Una realidad de Perú que al menos en Saquisilí y Pelileo quieren que se replique. La expulsión de migrantes irregulares, sobre todo aquellos que provoquen problemas internos, es el pedido de la Junta de Campesinos del cantón de la provincia de Tungurahua. La paciencia de los habitantes se colmó tras el asesinato del sargento segundo de Policía, Wilson Ortiz Cevallos, en un enfrentamiento con grupo delictivo que tenía secuestrada a una joven de 28 años, ocultaba droga y armas de fuego. 

Tras este hecho y otros, los pobladores exigen que los extranjeros sin un registro de su pasado judicial sean expulsados y que se endurezcan los requisitos y medidas para el alquiler de viviendas.

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Paulina Maya, quien tiene una casa con departamentos de arriendo en el centro de Pelileo, aseguró que ahora solo arrienda a estudiantes y a personas recomendadas. Antes de entregar el departamento primero revisa la cédula y lleva a firmar contrato.

Carlos Llerena, jefe Político de Pelileo, recordó que existe una ordenanza sobre las medidas que deben cumplir los dueños de las casas en renta, pero recomendó que deben revisarla y actualizarla para que personal de catastro y Migración tengan claro el número de personas extranjeras que arriendan. Esta misma situación ocurre en Saquisilí, en Cotopaxi, donde los dueños de las viviendas no exigen pasado judicial ni notifican a las autoridades si se trata de un extranjero.

El gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, recalcó que en varias ocasiones han convocado a las asambleas sobre seguridad e incluso han recomendado tener precaución a quienes arriendan y “muchas personas anteponen sus intereses económicos a la seguridad”.

En el caso de Perú, al menos 2.500 extranjeros han abandonado el país tras vencerse el plazo de regularización migratoria otorgado por el Gobierno peruano (ver nota adjunta). Es una medida que ahora habitantes de ambas localidades piden que se replique en el país. El vicario de Latacunga, Luis Arias, recomendó que toda resolución sea bien analizada para evitar caer en xenofobia y atentar contra los derechos de la libre movilidad.

Hace cuatro años, Orlando Aguilar llegó a Pelileo y asegura que dejar su casa, su país y buscar nuevas tierras le fue difícil al inicio, hasta que se adaptó. Es venezolano y cuidacarros por la calle José Mejía, centro de la ciudad, cerca del mercado República de Argentina. Asegura que nunca se ha sentido discriminado.

Lleva el chaleco municipal de ser un cuidador de carros aprobado por las autoridades. Orlando dice no sentirse afectado por la medida que han adoptado los integrantes de la Junta del Campesinado en expulsar a quienes no muestran el pasado judicial. 

“Si no hace el mal a nadie, no se tiene por qué huir. Solo estoy con mi cédula, pero sí deberían hacer los controles que deban hacer, porque hasta nosotros mismos, que somos extranjeros, nos sentiríamos más seguros”, dijo el joven de 28 años, quien llegó con unos primos que viven también en el cantón.

Solange Torres llegó desde el estado de Bolívar de Venezuela. Tiene 23 años y viajó sin familia. Primero estuvo en Guayaquil, pero no se acostumbró y después con unos amigos se radicaron en Pelileo. 

Asegura que en los dos años que está radicada en la ciudad no ha sentido discriminación. “Si uno va a otro país a causar malestar, pues la gente se va a molestar. Hay que ir y trabajar. A eso vine, pero sí es lamentable que por uno nos puedan afectar a todos”, dijo la joven, quien también está de acuerdo con que apliquen sus reglas en la ciudad, pero sin afectar a quienes en verdad están trabajando.

“No podemos pagar la culpa de otros. Ni me han hecho, ni he hecho nada malo. Estoy agradecido porque siempre me han tratado de manera amable”, recalcó Aguilar.

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