El juicio de larga data que Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, mantiene contra el Banco del Pacífico se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción que protagoniza: el caso Purga. Según los elementos de convicción expuestos por la fiscal Diana Salazar, Muentes incumplió el pago de una deuda por 383 mil dólares contraída con la entidad financiera entre los años 1988 y 89, con el propósito de comprar un terreno para construir una camaronera. En junio de 2020, para sacarse de encima las coactivas, salir de la lista de deudores y revertir el embargo del que había sido objeto el terreno, Muentes interpuso una acción de habeas data, pretendiendo documentar el presunto pago con la presentación de doce notas de crédito que la fiscal y el banco consideran falsas.

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Reinaldo Cevallos Cercado, juez de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil, vinculado también al caso Purga y preso con Muentes, le concedió el habeas data. Ambas partes apelaron (Muentes exigiendo reparaciones), pero la Corte Provincial ratificó la sentencia. El banco, sin embargo, luego de realizar una investigación administrativa, adujo que los pagos no fueron registrados. Muentes insistió, esta vez con una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Una acción de incumplimiento fuera de lugar, pues debió agotar primero ese recurso ante el juez de instancia que le había concedido el habeas data. Así se lo hizo saber la Corte Constitucional en su sentencia, en la que se declaró “impedida de pronunciarse sobre el fondo del caso”.

El tema volvió, pues, al juez Cevallos Cercado, quien en mayo de 2023 decidió otorgarle a Muentes una indemnización por 3,98 millones de dólares. Apenas transcurridos cuatro días después de ese fallo, fue promovido a la Corte Provincial, un hecho del que se sirve la Fiscalía para evidenciar el control del sistema de designaciones judiciales ejercido por Muentes.

Ese es el caso. Ricardo Noboa, abogado del Banco del Pacífico, y Rafael Oyarte, a cargo de la defensa de Muentes desde junio de 2023, exponen aquí sus puntos de vista sobre la validez del proceso, la pertinencia del habeas data, la autenticidad de los recibos y otras razones de sus defendidos.

- La vinculación de Pablo Muentes al caso Purga, ¿cómo cambia el escenario legal y la batalla del Banco del Pacífico para evitar pagar $ 4 millones en indemnización?

- El involucramiento del señor Muentes y de su esposa, así como de los jueces que participaron en esta sentencias, descalifica estas sentencias. Consecuentemente estamos actuando para que se pueda llegar, a través de la Corte Constitucional o la Corte Nacional de Justicia o las salas de las cortes que conocen estos procesos, a declarar la inejecutabilidad de la sentencia de habeas data, donde se pide esta indemnización y también (un fallo a favor) en el juicio civil, donde buscamos aplicar la nulidad de los recibos por falsedad, porque acuérdese de que son dos juicios que siguen abiertos.

- Revelado el caso Purga, ¿qué nuevas medidas legales han tomado?

- Recién la semana pasada solicitamos a la Corte que declare que esta sentencia obtenida en el habeas data es inejecutable. Nosotros antes del caso Purga ya habíamos puesto un recurso de apelación, porque el juez Ubaldo Macías resolvió que el expediente se mande a la Fiscalía para investigar al señor presidente del banco por no haber acatado el fallo. Nos concedieron el recurso y eso hizo que el caso regresara a la Corte y, hoy con el caso Purga, les estamos diciendo que esta sentencia no se puede ejecutar... El juicio civil, en cambio, está en la Corte Nacional de Justicia, que tiene que conocer un recurso de casación para que la sentencia que se obtuvo en lo civil y que declaró que los recibos de pago (presentados por Muentes) eran válidos, sea casada... Esta defensa no ha sido fácil, más cuando se ha tenido una cancha inclinada. Aquí hemos tenido que lidiar no solo con el señor Muentes y su defensa, sino con jueces parcializados, que se han puesto totalmente del lado de él... Con Purga es evidente que estas dos sentencias fueron obtenidas con base en delitos, porque la Fiscalía estableció tres delitos: prevaricato, cohecho y tráfico de influencias. Eso es grave.

- Pero quienes han seguido este juicio cuestionan también su defensa con el banco. La califican como bastante laxa.

- Nosotros desde el 22 de marzo de 2023 (cuando tomaron el caso) hemos hecho una encarnizada defensa. Aquí no se trata de que un abogado sea bueno o malo. Aquí de lo que se trata es de que estas irregularidades son tan flagrantes que solo una persona con enorme poder político y económico puede haber conseguido que los jueces desconozcan una prueba tan clara como los 12 recibos que presenta Muentes para decir que ha pagado al banco. Es imposible que exista un comprobante de ingreso que tenga las siglas VDC en un banco que en 1999 (fecha del pago) no tenía dicha cuenta, porque recién fue creada en 2002. Eso es un truco, una artimaña.

- Muentes pudo haber tenido ayuda de jueces, pero también dentro del banco. ¿Se ha investigado si hubo algún elemento dentro de la institución que pudiera facilitar esta irregularidad?

- No, porque esos cheques no fueron emitidos por el banco, nadie del banco se los dio porque, con todo esto, argumentamos que esos recibos fueron forjados. Se registró el primer recibo (por un pago de 67.500 dólares), ese sí se reconoce, pero los otros no. La versión del banco es que a partir de este último recibo que se entregó en 2002 se forjan los otros, con inconsistencias. Caja nunca entregó esos recibos porque simplemente (en 1999) no existían. No se trata de una deficiencia en la defensa, ni de irregularidad dentro del banco.

- Se cree que mucho de esto pudo haberse evitado con una acción extraordinaria de protección. ¿Por qué no se la presentó cuando se ratificó la sentencia del habeas data?

- Desconozco por qué la defensa de ese momento (Estudio Zavala Egas) no lo hizo. Nosotros no lo hicimos porque esa acción tú tienes que presentarla hasta 20 días después de la sentencia ratificada (5 de febrero de 2021).

- ¿Esto debilitó la defensa?

- No, porque esa acción no suspendía la decisión de la Corte. Yla Corte Constitucional se tarda años en resolver y nada detenía el camino de Pablo Muentes en la ejecución de la sentencia.

- ¿Iniciarán algún nuevo proceso contra Muentes?

- Yo creo que lo esencial acá es evitar que el banco pague $ 4 millones. De allí, si el banco presentará alguna acción para reparar los daños que puede haber causado esta conspiración, esa es una decisión que debe tomar la administración del banco. Una de las cosas que se tienen que analizar es si dentro del caso Purga presentará una acusación particular. En mi opinión debe hacerlo. Ya lo he sugerido.

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