Medio año para hacer algo o, quizás mucho. El futuro presidente de la República encontrará y deberá hacer frente a una serie de escenarios adversos que se acarrean desde hace varios gobiernos y que se han agudizado, en parte, por la corrupción, los efectos de la pandemia y los problemas económicos globales que impactan con más fuerza a países pequeños como el Ecuador.

Aunque suene como un cliché, “está en juego el futuro del país”, dijo el analista político y articulista Arturo Moscoso que cree que lo único que en este punto puede “salvar” al país es un gran acuerdo nacional en torno a quien resulte elegido, para que esos quince meses que aproximadamente gobernará no se conviertan en un ‘infierno’ liderado por los actores políticos de la oposición como ha sido la tónica en los últimos períodos presidenciales.

¿Con quiénes se debe llegar a ese consenso? “Con todos los actores sociales y políticos sin importar los partidos ni las corrientes ideológicas, pero con una gran condición: no deben estar incluidos corruptos ni mafiosos”, que es contra quienes Moscoso apunta como parte de los grandes responsables de que el país camine a convertirse en una suerte de “Estado fallido” si no se toman acciones rápidas y contundentes, empezando por el próximo gobierno de transición.

Este domingo, algo más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para unas elecciones atípicas que no solo se han caracterizado por la polarización, la desidia, y la campaña sin propuestas de fondo, sino también por la violencia en contra de candidatos, dirigentes y otros actores que son parte de la política.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE), por ejemplo, son conscientes que este ambiente de inseguridad podría generar que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) no acudan en ciertos sectores golpeados por la violencia y sea necesario aplicar un plan B de emergencia. Tampoco se descartaba que en algunas zonas, las más afectadas por las actividades de las bandas criminales, los votantes tengan recelo de ejercer su derecho al sufragio.

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Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), dijo que ese, el factor inseguridad, es uno de los que tendrá que afrontar, sin excusas, el futuro gobierno que sea escogido ya sea en la primera o en la segunda vuelta. En estos quince meses deberán quedar, al menos, sentadas las bases que devuelvan algo de la tranquilidad al país.

“La prioridades de los ecuatorianos no han cambiado en los últimos dos años. Si bien es cierto la situación de inseguridad se ha recrudecido, ya en 2021 era la prioridad número uno. Les siguen la situación económica y la lucha contra la corrupción y sobre esos puntos el gobierno entrante deberá encontrar soluciones en el cortísimo plazo que tiene si, además, lo que pretende es buscar una nueva elección en 2025”, señaló Alarcón.

A inicios de año una encuesta de Gallup World Poll le dio a Ecuador el poco halagador titulo del “país más inseguro de Latinoamérica” en el que el 65% de encuestados dijo sentirse inseguro con un agravante: no sienten demasiada confianza en instituciones como la Policía Nacional y tampoco en el sistema que debería encargarse de impartir justicia.

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El analista político Giuseppe Cabrera coincide en que la inseguridad es el tema prioritario a abordar con una suerte de tregua y pacificación de las zonas más calientes del país, pero para lograrlo, en parte, considera que las autoridades que resulten electas hoy, las fuerzas políticas ganadoras y perdedoras y la sociedad en su conjunto deben cimentar las bases de un pacto social que empiece a rendir frutos en el mediano plazo cuando el gobierno que asuma en 2025, por cuatro años, inicie un programa que reduzca la desigualdad social y quite espacio al reclutamiento de personas, principalmente niños y jóvenes al crimen organizado que, según algunos estudios y reportes, ha logrado unir a sus filas cerca de 60 mil miembros, lo que se convierte en un verdadero peligro para la seguridad y estabilidad de cualquier Estado.

“Recuperar la confianza entre los sectores políticos, principalmente los partidos, se convierte en un ejercicio vital para salir del bache en el que se encuentra en este momento el país. Por ahora a lo que asiste el ciudadano común son a las acusaciones cruzadas en las que vinculan a unas y otras organizaciones con ciertos asesinatos, delitos etc. Ese no será nunca un punto de partida para lograr acuerdos básicos por el Ecuador.

En lo político a Moscoso también le preocupa el ambiente en el que deberá desempeñarse en ese corto período el futuro primer mandatario, sobre todo porque la fragmentación en la Asamblea Nacional será indudablemente mayor a la que ya se vivió con la disuelta el 17 de mayo pasado y la que solo se unió en torno a un proyecto: obstaculizar al gobierno del saliente Guillermo Lasso.

Para la elección de asambleístas tanto nacionales como provinciales el método a ser usado es el de lista cerrada o voto en plancha. Es decir, el votante rayará en el casillero del que encabeza la lista, pero apoyará a todos los que le siguen. Si marca más de una línea se anula el sufragio. La repartición de los escaños se hará usando el método de Webster, como ya pasó en 2021, que favorece a las organizaciones políticas de minorías y suma tanto defensores como detractores.

Pero la seguridad, la economía, el empleo, la corrupción, no son los únicos temas que están en juego este domingo para Mauricio Alarcón. Hay otros factores que pueden parecer menos tangibles para el ciudadano, pero que son igual de importantes para sostener y fortalecer las democracias.

“Está en juego también sostener la estabilidad democrática cuando sabemos que hay candidatos a la Presidencia que desde sus planes de gobierno y organizaciones políticas que les respaldan promueven de manera abierta acciones que contravienen los principios y valores democráticos básicos. También entra en juego la situación de libertades y derechos fundamentales cuando conocemos que están en carrera algunos proyectos autoritarios y totalitarios que podrían dar una salida rápida a los problemas priorizados por los ciudadanos, pero con un costo de derechos muy alto”, señaló Alarcón.

