El bloque del Gobierno de Daniel Noboa busca tramitar una enmienda para que los presos no sean considerados como grupo de atención prioritaria.
El bloque del Gobierno de Daniel Noboa busca tramitar una enmienda para que los presos no sean considerados parte del grupo de atención prioritaria.Foto: SNAI

Enmienda de ADN sobre presos se perfila como un paliativo "estético"

Expertos en seguridad dudan de la efectividad de la propuesta. Sugieren definir responsabilidades de funcionarios en cárceles

El oficialismo emprendió el trámite de una enmienda constitucional que apunta a cambiar el estatus de las personas privadas de la libertad (PPL), con el fin de que los presos ya no sean considerados parte del grupo de atención prioritaria, como lo señala la Constitución. 

Su proponente, la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Pozo, explica que lo que el régimen pretende es “reorganizar el capitulado” en la Carta Magna para “evitar las distorsiones del sistema de justicia”, prevenir el “uso y abuso de las garantías jurisdiccionales” que facilitarían la excarcelación de delincuentes y “fortalecer la seguridad del país”.

Los especialistas de distintos sectores y las fuerzas políticas han advertido escollos en la propuesta. Por un lado, los expertos en Derecho Constitucional recordaron que la Corte Constitucional (CC) ya dijo que no se puede efectuar esa reforma. Los bloques de la Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y hasta el Partido Social Cristiano (PSC), en cambio, han puesto en duda la prioridad del tema frente a otras urgencias que tiene el país ante la inseguridad.

A esos cuestionamientos se suman las voces de distintos expertos en seguridad, quienes miran con desconfianza el proyecto y hasta dudan de la efectividad de una eventual enmienda.

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La propuesta “está enfocada en promover visiones populistas de la seguridad, pero que no atacan el centro de la cuestión. La garantía de derechos de los privados de la libertad, que está en instrumentos internacionales, no implica que esas personas no reciban una sentencia o que se les exima del rigor que debería existir en las cárceles. El problema es que el Estado no tiene el control sobre los centros carcelarios y se ha demostrado que la cárcel no constituye un desincentivo para las organizaciones criminales”, dice Diego Pérez, especialista de Seguridad y Defensa del IAEN.

“Más que estas medidas, el Estado debe comenzar a trabajar en el tejido social y no darle la oportunidad al crimen organizado a que especialice esas personas en delitos. Es necesario desvincular a los integrantes de las bandas delictivas y comenzar a rehabilitarlos, es un trabajo largo e importante”, señala Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército.

Los riesgos de no hallar soluciones estructurales

Los privados de libertad, de acuerdo con la Constitución, son un grupo de atención prioritaria.

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El analista cree que la iniciativa intentaría “poner un freno” a posibles acciones de los presos frente a las decisiones gubernamentales. Sin embargo, sostiene que los planteamientos de este tipo, “que generan presión a las organizaciones delictivas, podrían provocar efectos disuasivos temporales, pero no van a eliminar el crimen organizado porque la mayor parte de las organizaciones están en territorio, no en las cárceles”.

Un criterio similar expresa Lorena Piedra, especialista en Inteligencia y Seguridad de la PUCE, quien duda del alcance de la modificación. “Se intenta posicionar que menos derechos para los PPL y más controles, pero esto no es un tema de derechos, sino de temas estructurales. No me explico por qué se mantienen en estas medidas estéticas que no dan resultados. Seguramente darán renta política”, considera.

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La investigadora sugiere que en lugar de la enmienda, se debería diseñar un proyecto de ley enfocado en los trabajadores del sistema penitenciario. 

“Que establezca la estructura del SNAI (Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad), con personas con plan de carrera, con garantías para que puedan trabajar sin riesgo de ser corrompidos, con controles anticorrupción para que cumpla su labor, y que se articule la inteligencia estatal”.

Pérez también apunta al rol de los funcionarios estatales. Opina que el problema del país es la aplicación de la ley y no la inexistencia de una normativa. “La enmienda no garantiza nada, tenemos infinidad de leyes. Se debe dejar de ver a la Constitución como pieza política y comprenderla como instrumento para definir responsabilidades”, finaliza.

Proceso.El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará para calificar la propuesta de Pozo, antes de enviar el proyecto a la Corte Constitucional.

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