Una sola Junta Financiera y Monetaria que se blinda de lo político, pero a medias

La nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria promete un renacimiento institucional, que iría más allá de simples cambios en los requisitos para elegir a sus cinco miembros. Una nueva norma apunta a una transformación diseñada para alejar el poder político de las decisiones técnicas que deben velar por la liquidez y la dolarización de la economía.

Las reformas planteadas por la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea el pasado 24 de junio y publicada ayer en el Registro Oficial, son bien vistas por Marco López, exdelegado del presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Para él, estas modificaciones se asemejan mucho a lo que propuso en 2019, cuando formó parte de un comité que buscaba plantear cambios en estos organismos.

El principal problema, cree él, se ha resuelto: “El evitar que el ratón siga cuidando el queso”. López aprueba que la nueva ley plantee alejar al Ministerio de Finanzas de las decisiones que se tomen. Según la norma, el nuevo ente estará conformado por cinco miembros que ejercerán sus funciones a tiempo completo, pero entre ellos solamente estará “un delegado del ente rector de las finanzas públicas, que participará con voz pero sin voto en las deliberaciones”. El objetivo es claro: conseguir independencia y alejar al poder político de las decisiones técnicas.

“¿Quién permitió antes que todos los recursos del Seguro Social, IESS, se hayan invertido en bonos y que ahora estén congelados? La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que era presidida por el Ministerio de Finanzas. ¿Quién permitió que los fondos del Seguro de Depósitos estén invertidos también en bonos? Esta misma Junta. Entre tanta urgencia, el ministro de Finanzas iba por su función presidencial, que era proteger el cumplimiento de buscar financiamiento y cumplir con obligaciones del Estado, pero finalmente se tomaban medidas contra la liquidez del mercado”, sostiene.

Un solo ente para todo

La nueva ley, que deberá ser observada o no por el Ejecutivo, establece que sea un solo ente el que se ocupe de dictar las políticas monetarias y financieras. “Antes se planteaba que existieran estas dos juntas, una monetaria y otra financiera, para que tengan decisiones independientes; pero fue una prueba-error, porque, siendo sincera, en todo este tiempo se fueron infiltrando intereses políticos y hubo mala ejecución en ciertos temas”, explica Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador (BCE).

Si bien la nueva Junta volverá a estar unificada como lo estuvo en 2021, ambos expertos coinciden en que esta no volverá a ser la misma. Destacan algunos requisitos para que el nuevo organismo tenga miembros independientes. No obstante, López considera que aún falta corregir ciertos aspectos.

Según la norma, los cinco miembros serán designados y posesionados por la Asamblea Nacional de entre cinco candidatos propuestos por el presidente de la República. Sin embargo, López observa que, siendo este un órgano parte del Ejecutivo, no debería haber la necesidad de la injerencia del Legislativo.

“Cuando el Gobierno tenga la Asamblea a su favor, como ahora, no habrá problema; pero cuando no la tenga, ahí habrá problemas, el tener que negociar para elegir a sus miembros, en ese momento se politiza. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es parte de la Función Ejecutiva, no requiere ese contrapeso”, argumenta. Para él, si se quiere aplicar control, la seguridad que debe tener este organismo está prevista en los artículos de remoción de cada uno de sus miembros.

Otra observación que se hace es el tiempo de designación: antes era de cinco años, pero ahora será de cuatro, tratando de empatar el mismo tiempo de la Junta al período que durará este Gobierno.

No obstante, los analistas creen que es un error, porque los miembros de la Junta requieren estar más tiempo para dar continuidad a ciertas políticas que están en transición.

Independencia técnica

Artola cree que algunos cambios, como están planteados, podrían ayudar a fortalecer este organismo, que requiere tomar decisiones absolutamente técnicas. Destaca los 10 años de experiencia que se está exigiendo a los candidatos, un tiempo prudente, pero que debe garantizar que realmente haya personas probas y sin contaminación política. “Creo que hay personas muy capacitadas en el país que pueden ver y actuar con una visión totalmente técnica”, manifiesta.

Este nueva Junta, agrega, está llamada a ver qué está pasando en lo macro, en lo financiero, “y no ver simples partecitas. Es el tercero confiable que debe analizar la realidad y tomar decisiones por fuera del poder político y económico”, concluye Artola.

Según los expertos, el renacimiento de esta institución, clave para la estabilidad monetaria del país, dependerá en última instancia de que las reformas logren crear un blindaje efectivo contra las presiones políticas que han marcado su funcionamiento en el pasado.

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