“Se está usando la pandemia como excusa para flexibilizar las normas laborales e infringir los derechos de los trabajadores”. Así calificó Eduardo Ortega, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), en respuesta a la decisión del Ministerio de Trabajo de ampliar el modelo de contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio a todas las actividades económicas, una medida que su contraparte, los gremios empresariales, pedían desde hace varios años.  a todas las actividades económicas, una medida que su contraparte, los gremios empresariales, pedían desde hace varios años.

Como narró EXPRESO ayer, la normativa se utilizaba de manera exclusiva para el sector de la construcción, la manufactura y para el desarrollo de programas con grupos vulnerables. Pero según Andrés Isch, titular de esa cartera estatal, el cambio, realizado por acuerdo ministerial, “quitará obstáculos” a las empresas a la hora de sumar personal a sus filas y generará nuevos empleos.

Aun así, el dirigente laboral señaló que, si bien a corto plazo la medida podría crear puestos de trabajo, estos no garantizan la estabilidad laboral y precarizarían el mercado. “No son puestos de trabajo reales, son temporales y no le garantizan al trabajador seguridad, estabilidad, ni aportaciones consistentes para su jubilación”, analizó.

Con él concordó José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien consideró que se busca beneficiar a las empresas pasando sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. “El Estado está pensando únicamente en las empresas, y en reactivar la economía vulnerando el Código de Trabajo y los derechos ganados”, señaló.

Este estableció, además, que esta modalidad no debió aplicarse de manera generalizada a todos los sectores, sino que debió regirse por actividad y necesidades de cada industria.

Los gremios empresariales creen, en cambio, que el Ministerio va en el camino correcto.

Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, indicó que la decisión es positiva y “es muy útil porque permitirá adaptarse a la realidad de cada empresa y hacer menos costosa la contratación. En este momento, muchos negocios se están reinventando, adaptando sus líneas de negocio. Lo importante es continuar identificando mejoras para modernizar el Código y sus regulaciones”, estableció.

Roberto Aspiazu, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano estableció que esta medida alienta la contratación e incentiva un retorno del empleo hacia la formalidad. “Es lógico que hayan estas facilidades en términos, más aun cuando el escenario de la emergencia ha determinado que el acuerdo entre las partes se vaya dando de modo propio para mantener los puestos de trabajo”.

Aun así, la situación jurídica de la decisión, que busca paliar la crisis que hasta ahora ha ocasionado la pérdida de más de 289.000 empleos, preocupa a los expertos, entre ellos Gabriel Recalde, titular del Centro de Estudios de la Política Laboral, quien señaló que la medida “tergiversa la naturaleza” de esta modalidad de contratación. “Me parece peligrosa, pues tendríamos dos normas que permiten evadir el contrato a plazo fijo, lo que genera una sobreflexibilización laboral”, agregó.