 277, emitido el 31 de diciembre de 2025) y se justifica (de acuerdo con el texto oficial) por la continuidad de amenazas vinculadas a hechos violentos y a estructuras de delincuencia organizada.

¿Cuáles son las provincias bajo el nuevo decreto?

  • Guayas
  • Manabí
  • Santa Elena
  • Los Ríos
  • El Oro
  • Pichincha
  • Esmeraldas
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Sucumbíos

Más tres cantones adicionales se sujetan al nuevo estado de excepción 

  • La Maná (Cotopaxi)
  • Las Naves (Bolívar)
  • Echeandía (Bolívar)
Esta extensión conserva las mismas áreas de aplicación definidas en el decreto previo N.º 277, emitido el 31 de diciembre de 2025.
Esta extensión conserva las mismas áreas de aplicación definidas en el decreto previo N.º 277, emitido el 31 de diciembre de 2025.Cortesía

¿Qué medidas contempla el decreto?

El texto establece que se mantiene la restricción provisional de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la confidencialidad de las comunicaciones, lo que faculta la realización de allanamientos y controles sin autorización judicial dentro de los operativos de seguridad.

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De igual manera, dispone que la aplicación de la medida quede a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes deberán actuar de forma articulada bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

El Gobierno sostiene en el texto que las medidas se mantienen por considerarse “estrictamente necesarias e idóneas” para enfrentar la dinámica delictiva en los territorios afectados. La renovación del estado de excepción se ajusta a los plazos y parámetros constitucionales que rigen este tipo de decretos.

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