El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció este 9 de noviembre de 2023 que planteará a Colombia la creación de un corredor humanitario ante el anunció de Perú de que, en los próximos días, empezará a expulsar de su territorio a los migrantes no regularizados.

El funcionario explicó que las autoridades peruanas dieron plazo hasta el 11 de noviembre (sábado) para que los extranjeros puedan hacer su registro migratorio permanente, previo al cumplimiento de alguno requisitos para la regularización.

"A partir del 11 de noviembre empezarán las expulsiones y según los datos de la Superintendencia de Migración de Perú se estima que serán entre 5.000 y 6.000 personas, especialmente de nacionalidad venezolana", señaló Zapata.

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Por eso, se ha dispuesto la inmediata conformación de una comisión interinstitucional entre la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, además de las organizaciones internacionales que tratan temas migratorios.

El objetivo es establecer una hoja de ruta que, como prioridad, tendrá la creación de un corredor humanitario para evitar que las personas que salgan de Perú se queden en el país y más bien sean llevadas directamente a Venezuela, pero para aquello se necesita coordinar con las autoridades colombianas.

El ministro informó que el jueves próximo hay una reunión regional en Brasil de ministros del Interior y aprovechará ese espacio para dialogar con el encargado de Defensa de Colombia y le planteará la idea.

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Ecuador tiene limitantes

Zapata recordó que la actual Ley de Movilidad ecuatoriana no permite ejecutar controles efectivos a los migrantes que ingresan al país como para poder determinar su pasado judicial y, peor aún, aplicar expulsiones aún cuando la situación lo amerite.

"Ecuador está atado de manos por la Ley de Movilidad. Es por eso que establecimos algunas reformas y esperar que la Asamblea que se posesionará en los próximos días genere urgente una reforma a esta ley, porque esto es un problema grave para el país", dijo Zapata.

Una de las cosas que se plantea en las reformas es que las autoridades puedan solicitar el pasado judicial para el ingreso a territorio ecuatoriano. Eso daría una herramienta para impedir el paso a determinadas personas, de considerarlo necesario.

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