Suplantación de identidad en Ecuador: delito silencioso que afecta a miles en Ecuador

Escalofriante. Una mujer con una hoja de vida limpia, reconocida por hacer siempre las cosas dentro de los parámetros de la ley y que respeta al prójimo, sorprendentemente es citada por la Fiscalía por hacer llamadas de extorsión y ser parte de uno de los grupos de delincuencia organizada (GDO) más temidos en Ecuador.

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Juana María Pérez (nombre protegido por el temor a represalias) en enero de 2025 recibió una cita de la Fiscalía, porque desde una línea que estaba a su nombre se estaban haciendo llamadas para cobrar extorsiones a negocios de Mucho Lote.

Al hacer las investigaciones se descubrió que los delincuentes en septiembre de 2024 habían comprado nueve líneas prepago, que se activaron, de forma ilegal, con su número de cédula. Aún se desconoce de qué entidad los GDO obtuvieron la información para suplantar su identidad.

Pérez ya se presentó al llamado de la Fiscalía, gestionó ante la empresa de telefonía la desvinculación de esas nueve líneas obtenidas fraudulentamente y puso la debida demanda por suplantación de identidad. Ahora el proceso continúa hasta que se compruebe que ella es una persona honrada, víctima de los GDO que han manchado su reputación.

Este tipo de caso no es nuevo. Entre 2016 y 2019, públicamente se conoció que unas 65 personas presentaron reclamos ante la empresa Otecel S. A. por supuestas deudas por servicios no contratados y equipos no adquiridos. El 6 de febrero de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de que se cree una normativa para precautelar los derechos de los consumidores.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tiene seis meses para presentar la norma, que se debe coordinar con el Ministerio de Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y Superintendencia de Protección de Datos Personales. Aún están dentro del plazo determinado por la Corte y Otecel envió mensajes por SMS publicando la decisión de la entidad legal.

Pero mientras se busca la manera de que las compras en las empresas de telefonía no se basen tan solo en el principio de buena fe, más casos de suplantación de identidad ocurren en otras instituciones, como por ejemplo para obtener créditos en el Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (Biess).

Los adultos mayores afectados por la suplantación de identidad

Bolívar Potes dedicó su vida a ser maestro y desde noviembre de 2024 dejó de recibir su pensión de jubilado completa. Casi se infarta al enterarse de que suplantando su identidad, delincuentes hicieron un préstamo de 30.550 dólares y por ello viene pagando 696,09 dólares cada mes.

“Junto a mi hay otros 11 jubilados (afectados). Cada uno ha puesto la demanda por separado en la Fiscalía. Presenté una acción de protección, que salió a mi favor. Falta que la jueza ponga por escrito su decisión, aunque el Biess va a apelar, para que la investigación se realice en la vía penal”, para descubrir quiénes tienen acceso a la base de la entidad y con ello saber cómo se cometió el delito, explicó Bolívar Potes a Diario EXPRESO.

Potes agregó que, hasta el momento, lo que se sabe es que ingresaron en el sistema del Biess, cambiaron la entidad financiera donde depositaban su pensión de jubilado a una cooperativa, cambiaron su dirección y número de celular, falsificaron su firma y las huellas. Su familia y amigos lo han ayudado a pagar los 3.000 de dólares que le cuesta su defensa y denuncia de suplantación de identidad.

La ayuda de la defensoría

El defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, se ha presentado como amicus curiae (amigo de la Corte) en el caso de Potes y otro afectados, que pertenecen a grupos vulnerables, por el delito de suplantación de identidad. “Nos corresponde estar pendientes de que se cumpla con los derechos humanos para los grupos vulnerables, como son los adultos mayores y personas con discapacidad. Nos hemos presentado como amicus curiae en las demandas de acción de protección, para que cese el descuento de la pensión de los jubilados por un financiamiento que ellos no solicitaron en el Biess”, destacó Ortega.

Agregó que ha solicitado información a la Superintendencia de Protección de Datos, Superintendencia de Bancos, Biess e IESS. Una vez que llegue toda la información solicitada, la Defensoría del Pueblo exigirá que se respeten los derechos de estas personas.

Enfatizó que ya una jueza falló a favor de la acción de protección, para que les devuelvan lo descontado y les sigan pagando sus mensualidades completas. Hay dos casos más en los que el defensor se presentará como amicus curiae. Un doctor se vio afectado con un crédito de más de 25.000 dólares que no pidió. Así mismo, mediante suplantación de datos.

Según Ortega, hay unos 40 jubilados afectados, pero todavía se espera confirmar la cifra exacta. “Sin embargo, el Biess publicó un comunicado donde reconoció que malos funcionarios abrieron cuentas de manera fraudulenta y allí acreditaron todos los créditos. Estamos de frente con los jubilados, porque la entidad lo ha reconocido”, puntualizó Ortega.

Los delegados de protección de datos

Para la doctora especialista en leyes y en protección de datos Vanessa Velásquez, hay que poner más atención a que realmente ya no se estén vendiendo los datos personales. Destacó que la ley exige que en las entidades públicas deben existir delegados de protección de datos. En las empresas privadas eso no es obligatorio, pero tienen la obligación de cuidar la información.

Sobre este punto, la Superintendencia de Protección de Datos le dijo a EXPRESO que hasta la fecha se han registrado 1.231 delegados de protección de información de instituciones públicas. El superintendente se ha comprometido a ampliar la información en los próximos días.

Este medio solicitó las cifras actuales de las denuncias puestas en la Fiscalía, pero no llegaron hasta el cierre de la edición. Las últimas estadísticas públicas son de 2014 a 2021 y suman 31.912 presuntos delitos de suplantación de datos. Aunque según los archivos de artículos de EXPRESO, desde enero del 2023 hasta marzo de 2024 se reportaron 2.400 casos solo en Guayaquil.

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