ADN defiende retirar a presos del grupo vulnerable: "40% respaldó la reforma"

La asambleísta oficialista Lucía Pozo explicó en Teleamazonas los alcances de la enmienda constitucional propuesta por ADN, que busca modificar el artículo 35 y retirar a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria. La legisladora aseguró que el debate debe centrarse en corregir distorsiones que, según afirma, han impactado en el sistema judicial.

“Los cambios son inminentes y necesarios”, sostuvo Pozo, al señalar que la iniciativa responde a un reclamo ciudadano por ajustes legales. La propuesta, dijo, reorganiza los derechos de los reclusos en el capítulo de protección para evitar el “uso y abuso de las garantías jurisdiccionales”.

¿Un acuerdo político inesperado?

Pozo también se refirió al acuerdo entre ADN y la Revolución Ciudadana que permitió que no se archive el proyecto de ley sobre trata de personas. Según la legisladora, más que un pacto, se trata de coincidencias puntuales en temas que requieren consenso. “A veces las diferencias fortalecen el quehacer legislativo y democrático”, afirmó.

La asambleísta defendió que, pese a la confrontación política, en ciertos temas pueden alinearse criterios por el bien común. Sin embargo, evitó describirlo como un viraje político sostenido, asegurando que cada bancada mantiene su independencia y prioridades.

El contenido de la enmienda y el debate de derechos

La propuesta de ADN ha despertado críticas de organizaciones de derechos humanos que advierten un posible retroceso. Pozo rechazó esa interpretación y aseguró que “en lo absoluto se perderán derechos” porque están desarrollados en el artículo 51 y en tratados internacionales. La intención, afirmó, es frenar prácticas judiciales que han “desnaturalizado el hábeas corpus”.

La legisladora mencionó que se incluye un nuevo numeral para garantizar la dignidad humana de los reclusos, dentro de límites inherentes a la privación de libertad. Agregó que la Corte Constitucional deberá analizar el proyecto con base en datos “estadísticos, criminológicos y económicos” entregados por la bancada.

ADN ajusta estrategia tras el revés en la consulta

La iniciativa llega después de que la ciudadanía rechazara un mecanismo de reforma por la vía de la asamblea constituyente en la consulta popular. Pozo interpretó ese resultado como una negativa a la vía, no al cambio. “El 40% respaldó avanzar hacia una reforma”, dijo, y aseguró que la enmienda es el primer paso de un proceso más amplio.

ADN prepara más proyectos de reforma que enviará a la Corte Constitucional. No obstante, Pozo admitió que para aprobarlos necesitarán dos tercios de la Asamblea, por lo que las negociaciones serán determinantes en 2026.

Fiscalización marcará el inicio del 2026

En el cierre del año legislativo, la asambleísta adelantó que la fiscalización tendrá un peso relevante. Recordó que este sábado 13 de diciembre la Comisión de Fiscalización deberá pronunciarse sobre el juicio político al exministro de Salud Jimmy Martín, un caso que anticipa el tono del próximo periodo.

Pozo aseguró que el bloque oficialista quiere una fiscalización “eficiente”, enfocada en detectar errores y transparentar la gestión pública. También adelantó que en enero se debatirán reformas al COIP sobre contravenciones de tránsito, la Ley de Ordenamiento Territorial y otros proyectos en comisiones permanentes.

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