Esto se conecta con lo que parece ser el sentir de un buen número de ecuatorianos. El último estudio de Latinobarómetro, publicado hace menos de un mes, reveló que al 58% de los encuestados en el Ecuador no les importaría que un gobierno no democrático se haga del poder siempre que resuelva los problemas del país; el 50% de los compatriotas encuestados para el Latinobarómetro señala que apoyarían un gobierno militar en la situación actual del país; y el 87% de los ecuatorianos no está satisfecho con la democracia.

Todos coinciden que si el siguiente mandatario no tiene la sabiduría y predisposición de escuchar y abrirse más allá de su círculo cercano y sus creencias y posturas políticas difícilmente el gobierno de transición que llegue logrará marcar una diferencia que se vea reflejada en mejoras en varios ámbitos para el país.

En el ámbito económico, el analista Alberto Acosta Burneo sostiene que no son pocas las urgencias que en este ámbito enfrentará el próximo régimen. El déficit fiscal, la llegada del fenómeno de El Niño y una posible victoria del cese de la explotación petrolera en el Yasuní son parte de este horizonte.

“Las cuentas fiscales se han deteriorado de manera significativa. En los primeros siete meses del 2023 hay un déficit de 1.500 millones de dólares, cuando el año pasado (2022) era menor a los 400 millones de dólares. Los ingresos petroleros han caído y el gasto ha incrementado por la presión social”, dice.

La cobertura de dicho déficit, según continúa, se puede ver complicada por una eventual victoria del Sí en la consulta popular del Yasuní. “Tendríamos una caída muy importante en los ingresos del fisco. En 2022, según el Banco Central, la utilidad neta de ese bloque fue de 1.100 millones de dólares”.

Asimismo, recuerda que se prevé la llegada del fenómeno de El Niño a finales de 2023, siendo esta otra de las urgencias que enfrentará el nuevo régimen. “Puede destruir infraestructura de transporte, productiva y detener la producción. Es un reto porque al nuevo gobierno le tocará reconstruir y facilitar que vuelva a fluir la producción y generación de empleos”.

En ese sentido, también sostiene que el nuevo régimen tendrá el reto de reactivar la economía, misma que se logra “mejorando el espacio e incentivando la inversión privada”. Sin embrago, reconoce que este es un reto que, en parte, necesitará el apoyo de la nueva Legislatura para, por ejemplo, reformar el actual régimen laboral.

Por su lado, la exsecretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez, sostiene que dicho mejoramiento también debe estar acompañado de avances significativos en las condiciones de vida de los ecuatorianos, entre otros retos en el ámbito social que deberá enfrentar el nuevo régimen en este corto período.

“Ecuador vive una crisis de seguridad, violencia, violencia intrafamiliar y de género, y de derechos humanos profunda y estructural. Los retos y desafíos son amplios y requieren un trabajo muy articulado (...)”, sostiene Ordóñez y bosqueja las prioridades que debería tener el nuevo gobierno.

Primero, según dice, habrá que “ejecutar la política pública de rehabilitación social con enfoque de Derechos Humanos 2022 - 2025 que contó con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas”, misma que fue aprobada en febrero de 2022 y cuenta con un presupuesto de 27 millones de dólares.

Asimismo, señala la necesidad de que el nuevo régimen recupere, asigne y ejecute proyectos sociales, en especial, en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Desde el año 2008 en Ecuador se empezaron a ejecutar proyectos de inversión para esto (...). En 2021, por primera vez se asignó un presupuesto de más de 29 millones de dólares para el proyecto Centros Violencia. No pasó ni un año y ese presupuesto tuvo una significativa reducción (...)”, añade.

Respecto a los centros penitenciarios, Ordóñez hace hincapié en que el nuevo gobierno deberá ejecutar correctamente el censo penitenciario para utilizarlo como una estrategia de seguridad y pacificación al interior de las cárceles. “Los resultados expuestos por el gobierno nacional (de Guillermo Lasso) distan del objetivo planteado en 2021”, dice y señala que para ello se requiere una inversión de alrededor de 1.700 millones de dólares, cifra cercana al presupuesto inicial.

EXPRESO consultó a los ocho presidenciables

A miras de saber cómo quienes aspiran llegar al Palacio de Carondelet prevén enfrentar los problemas más urgentes del país, en una serie de publicaciones este Diario extendió varias consultas a los presidenciables sobre temas sociales, políticos y económicos.

Aunque no todos los candidatos participaron de la dinámica, quienes respondieron las preguntas dejaron una visión más clara de qué prevén hacer en el caso que lleguen a ser gobierno y tengan que tomar decisiones para el futuro de los ecuatorianos.

En seguridad, por ejemplo, la mayoría de presidenciables sostienen que prescindirán de los estados de excepción y que fortalecerán a la fuerza pública, entre otros temas. Otros, en ese mismo tema, no descartan utilizarla, pero, según dijeron, de una forma más efectiva.

Sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la mayoría de los candidatos indicaron que, aunque sería la última opción, no le rehuyen. Otros, en cambio, sostienen hacer cambios vía consulta popular.

En lo social, la mayoría mantendrá las reglas del aborto, prevén hacer cambios al Código del Trabajo y fiscalizar la corrupción en hospitales y el resto del Estado.