El puerto de Manta, en Manabí, vuelve a estar en el ojo del huracán. Una pugna agita los mares, y sus protagonistas son los barcos de la Autoridad Portuaria de Manta (APM), representante del Estado, y la Terminal Portuaria de Manta (TPM), filial de la empresa chilena Agunsa, actual delegataria de la infraestructura portuaria.

La polémica ha ganado terreno, luego de que Ronald Muñoz, gerente de APM, señaló a Agunsa Chile de un traspaso irregular de acciones a la empresa española Agunsa Internacional ETVE.

“Se ha transferido el 60 % de su participación accionaria, es decir más del 55 % del capital social, todo esto sin contar con previa autorización de APM e infringiendo las cláusulas del Contrato de Gestión Delegada del Puerto de Manta, lo que podría terminar con la delegación”, indicó Muñoz.

El representante de APM agregó que la delegación del puerto de Manta ha generado pérdidas al Estado por inequidad en la distribución de recursos.

“Este contrato, a criterio de la Contraloría General, es lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano. Se aplica la ley del embudo: lo ancho para TPM y lo angosto para APM. El aumento de la carga contenerizada está detenido. TPM se ha dedicado a captar el mercado de vehículos y granos. Si revisamos cifras, TPM desde el inicio de sus operaciones ha facturado $ 134 millones, de los cuales solo $ 4,2 millones ha recibido APM, situación que refleja una evidente pérdida para el Estado ecuatoriano”, aseguró el funcionario.

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Frente a este panorama, que TPM ha descrito como de inseguridad jurídica, la compañía Agunsa interpuso una acción de protección con medida cautelar. La acción constitucional está dirigida al Ministerio de Transporte, Secretaría de Asociaciones Público-Privadas, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Autoridad Portuaria de Manta, Servicio Nacional de Aduana de Ecuador y la Procuraduría General del Estado.

La audiencia está prevista para las 10:30 de hoy, en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte, en la vía a Daule (Guayas).

Roberto Salazar, presidente de TPM, defiende a su institución de los señalamientos, con el argumento de que mantienen su compromiso con el desarrollo del puerto de Manta, frente a ataques que ha descrito como infundados y que formarían parte de presiones de algunos actores enemigos del avance portuario.

“Desde TPM hemos demostrado documentalmente que la adjudicataria es la propietaria del 60 % del Terminal Portuario de Manta y que no se generó cambio o pérdida de control alguno, mucho menos un perjuicio al Estado. La documentación pública y privada, tanto nacional como internacional, así lo acredita. Ante ello, no existe fundamento ni legal ni fáctico, bajo ninguna perspectiva, para la terminación del contrato”, manifestó Salazar.

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El presidente de TPM agregó que una terminación unilateral del contrato significaría pérdidas millonarias. Detalló que han invertido más de 60 millones de dólares. En esos montos se incluye la reconstrucción del puerto luego del terremoto del 2016; asimismo, infraestructura para la Policía Antinarcóticos, Guardia Costera, cámaras, seguridad y controles en el puerto, una bodega de almacenamiento de granos.

“Lamentablemente estos intereses particulares atacan las iniciativas de desarrollo e inversión en la ciudad, boicotean inversiones portuarias, aeroportuarias y de desarrollo de infraestructura. Este es un nuevo intento de aprovechar un cambio de administración para, con excusas ilegales, lograr su cometido”, reprochó Salazar.

El funcionario destacó que además hay que tomar en cuenta otros beneficios, como la inyección económica a la provincia (que supera los $ 33 millones), más de 10.500 empleos directos, al menos $ 8,5 millones de regalías al Estado ecuatoriano, atención de 108.800 cruceristas e incremento del volumen de las operaciones.

De esto último, dijo que en mano estatal (2016) se registró un total de 622.744 toneladas; mientras que en 2022, bajo la operación privada, esa cifra fue de 1’127.093 toneladas.

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