La pandemia los hizo tambalear, pero la ola delictiva que trae consigo extorsiones, secuestros, amenazas de muerte, baja de clientela y ventas han terminado por fijar una fecha de defunción a Rayuela, un tradicional bar-restaurante de Guayaquil que se une a los miles de locales comerciales de la ciudad que hoy deben pagar las consecuencias de la inseguridad.

“Antes de la crisis sanitaria, nosotros llegamos a facturar cada viernes hasta $ 2.500, para el $ 2021 esa cifra cayó a $ 1.500, pero el viernes pasado, apenas se llegó a los $ 40”, dice con decepción Alejandro Bolaños, propietario de este negocio, que después de 7 años de operar alista su cierre para fines de este mes.

“Después de la pandemia, con inversiones nuevas, le dimos cara nueva a Rayuela y nos comenzamos a recuperar, pero la inseguridad y los constantes toques de queda nos han llevado a este punto”, asevera Bolaños, quien explica que su salida del mercado, no solo se debe a la baja afluencia de comensales, sino también al temor a ser ‘vacunado’. “Prefiero cerrar antes de que me vengan a querer cobrar”.

Es el pavor que ‘asalta’ a algunos propietarios de negocios, pero para otros ya es un mal que deben enfrentar. Los que se niegan a pagar, se ven obligados a tomar, bajo riesgo, ciertas precauciones: como la de aumentar sus costos en mayor guardianía y cámaras de seguridad, así como la de disminuir sus horarios de atención, para evitar operar en horas de mayores asaltos.

En el centro de la ciudad, por ejemplo, los módulos comerciales, que dos meses atrás cerraban a las 19:00, ahora han comenzado a dejar toda su mercadería guardada a partir de las 17:30. Fabricio Lema, vendedor de zapatos, señala que han perdido un gran público que asistía después de los horarios laborales.

Algo similar pasa en Puerto Santa Ana y el Mercado del Río, donde desde noviembre del año pasado han venido perdiendo hasta un 40 % de su clientela habitual.

En Ecuador no existe actualmente un estudio que hable sobre el impacto que deja el alto índice de violencia a la economía nacional, pero desde la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se estima que en ciertas zonas críticas, las ventas por estos motivos ya han llegado a caer entre un 20 y 30 % promedio.

Es una pérdida significativa de ingresos, en medio de los altos costos que les genera el defenderse de la inseguridad. La necesidad de tener un mayor resguardo es otro efecto de este repunte de violencia, dice Jorge Villacreses, presidente de Cuport S.A. y de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada.

El dirigente estima que del 100% de usuarios que, en Guayaquil, cuentan con servicios de protección privada (sean empresas o personas naturales), cerca de la mitad de ellos han pedido aumento de sus plantillas de personal y servicios de seguridad que reciben.

Hace menos de un año, las compañías grandes solicitaban 4 agentes promedio, las medianas 3 y las pequeñas uno. Ahora, dice Villacreces, las grandes empresas han pedido dos guardianes más, y las medianas y pequeñas uno a dos más. En Cuport, hoy en día se llega a cobrar $ 3.200 mensuales por agente de seguridad. Esto, sin contar las solicitudes para aumentar los rubros como alarmas y cámaras de videovigilancia, cuyos costos mensuales, por unidad, son de $ 50 y $ 80, respectivamente.

Recurrir a la ayuda privada es una de las alternativas que contemplan los comerciantes de la calle Ayacucho, lugar donde se aglomera una gran cantidad de negocios que ofertan repuestos automotores. Pues es la opción que tienen, dicen, ante la inacción de las autoridades que ayer los obligó a paralizar sus actividades y a levantar su voz de protesta (ver subnota), ya que no solo han debido soportar la caída del 40 % de su facturación sino el secuestro de dos de sus comerciantes.

EXPRESO solicitó una entrevista con el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, para conocer las medidas que se contemplan, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, en una rueda de prensa que ofreció el pasado martes, Tabacchi ofreció reunirse con los comerciantes para hallar soluciones a sus problemas, tal como hizo recientemente con los comerciantes de la Bahía, otro de los sectores donde se teme un incremento de ‘vacunas’. Para estos últimos se ofreció la rehabilitación y la construcción de dos UPC.

Remigio Albiño, jefe de Operaciones de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, señaló a este Diario, que la Policía está haciendo sus mayores esfuerzos para contener los robos, las extorsiones y secuestros. De enero al 14 de marzo, dice, se llegó a contabilizar 11 víctimas de secuestro hoy liberadas y 22 detenidos por esta causa. Y 6 casos de extorsiones que dejaron 15 presos. Las cifras, reconoce, son bajas y esto se explica por dos razones: por un lado, no todas las víctimas denuncian, y sin denuncia, la Policía se ve limitada a actuar. Por otro lado, está un déficit policial, pues los 8.600 agentes destinados para la zona son insuficientes para resguardar la Zona 8, que hoy enfrenta un repunte de inseguridad. 

• La indignación llevó a los comerciantes de Ayacucho a marchar

Decenas de dueños y trabajadores de locales ubicados en la calle Ayacucho se aglomeraron la mañana de ayer, desde esta arteria y Machala, a modo de protesta por los hechos delictivos que se han presentado en la zona, que van desde robos, hasta secuestros y amenazas de ‘vacuna’.

A la marcha no solo se unieron los ‘rivales’ de este sector de venta de partes de automóviles, también dueños de importadoras, restaurantes y otros tipos de comercios, todos con la misma exigencia: Exigir más seguridad a las autoridades.

La marcha avanzó hasta Ayacucho y la 16ª calle, donde una vez en el punto, los comerciantes se dispersaron para luego seguir con sus actividades comerciales regulares.

Cada uno se fue con el miedo de que sigan las extorsiones, robos y secuestros. Pues esta situación, según denunciaron, ha llevado a varios comerciantes “al límite de su salud mental y económica”.

“Las visitas que tengo en mi taller son la mitad de las que tenía hace tres meses, y temo que en un mes más, sea la mitad de la mitad... Si sigue así, perderé mi negocio”, asevera Luis González, comerciante de esta arteria.

Este panorama también ha llevado a otros comerciantes a querer huir del sector, y a dueños de predios, a venderlos. Es el caso de Hernán (identidad protegida), quien tiene un predio en las calles Décima y Ayacucho, y lleva desde hace un año intentando vender este edificio por una situación familiar, pero la inseguridad le ha obligado no solo a apresurar los procesos para su venta, también ha tenido que abstenerse de invitar a familiares para garantizar su seguridad.

Jaime (identidad protegida), quien alquila en estos predios, señala que también le preocupa esta situación. “Yo soy padre de familia, debo mantener a los que amo, pero debo salir de aquí de una u otra forma, porque si no lo hago, pronto puedo terminar como otro de los casos de secuestro... Por último, pierdo mi dinero, pero si pierdo mi vida, nadie cuidará a mi familia”, sentencia.

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