La Comisión de Pacificación terminó sus funciones y señaló que sí era posible la verdadera paz en las cárceles si se tomaban en cuenta ciertas recomendaciones, pero en la actualidad, esa realidad es inasequible, especialmente al cumplirse este jueves, cuatro días de tensiones y sin un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo que pasa al interior de los pabellones.

Kléber Carrión, exdirector del reclusorio de Santo Domingo de los Tsáchilas, sostiene que para garantizar la tranquilidad en el sistema penitenciario del país, primero debe el Estado tener el control y eso no ha ocurrido con ninguna de las acciones emprendidas en el último año de gestión.

“Al interior de las cárceles no hay una reglamentación que ordene lo que tienen que hacer para ejercer una verdadera rehabilitación. Pasan de vagos ahí, nos guste o no debería ser como un cuartel, con horarios y actividades y eso no existe, eso es lo que hace falta y cuando pase eso, ahí controlaremos la cárcel y la seguridad del país”. 

Agrega que para llegar a ese punto se necesita inversión real que permita cambiar leyes y políticas públicas; sino “cuando el gallo ponga huevos, posiblemente tengamos la paz y el control”.

Para la criminóloga y experta penal María del Mar Gallegos, la paz no es viable mientras no se evidencie cómo se manejan los asuntos de seguridad pública del país, porque “viven en una burbuja, donde es mejor mantener a la gente y a la opinión pública alejada, pero la consecuencia de ello es la violencia que vivimos en el país”.

Pondera que el tema carcelario sigue abandonado y una muestra es que las masacres permanecen, aunque no con la gran cantidad de muertos, como en septiembre y noviembre de 2021, pero lo correcto es que no exista ni enfrentamientos ni tampoco muertes.

Renato Rivera Rhon, experto en seguridad, expone que la inteligencia penitenciaria en el país no logra dar con acciones preventivas porque además de que es débil, no actúa. “¿Por qué si tienen información no se evita la masacre? Es ineficiente...”.

Añade también,  que desde el fallecimiento de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder máximo de Los Choneros, se conocía de la atomización de dicha organización y que la pugna por el poder crecería; por lo tanto, se debió intensificar la labor preventiva en las cárceles y en las calles para evitar el recrudecimiento de la violencia.

En los dos últimos años se acumulan 359 víctimas y luego de cada tragedia se emprenden acciones reactivas que hasta el día de hoy no garantizan la anhelada paz. Ya son cinco días desde que corrió sangre en los pabellones de las cárceles de Latacunga y Guayaquil, pero hasta el cierre de esta edición el presidente Guillermo Lasso no ha emitido comentario público alguno sobre los amotinamientos sus causas y consecuencias.

Lo propio con el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), su director, Pablo Ramírez, renunció el pasado lunes, pero desde el 29 de agosto está ocupado de antinarcóticos de la Policía al asumir la dirección de investigación, dos cargos a la vez en medio de fuertes tensiones que vaticinaban otro enfrentamiento entre bandas.