¿Qué acciones legales existen para impugnar decisiones del IESS sobre pensiones?
Los perjudicados pueden recurrir a diferentes acciones legales para hacer cumplir sus derechos
En 2014, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) frenó de manera autoritaria la entrega de la pensión por montepío que recibía una menor de edad, tras la muerte de su madre biológica, quien era afiliada.
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El retiro de la pensión lo hizo el IESS después de que la menor fuera adoptada por una nueva familia, argumentando que en el futuro le podría entregar dos pensiones. La seguridad social tomó esta decisión pese a que la pensión estaba legalmente financiada con los aportes pagados que había hecho la madre de la niña antes de fallecer.
Los padres adoptivos de la niña presentaron una acción de protección y la Corte Constitucional obligó al IESS a entregarle el dinero que se le dejó de transferir y a pedirle disculpas.
Este es un ejemplo de una medida legal que pueden tomar los afiliados, jubilados o los familiares de ellos, para impugnar decisiones del IESS sobre pensiones. Los afectados por estas decisiones arbitrarias del IESS, además de una acción de protección, también podría recurrir a una acción de cumplimiento y a una demanda contencioso-administrativa.
¿Qué es una acción de protección?
Una acción de protección es un mecanismo legal que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos constitucionales cuando estos han sido vulnerados o amenazados por actos u omisiones de autoridades públicas.
¿Qué es una acción de cumplimiento?
Este también es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona exigir que una autoridad pública o persona encargada de una función pública cumpla con una norma legal o una sentencia judicial que esté vigente y sea de obligatorio cumplimiento.
¿Qué es una demanda contencioso-administrativa?
Una demanda contencioso-administrativa es un proceso judicial mediante el cual una persona impugna actos, resoluciones o disposiciones emitidas por entidades de la administración pública que afectan sus derechos o intereses legítimos.
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