Los efectos del COVID han puesto a tambalear al sector productivo a nivel nacional, pero las cifras oficiales demuestran que las empresas de Quito han sido también las más vulnerables ante la crisis. De las 79.977 actas de finiquito que se han firmado en el país, para dar por concluida una relación laboral, el 22 % se registró en la capital. En menor proporción aparecen Guayaquil y Cuenca, con el 15 % y el 5,6 %, respectivamente.

Así lo desvelan las cifras oficiales que el Ministerio de Trabajo computa hasta el pasado 7 de mayo, y que muestran cómo el tejido laboral del país se afecta ante la pandemia, según la condición de cada negocio, pero también del sector de donde opera.

La menor presencia de empresas exportadoras en la capital podría ser una de las principales razones para entender estas cifras, dice Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Por su demanda externa, explica, son estos los negocios que mayor dinámica han logrado alcanzar en medio de esta emergencia. “En la capital, lo que tenemos son más empresas que dependen del consumo interno y ese es el problema, porque el consumo interno ha estado frenado casi ya por 60 días”.

Las autoridades de esta cartera de Estado dicen no contar con el cálculo de los despidos que se han dado, según los sectores económicos, pero revelan que de las casi 80.000 desvinculaciones laborales que se han dado a nivel nacional, la mayoría (45.667) llegó a darse por mutuo acuerdo entre las partes. Le siguen otras causales como la terminación dentro del periodo de prueba (9.422 casos); por fuerza mayor o caso fortuito (6.609)y los despidos intempestivos (4.226).

Para Marcos Miranda, experto laboral y director jurídico de Ecuador Libre, las estadísticas no hacen otra cosa que demostrar el comportamiento que están teniendo los empresarios, el mismo que, dice, ha estado lejos de acoger todas las modalidades laborales que el Gobierno ha propuesto. Hay un grupo importante de empleadores que no están hallando alternativas. Que ven que reducir, modificar o suspender la jornada ahora mismo no cabe porque simplemente hay negocios que están cerrados completamente. “Y los trabajadores están conscientes de eso y hay una mayoría que accede a estos acuerdos porque saben que, aunque se termine la relación laboral, están salvando una empresa y existe la posibilidad de que cuando la situación mejore se los vuelva a contratar. Es una puerta que, pese a todo, dejan abierta”.

Lo preocupante de esto, dice Miranda, es que con casi dos meses de paralización aún las autoridades no llegan a concretar reales ayudas a las empresas para evitar mayores despidos, un problema que amenaza con transformarse en una crisis social. Desde la Asamblea Nacional se debate el proyecto de Apoyo Humanitario que plantea la creación de contratos emergentes y la firma de acuerdos, pero son medidas que, desde la óptica de Miranda, no llegan a ser suficientes.

Tampoco lo son para Alarcón. Él lamenta también que no se esté pensando en un proyecto de reactivación económica y que se busque hacer todo lo contrario. Cuestiona las nuevas contribuciones que se quiere cobrar, un factor que impide sostener empleos en un escenario ya complicado. “Hoy tenemos casi 150.000 afiliaciones menos en el IESS y las empresas no tienen ayuda para soportar aportes, al contrario quieren incrementar impuestos”.

“HAY QUE IMPULSAR LOS ACUERDOS INDIVIDUALES”

El proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que ya se somete a segundo debate en el Legislativo, no representa un instrumento de real ayuda para los empresarios.

Así lo asegura Alarcón, dirigente de las empresas del sector comercial, quien cuestiona al menos tres puntos de esta propuesta. Por un lado critica que los asambleístas insistan en descartar los acuerdos individuales y en aceptar que estos solo sean válidos si son aprobados por la mitad más uno de la plantilla de la empresa. Eso, dice, es un desincentivo para buscar soluciones viables y rápidas. Lo mismo pasa, añade, si el acceso a los beneficios de la ley están supeditados a no despedir personal, aun si la situación llega a empeorarse, o que se esté limitando a que las empresas puedan desvincular a empleados por fuerza mayor, pero solo si estas cierran todas sus operaciones.