
Suplantados y endeudados: los jubilados esperan justicia
En un caso el crédito irregular habría beneficiado a una persona con antecedente penal
A dos años de haber sido suplantado, Juan (nombre protegido) sigue viviendo un calvario que no parece tener final. Su vida cambió cuando alguien se hizo pasar por él y obtuvo un crédito de 20.000 dólares en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Desde entonces, cada mes, el 80 % de su pensión se esfuma en pagar una deuda que nunca solicitó. Y lo más doloroso: nadie le ha dado justicia, pese a que acudió a las instalaciones del banco del Seguro Social y presentó una denuncia formal.
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Juan reconstruyó su caso por su cuenta. Descubrió que alguien accedió a sus datos personales, cambió su número de celular y su correo electrónico en los sistemas del IESS, y luego manipuló su cuenta bancaria para transferir los dólares.
“Ese dinero terminó en la cuenta de una persona con antecedentes penales”, relata con la voz quebrada. “¿Cómo nadie lo vio? ¿Cómo un banco privado permite un movimiento así, sin darse cuenta?”.
A pesar de tener evidencias de que el dinero terminó en una cuenta vinculada a una persona con antecedentes penales, Juan no sabe cómo continuar el proceso sin poner en riesgo su seguridad. Por eso pidió que su identidad se mantenga en reserva en este artículo de prensa.
Su historia no es aislada. En 2024, los afectados alzaron su voz para denunciar que habían sido víctimas de suplantación de identidad. El Biess reconoció inicialmente unos 20 casos, aunque luego ajustó esa cifra en un informe entregado a la Defensoría del Pueblo.
Ahora termina un nuevo año y aún no todos tienen su caso resuelto. El Biess no se ha pronunciado; recientemente pasó por un cambio de autoridades, y el IESS se limita a asegurar que lo relacionado con créditos compete únicamente al Biess.
El IESS tampoco se pronuncia sobre la falta de un representante de los afiliados en el directorio o sobre los tramitadores que suelen ubicarse en la puerta de su edificio. Sobre los supuestos “tramitadores”, la institución se limitó a recordar que todos los trámites son gratuitos. Se entiende que las nuevas autoridades están poniéndose al día con los temas y que una entrevista será posible más adelante. Sin embargo, queda claro que hay una deuda social del Biess con los adultos mayores, a quienes -como señala uno de los afectados- no solo les han “robado parte de su pensión, sino también su tranquilidad”.
Mientras tanto, Juan y otros jubilados siguen pagando por créditos que no solicitaron. Lejos de vivir una vejez tranquila, cargan deudas ajenas, enfrentan trámites interminables y lidian con una angustia que se repite semana tras semana. Basta acercarse un martes a los plantones frente a la Caja del Seguro, en Guayaquil, para escuchar cómo la desesperación se ha vuelto rutina.
La semana pasada, allí estaba María (otro nombre protegido), aferrando la denuncia que presentó en julio. Un día entregó su cédula a cambio de 80 dólares y ahora sospecha que, con esa información, alguien obtuvo un crédito de 9.000 dólares a su nombre y además logró retirarlo. Tiembla cuando habla: “Yo no pedí nada y ahora debo probarlo”. María trabajó como conserje en una escuela fiscal de Guayaquil; su pensión de jubilada es baja y, ahora que le descuentan ese crédito, no le alcanza para comer ni para pagar los servicios básicos.
En mayo pasado, el doctor Víctor Flores denunció que dentro del IESS opera una red que cambia datos personales para robar a jubilados y afiliados. Su acción de protección fue exitosa y logró detener el descuento de un crédito de 25.000 dólares. Pero no todos corren con esa suerte.
Juan, por ejemplo, no puede pagar los 3.200 dólares que le cobra un abogado para llevar su caso. Bolívar Potes sí tuvo quien lo defendiera gratuitamente. A él le suplantaron la identidad para obtener un crédito de 30.550 dólares, pero ganó la acción de protección demostrando que nunca abrió una cuenta nueva y que la firma era falsa. Hoy se pregunta, con incredulidad, cómo es posible que sigan apareciendo casos nuevos si en teoría el Biess ya exige firma presencial y fotografía para entregar créditos.
La Defensoría del Pueblo ha estado pendiente de los casos
El defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, detalla la dimensión del problema: existen más de 10 acciones de protección presentadas por suplantación de identidad para obtener quirografarios. Cinco ya tienen sentencia.
Ortega ha asistido a las audiencias como amicus curiae para evitar que se vulneren los derechos de los adultos mayores. Esta figura legal permite que una persona ajena al caso judicial presente información o argumentos para ayudar al juez a tomar una decisión. Por eso, Potes recomienda que, además de la denuncia en Fiscalía, los afectados presenten la queja ante la Defensoría.
📜Decisión a favor del pueblo! Una vez más la justicia declara la vulneración de derechos a adulto mayor por créditos fraudulentos en el Biess! La pensión jubilar es INTOCABLE! ✊✊ pic.twitter.com/muh6k0CeZH
— Gonzalo R. Ortega (@GonOrtega) November 20, 2025
La Defensoría incluso exhortó al IESS y al Biess a fortalecer los mecanismos de seguridad. En ese informe se detalla que, hasta junio de 2025, el Biess había detectado 14 casos de créditos fraudulentos. Entonces Ortega pidió mejorar la protección de datos personales. Aunque algunas medidas ya están en marcha, los afectados siguen denunciando riesgos y vacíos.
Los jubilados sospechan que detrás de estos robos opera una estructura que actúa desde adentro: una mafia que manipula datos en el IESS, que tiene cómplices en el Biess y que incluso mueve dinero a través de bancos privados sin que nadie detecte irregularidades.
Muchos de ellos -cansados, endeudados, humillados- dicen que ya solo aspiran a un milagro navideño: que por fin alguien destape la red. Un milagro que no solo les devuelva el dinero perdido, sino también la dignidad.
El gremio de los adultos mayores sostiene que la suplantación de identidad en el Biess se ha convertido en una tragedia silenciosa que devora las pensiones de los jubilados y desnuda fallas graves en la seguridad del sistema. “Mientras no se identifique y desmantele la red que manipula datos desde adentro, los adultos mayores seguirán expuestos y desprotegidos”, remarca Juan. Agrega que las víctimas no solo necesitan respuestas: necesitan acciones inmediatas, justicia real y un sistema que garantice que jamás volverán a ser presa fácil de una estructura que opera a la vista de todos.
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