Ecuador frente al dilema: eliminar subsidios o fortalecer bonos sociales

En estos días (septiembre y octubre 2025), el debate se centra en la eliminación del subsidio a los combustibles. Pero en Ecuador aún falta discutir con mayor profundidad la dependencia de miles de familias a las subvenciones, bonos y compensaciones estatales, así como la efectividad de la focalización. Actualmente, muchos se preguntan si estas transferencias alivian de manera temporal la pobreza o si, por el contrario, generan una dependencia difícil de superar.

Los testimonios de beneficiarios muestran que, más allá de las críticas, estas ayudas han representado un respiro ante la falta de medios para subsistir y salir de situaciones económicas complejas.

Juana Chico, de 32 años, es la quinta de seis hermanos. Recuerda que cuando ella y su hermana menor estaban en el colegio, la economía familiar era complicada. Su padre no tenía un trabajo fijo, por lo que el Bono de Desarrollo Humano fue un apoyo fundamental.

“No habría podido seguir la universidad sin el salario básico mensual que me entregaban cada tres meses”, dice. Se refiere a otro subsidio: la beca Eloy Alfaro, impulsada por la entonces Secretaría de Educación Superior (Senescyt), dirigida a los hijos de quienes recibían el bono. Gracias a ello, pudo graduarse como ingeniera agrícola en la Universidad Central. Sus hermanos obtuvieron títulos artesanales.  

¿Sirven los subsidios económicos?

"El subsidio no debe ser para toda la vida. El bono lo recibimos cuando más lo necesitábamos y la beca me permitió estudiar y ayudar a mi familia", dijo Juana Chico.

Con el deterioro de políticas sociales, hace falta el Bono de Desarrollo Humano

Carlos Larrea, doctor en economía política e investigador de la Universidad Andina, advierte que en el país se evidencia un deterioro de las políticas sociales, lo cual afecta directamente a los sectores más empobrecidos.

Según el Banco Central, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que Ecuador invierte en salud y educación ha caído de manera significativa. En 2020 se destinó el 3,3 % del PIB a educación y cultura, mientras que en 2024 bajó al 2,7 %; en salud, pasó del 2,7 % al 2,0 %, dice.

Por ello, Larrea considera que es necesario mantener esos bonos, ya que no representan una carga fiscal excesiva: “No alcanzan ni el 2 o 3 % del Presupuesto General del Estado”.

La inversión estatal en los bonos

En 2023, durante su rendición de cuentas, el actual Ministerio de Desarrollo Humano (antes MIES) reportó una inversión de algo más de 1.173 millones de dólares para cubrir a 1.354.632 beneficiarios de bonos. El 17 de septiembre, este Diario solicitó información adicional a la cartera, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Hace un año, el Ministerio informó que de ese total, más de 600.000 personas eran beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (existe desde 1998) y unas 264.000 recibían el bono con componente variable.  

Además, se entregaban el Bono 1.000 Días (para madres embarazadas y niños de hasta dos años) y las pensiones Mis Mejores Años y Toda una Vida (para adultos mayores y personas con discapacidad), instaurados en gobiernos anteriores. Todos los usuarios están en condición de pobreza o pobreza extrema.

Un testimonio de cómo ayudó el bono, ahora una familia está mejor

Luis Castellanos, de 60 años, tiene una papelería, confecciona uniformes e importa productos químicos para mantenimiento industrial en Calderón, al norte de Quito. Tiene cuatro hijos, todos con formación universitaria. El mayor tiene 29 años. Recuerda que cuando eran niños, él trabajaba como empleado y ganaba muy poco.  

Su esposa, Rosa, recibió el bono durante algunos años. "Fue una ayuda importante para educar a los hijos. Aún no tenemos casa, pero se han acomodado muchas cosas en la vida", comenta.

Con la compensación a transportistas, Daniel Noboa posterga un problema

El investigador Carlos Larrea añade que el Estado entrega subsidios de manera directa, como los bonos, y también subvenciona combustibles, lo que representa un gasto mayor que el primero. A diciembre de 2024, el subsidio a la gasolina, el gas y el diésel alcanzó los 1.658 millones de dólares, de los cuales 956 millones correspondieron al diésel.

"La eliminación del subsidio al diésel genera un impacto inflacionario, pues lo utilizan los autobuses y vehículos de carga. Tendrá un efecto recesivo en el empleo y en los precios de los alimentos", explica. Considera que el Gobierno solo está postergando el problema con la compensación a los transportistas. 

“Lo mejor habría sido fomentar la transición hacia vehículos eléctricos y desincentivar el uso del diésel”, subraya Larrea. Según datos del Banco Central, en 2020 Ecuador importó 47 millones de dólares en derivados del petróleo, y el año pasado la cifra subió a 70 millones.

Una propuesta para focalizar el subsidio presentó la Universidad Central, años atrás

"Tratan de instalar la narrativa de que al eliminar este subsidio solamente se afecta a los contrabandistas, a los narcos y a los ricos. También dicen que entregarán más bonos. La verdad es que tratan de disminuir el déficit fiscal", señala Marco Posso, exdecano de Economía y exvicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Central. 

“Cuando se termine la compensación para los transportistas, la pelotita pasará a los municipios, que deberán subir los pasajes”.

Posso recuerda que la Universidad Central le propuso a tres gobiernos, a Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a través de sus ministros de Energía y Minas, un mecanismo para focalizar.  

"Hay una forma de evitar contrabando: el uso de un chip, con un espejo satelital que recoge la información del consumo de combustibles. El Estado decide el límite de subsidio a cada sector. El consumo per cápita era cuatro veces mayor en Loja y Carchi".  

Probaron su método con 5.000 chips, que importaron en USD 0,80 desde China. Pero uno bueno valía más de USD 6. “Funcionó bien en taxis y vehículos particulares de Machala”, asegura. Ellos pedían que lo que se ahorre se invierta en educación y salud.

Contexto

El 18 de septiembre, la Conaie anunció paro nacional, exigiendo que se derogue el decreto ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel e incrementó su costo al público de 1,80 a 2,80 dólares.

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