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En Ecuador crece la idea de expulsar al mal foráneo

La decisión peruana desempolva el debate de la amnistía y ciudadanía universal en Ecuador. Pedir antecedentes es parte de la soberanía, dicen expertos

Migrantes venezolanos en Guayaquil.  Casi la mitad de los encuestados afirmó haber experimentado algún tipo de discriminación, siendo su nacionalidad la principal razón.
La mayoría de los migrantes venezolanos sin papeles trabaja en la informalidad para sobrevivir.ARCHIVO

Perú aprobó el 13 de noviembre un decreto que modifica su ley de migraciones y que le permite la expulsión rápida de extranjeros en condición irregular. Esto además le da luz verde para aplicar el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), que implica que la Policía pueda retener a los migrantes sin documentos por 24 horas y llevar un proceso que podría deportarlos.

Perú aprueba un decreto para agilizar la expulsión de migrantes irregulares

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Esta iniciativa quiere ser replicada por los habitantes de Saquisilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, quienes buscan expulsar a los extranjeros que cometen delitos y causan conflictos en su comunidad. “No vamos a permitir que nos sigan abusando y amedrentando. Desde hace cuatro meses la delincuencia ha aumentado en nuestro cantón, con la llegada de venezolanos. No son todos, pero hay un grupo que ha venido a hacer daño y a pedir dinero en la calle con intimidación. Han pasado el límite y hemos tomado la decisión de expulsar a quienes no presenten sus documentos y antecedentes penales”, menciona a EXPRESO Javier Velásquez, alcalde de Saquisilí.

Con 32.000 habitantes y una población 70 % indígena, Saquisilí, con su organización Jararishun, aplica muchas veces la justicia por mano propia. Es de ahí donde ha nacido la idea de echar a los malos foráneos.

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Una reforma al sistema migratorio de Ecuador podría hacer que la idea se replique no solo en Saquisilí, sino en todo el territorio nacional. Así lo menciona el internacionalista Carlos Estarellas. “La Constitución actual incorporó conceptos raros como ciudadanía universal. Por lo tanto, quitó los controles migratorios. Ahora, hay acuerdos con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para no solicitarnos visa, pero eso no significa que no solicitemos controles”, resalta.

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El experto cuestiona que la Ley de Movilidad Humana y la reforma a la misma extiendan demasiados requisitos a personas extranjeras que quieren arribar al país por estudios o negocios y no así a los inmigrantes que llegan en la irregularidad. “La visa es un privilegio de un Estado, es un control de protección. Por ejemplo, México pide visa a los ecuatorianos, pero Ecuador no les pide a los mexicanos y aquí en el país están los carteles de la droga mexicana. Tenemos un descontrol migratorio, que debemos cambiar. La xenofobia es el odio al extranjero, pero tomar controles migratorios es lo mínimo que se puede hacer”, detalla.

El constitucionalista y especialista en Derechos Humanos, Jorge Sosa, también critica que el país mantenga la ciudadanía universal cuando no tiene la capacidad de establecer parámetros de seguimiento para todas las nacionalidades que pueden ingresar libremente al país.

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Cree también que debe haber una reforma a la Ley de Migración para poder saber qué tipo de personas entran al país. “Habría que insertar una reforma para establecer algún tipo de procedimiento expedito cuando se trate de extranjeros que reportan algún grado de criminalidad o peligro”, sugiere.

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Otro “error” que preocupa a ambos expertos y que es parte del problema de descontrol, señalan, es que el presidente Guillermo Lasso les haya dado amnistía migratoria a los venezolanos (la última vez en mayo de 2023), lo que les ayudó a los extranjeros a legalizarse en el país sin haber pasado los controles migratorios. “Lo que significa que entró y se legalizó cualquier persona”, menciona Estarellas.

“Pedir el pasado judicial a los migrantes no puede traer violación a los derechos humanos, es una medida válida. Hay que identificar a venezolanos que delinquen para que sean expulsados a través de un proceso expedito como lo ha hecho Perú. Parte de la soberanía de un país es diseñar su propia política migratoria”, enfatiza Sosa.

Pedir el pasado judicial a los migrantes no puede traer violación a los derechos humanos. Parte de la soberanía de un país es diseñar su propia política migratoria

Jorge Sossa,  Constitucionalista y experto en Derechos Humanos
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De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, Ecuador alberga a casi medio millón de venezolanos, convirtiéndose en la tercera nación con mayor población de migrantes de ese país, después de Colombia y Perú.

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Desde mediados de 2022, más de 104.000 personas venezolanas han podido concluir su registro migratorio en Ecuador y hasta febrero de 2023, casi 41.000 migrantes de esta nacionalidad ya habían recibido su visa de residencia temporaria.

Replicar lo que ha hecho Perú y lo que impulsa Saquisilí se ha hecho eco también en el cantón Pelileo, de la provincia de Tungurahua, quien quiere expulsar a los extranjeros sin un registro de su pasado judicial, tras el asesinato de un sargento segundo de Policía, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano.

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Una reforma migratoria para la expulsión de migrantes irregulares conflictivos conllevaría a un efecto colateral negativo a muchos que también en condición irregular, buscan trabajar y hallar un lugar donde vivir con dignidad. Así lo explica Andrew Castro, activista venezolano y representante de la fundación venezolana Mueve, que vela por los derechos de sus compatriotas en Ecuador.

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“Es lamentable que se meta a todos en un solo saco. Hay personas que cometen delitos, pero es un pequeño grupo. La mayoría vinimos a Ecuador para trabajar y generar empleos y estamos sufriendo como todos, la delincuencia”, menciona.

En 2018, después de que un inmigrante venezolano asesinara a puñaladas a un taxista en Ambato, la comunidad quedó herida y furiosa con los migrantes venezolanos. Ante ello, Andrew y otros activistas de la fundación Mueve tuvieron que realizar ahí una campaña de concienciación, a través de las redes sociales, ruedas de prensa y recorridos, para que los locales vuelvan a creer que no todos los venezolanos son delincuentes. Una acción que, desde entonces, han venido desarrollando en diferentes ciudades del país donde ha sido necesario.

“Si es necesario tendremos que hacer la campaña nuevamente en Cotopaxi y en lugares donde se quiera expulsar a los compatriotas. Pero no queremos tener que volver hacerlo”, se lamenta.

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