Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador
El ecuatoriano, investigado en el caso Encuentro–Metástasis, permanece en Colombia y no será entregado al Ecuador.
Nain Massuh Villarruel, requerido en Ecuador por el caso Encuentro, recuperó la libertad en Colombia luego de que ese país cancelara la orden de captura con fines de extradición. Así consta en el parte policial 2025120800162183917, elaborado el 8 de diciembre de 2025 por la Dirección General de Investigaciones y a la que EXPRESO tuvo acceso.
Según la información transmitida por Interpol Bogotá a su par en Ecuador, la Fiscal General de la Nación de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, emitió una resolución, el pasado 30 de octubre de 2025, que dispuso dos acciones clave: cancelar la orden de captura con fines de extradición contra Massuh y ordenar su libertad inmediata, exclusivamente para efectos del trámite de extradición.
El documento remitido por la oficina colombiana señala además que, tras la verificación realizada por el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), Massuh no registra requerimientos judiciales vigentes en Colombia ni alertas internacionales activas.
Colombia considera a Massuh un refigiado
La autoridad penitenciaria también informó que, con base en la resolución emitida por la Fiscalía colombiana, Massuh mantiene estatus de refugiado dentro del territorio colombiano. Esa condición impide su entrega a otro país mientras esté vigente.
La Policía ecuatoriana remitió esta información al juez Renán Andrade Castillo, de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, para el trámite correspondiente dentro del proceso que se le sigue en el Ecuador.
Massuh fue detenido en Bogotá en marzo de 2024, en una operación coordinada entre las autoridades colombianas y ecuatorianas. Su nombre apareció en el caso Encuentro por presuntos vínculos con una red de corrupción en las empresas públicas.
¿Qué es el caso Encuentro?
El caso Encuentro es una investigación penal iniciada en 2022 que expuso una red de corrupción estatal vinculada a presuntas gestiones de cargos públicos, cobros ilegales y tráfico de influencias dentro del gobierno de Guillermo Lasso.
La causa se desprendió de interceptaciones y reportes policiales que alertaron sobre negociaciones para obtener puestos estratégicos en instituciones claves, incluida la Aduana del Ecuador. La investigación alcanzó a funcionarios, intermediarios y empresarios que, según la Fiscalía, habrían participado en un esquema informal de reparto de cargos a cambio de dinero o favores políticos.
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