Judicatura ratificó suspensión de jueza Ayala por su actuación en caso Villavicencio
La magistrada está fuera de sus despacho por 30 días, sin goce del sueldo
La jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Daniela Ayala, fue suspendida por 30 días sin sueldo, tras una decisión unánime del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). La resolución se adoptó este viernes 12 de diciembre de 2025, luego de que el órgano disciplinario concluyera que la magistrada incurrió en infracciones contempladas en los artículos 107.4 y 108.1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
La sanción se origina en su actuación durante la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre de 2025, dentro del proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio. En esa diligencia, donde se imputaba a los presuntos autores intelectuales, Ayala cuestionó de manera directa el trabajo de la fiscal del caso, Ana Hidalgo. Sus comentarios, calificados por la Judicatura como inapropiados para una jueza, incluyeron críticas a la “falta de imparcialidad y objetividad” de la investigación.
El entonces fiscal subrogante, Wilson Mentor Toainga, presentó una denuncia disciplinaria poco después de la audiencia. La Judicatura dispuso una suspensión temporal mientras se investigaba el comportamiento de Ayala, proceso que concluyó con la sanción ratificada este 12 de diciembre.
En su resolución, el CJ señaló que las expresiones de la jueza constituyeron una “agresión verbal” contra la fiscal, pues vulneraron su integridad personal y profesional. La entidad también determinó que hubo “actos de intimidación” al poner en duda la idoneidad de Hidalgo para ejercer el cargo. Para el organismo disciplinario, estas conductas se agravaron al haberse producido en una audiencia pública y en un caso de alta sensibilidad social, con repercusiones mediáticas y políticas.
La autoridad es observada
El informe final agrega que las declaraciones de Ayala no solo afectaron a la funcionaria directamente aludida, sino que también “deslegitimaron a la institución que representa”, configurando así una agresión de obra. Esta figura es aplicable cuando un servidor judicial realiza actos o expresiones que menoscaban la autoridad de otras entidades del sistema de justicia.
Ante estos hallazgos, el CJ dispuso mantener la suspensión de 30 días sin remuneración y recomendó que la jueza sea apartada del caso Villavicencio para evitar nuevos cuestionamientos sobre su imparcialidad. La Judicatura señaló que la conducta de Ayala contraviene el deber de moderación y neutralidad que deben observar los jueces en el ejercicio de sus funciones.
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