El gobierno de Guillermo Lasso heredó del de Lenín Moreno un desabastecimiento crítico y general de medicinas en los hospitales y centros de salud públicos del país. Para solucionarlo, además de las diversas opciones que establece la normativa de compras públicas, implementó otros mecanismos y estrategias, aunque estas no lograron cumplir las expectativas con las que fueron anunciadas.

Una de ellas fue una declaratoria de emergencia focalizada en agosto de 2021, con el fin de comprar medicamentos en altas cantidades y de manera urgente. No obstante, el proceso no logró su objetivo por la falta de ofertas de proveedores para los productos de la convocatoria.

Los laboratorios y fabricantes nacionales adujeron que los precios referenciales de los medicamentos e insumos; y los plazos de entrega establecidos, no les permitían participar.

Otro mecanismo utilizado a inicios de 2022 fue la compra a través de una empresa pública como intermediaria. Fueron varias empresas pertenecientes o creadas para el efecto por universidades estatales, que se hicieron cargo de conseguir y adquirir los productos para el Ministerio de Salud. Esto fue cuestionado por la Comisión Anticorrupción por el precio al que se adquirieron los fármacos y el costo adicional que implicaba la intermediación.

En julio de 2022, tras varios meses de posponerlo, Salud implementó un sistema de externalización del servicio de farmacia al que llamó ‘Plan Medicina Cerca’. Este permitía a los pacientes de consulta externa de sus unidades retirar los medicamentos que les recetaba el doctor en una farmacia privada.

La lista de esas medicinas era limitada y estaba integrada sobre todo por las de uso más común. No incluía, por ejemplo, las que necesitaban los pacientes de enfermedades raras o de especialidades más complejas.

Por ello, con el incremento del abastecimiento de medicamentos en las farmacias de las propias unidades del Ministerio de Salud, el plan ‘Medicina Cerca’ se fue diluyendo. En farmacias consultadas por este Diario en marzo indicaron que ya no estaba funcionando.

La Comisión Anticorrupción también cuestionó que el sistema priorizara o prefiriera a las cadenas de farmacias distribuidoras en lugar de trabajar directamente con los productores.

En todos los mecanismos implementados, el Gobierno anunció que también participaría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero esto no ocurrió. Aunque formalmente también declaró una emergencia como Salud, no compró medicinas de manera masiva y corporativa. Y aunque dijo adoptar la externalización, no lo hizo de manera general en sus unidades. 

El detalle

IESS. En las vías alternas que ha aplicado el Gobierno para el abastecimiento de fármacos han anunciado la participación del IESS, pero eso no ha ocurrido.