Proyecto de ley propone que fondos congelados por lavado pasen al Estado
La nueva fue enviada por el Ejecutivo el martes con carácter económico urgente
El pasado 29 de julio, el presidente Daniel Noboa envío a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto de ley económico urgente llamado Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. De las que, una de sus disposiciones más destacadas, propone que los fondos congelados por lavado de activos, fraude o financiamiento del terrorismo, sean transferidos a una cuenta única administrada por el Estado, en lugar de permanecer en el sistema financiero privado.
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De llegar a entrar en vigencia esta ley, la transferencia de esos montos deben hacerse a la cuenta única del Estado en un plazo de 30 días, según indica el documento.
El año pasado, la banca reportó a la Unidad de Análisis Financiero, más de 4.000 operaciones sospechosas a nivel nacional, que solo entre enero y mayo, ese tipo de transacciones representaron más de $600 millones, según ha reportado la entidad.
Control a fundaciones
Se trata de una disposición transitoria que le sigue a una segunda disposición que habla sobre el control a fundaciones y oenegés. Pues menciona que las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, ONG’s, organizaciones comunitarias o entidades sin fin de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operen en el territorio nacional, deberán cumplir con la obligación de registrarse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS) en un plazo no mayor a noventa (90) días.
El SUIOS es una plataforma creada por el Estado para registrar, organizar y supervisar a las organizaciones sociales, ciudadanas y ONGs que operan en el país.
¿Cuál es la finalidad?
Esto, con la finalidad de que el Gobierno, a través de diversas entidades, pueda prevenir el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas que, según ha mencionado a través de entrevistas radiales el presidente Daniel Noboa, se dan por medio de fundaciones sociales en el país.
La normativa además menciona que deberá ser la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la responsable de auditar y sancionar el uso indebido de fondos que reciben y administran las fundaciones. Además, se propone un impuesto del 12% sobre utilidades distribuidas por sociedades a sus socios.
“El incumplimiento de esta obligación (el registro en el SUIOS) acarreara la suspensión temporal de actividades y en caso de reincidencia la revocatoria de la personería jurídica, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento a esta ley”, menciona el documento.
Para todas estas nuevas medidas, el Ejecutivo, a través de este proyecto de ley, demanda reformas y añadidos en leyes como la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; en la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos; y de la Ley de Régimen Tributario Interno.
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