Afiliados al IESS, otras víctimas de la suplantación de identidad
Los casos no son solo de jubilados. Se sustraen fondos de reserva de los trabajadores activos
La delincuencia puede dejar ‘desnudo’ a cualquiera. La suplantación de identidad no solo afecta a un grupo de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a otros ciudadanos, cuyos nombres se han usado para cometer extorsiones y estafas, también toca a trabajadores activos; es decir, a afiliados de la seguridad que de un momento a otro ven sus fondos desaparecer.
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Diario EXPRESO ha conocido otras denuncias que han llegado hasta la Fiscalía, y que detallan cómo los trabajadores también están siendo víctimas de este delito. Ese es el caso de Tomás (nombre protegido), a quien le retiraron sus fondos de cesantía de más de 27.000 dólares y sus fondos de reserva de 413.13 dólares. Tras denunciar el caso y pasar por un largo proceso judicial tiene la orden de la recuperación de los valores.
También es el caso de Mario (nombre protegido) quien en cambio se enteró, en diciembre del año pasado, que debía un crédito quirografario al banco del IESS, cuando en su rol de pago le apareció un descuento de 839,81 dólares por esa causa.
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Se protegen los nombres de las personas afectadas.
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Diario EXPRESO consultó a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, sobre las denuncias de los jubilados y afiliados, pero sin dar detalles de estos casos, aseguró que la entidad “está aumentado las seguridades para que hechos como estos no ocurran”.
En torno a este tema, existen varias hipótesis que se investigan. Según el Defensor del Pueblo de Guayas, Gonzalo Ortega, en el caso de los jubilados afectados en el BIESS, se sospecha de una mala actuación de los funcionarios para dar cabida a actos fraudulentos.
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Por otra parte también se intuye que atrás del robo de identidades podría existir una red de lavado de dinero, que compran los datos personales a las empresas que los poseen. Si este fuera el caso, la situación es grave, por la fuga de información sensible de los clientes.
Más grave aún, si se llega a descubrirse que atrás de esto existe un grupo de delincuencia organizada (GDO) que estaría actuando en la suplantación de identidad, como está pasando en los casos de las líneas de celulares que se están usando para extorsión.
Hay sospecha de que hasta se toman el tiempo para seleccionar a las víctimas.
Urge encontrar una solución para evitar que más personas sean afectadas por la suplantación de identidad y para ello hay que encontrar dónde está la debilidad en una de las hipótesis relatadas o en todas. La doctora en Leyes y en Protección de Datos, Vanessa Velásquez, cuestiona el número de delegados llamados a proteger los datos de los ciudadanos.
EXPRESO preguntó a la Superintendencia de Protección de Datos cuántos expertos existen y la respuesta fue: “tenemos un registro de 1.231 delegados de protección de datos”. Sin embargo, hay 3.146 instituciones públicas. ¿Será que ese número de delegados de protección de datos son suficientes? Esta es una de las preguntas que este Diario tiene y que hará al Superintendente de Protección de Datos, Fabrizio Peralta, quien ha ofrecido a EXPRESO una entrevista este jueves.
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), las instituciones del sector público deben designar a un Delegado de Protección de Datos Personales (DPD) y reportar su nombramiento a la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
El DPD es el encargado de garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales, supervisar el tratamiento adecuado de los datos y actuar como punto de contacto entre la institución y la Superintendencia. La designación debe ser realizada por la máxima autoridad de cada institución, tal como lo establecen los artículos 48 y 49 de la LOPDP y su Reglamento General.
La no designación o registro del DPD constituye una infracción grave según la normativa vigente y puede generar las siguientes sanciones: multas entre 10 y 20 salarios básicos unificados para servidores o funcionarios públicos, en este año sería entre 4.700 dólares y 9.400 dólares; y multas entre el 0,7 % y el 1 % del volumen de negocios para empresas públicas.
Diario EXPRESO busca estar cerca de sus lectores. Lo que se mantiene oculto no se soluciona, por ello invita a los ciudadanos a exponer sus problemas en caso de haber sido víctimas de este delito. El objetivo es crear consciencia, hacer que las autoridades investiguen y se esmeren en encontrar una solución.
El doctor César Coronel, de Defensa de Deudores Ecuador, sugiere que, de enfrentar este problema, no hay que perder tiempo y poner la denuncia en la Fiscalía, allí se solicita un peritaje para evidenciar que no es la firma de las persona, con ese resultado se va a la institución acreedora para que se elimine la deuda a su nombre.
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