Prácticos del Puerto de Guayaquil advierten riesgos operativos y de seguridad
Un reglamiento puede reducir un 60 % el número de prácticos, afectando la seguridad y la operación del puerto
La Corporación de Prácticos del Puerto de Guayaquil ofreció una rueda de prensa para exponer una serie de requerimientos dirigidos a distintas instituciones del Estado, principalmente al Ministerio de Transporte e Infraestructura y a la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Piden la actualización de tarifas de practicaje; instalaciones adecuadas de descanso; garantías de seguridad; mantenimiento del sistema de señalización y la extensión de edad para desempeñar la actividad.
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El presidente de la Corporación, capitán José Segovia, explicó que una de las principales peticiones es la actualización de las tarifas del servicio de practicaje, las cuales no han sido revisadas oficialmente, se mantienen congeladas desde 1996. Es decir, más de 30 años sin ajustes, pese al incremento de costos operativos, tecnológicos y de responsabilidad que implica el servicio.
Según Segovia, la solicitud se sustenta en un estudio técnico, económico y regulatorio, alineado con estándares internacionales, que propone un ajuste proporcional al crecimiento del tamaño y tonelaje de las naves que hoy arriban al puerto de Guayaquil. "Es decir, teníamos un valor de 0,35 de dólares por el peso de la nave y estamos pidiendo ahora un incremento a 0,55 de dólares por el peso de la nave".
Mantenimiento del sistema de señalización
Otro punto crítico expuesto fue la seguridad de la navegación en el canal de acceso. El vicepresidente de la Corporación, capitán Roberto García, calificó como “desastrosa” la situación del sistema de balizamiento y señalización marítima. Indicó que aproximadamente el 35 % de las boyas se encuentra fuera de servicio, lo que incrementa significativamente el riesgo para las embarcaciones. Aunque en un boletín el gremio asegura que actualmente opera solo el 40 %, generando un alto riesgo para la navegación y la infraestructura portuaria.
García comparó el escenario con una ciudad donde más del 40 % de los semáforos no funciona, generando caos y peligro. Advirtió que el canal fue diseñado hace décadas para buques de menor tamaño y que hoy, con naves que duplican su eslora, tonelaje y calado, la falta de señalización adecuada podría derivar en incidentes graves que afectarían al comercio exterior del país.
El capitán práctico Julio Aníbal Acosta Manzanares recordó que los reclamos sobre la seguridad de la navegación en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil no son recientes. Señaló que estas advertencias ya fueron presentadas durante el gobierno del expresidente Lasso, mediante un oficio debidamente notarizado, en el que se detallaban los riesgos operativos y las preocupaciones del gremio de prácticos.
Sin embargo, según Acosta, estas alertas no fueron atendidas ni tomadas en cuenta por las autoridades competentes, "pese a que existían informes técnicos que advertían sobre el peligro que implica la actual operación del canal".
El capitán Acosta enfatizó que el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) determinó que el canal de navegación debe operar en una sola vía, "y no en doble sentido como se realiza actualmente, debido a sus limitaciones de ancho".
Acosta explicó que el canal tiene aproximadamente 120 metros de ancho, mientras que dos naves modernas pueden alcanzar 50 metros de manga cada una, dejando un margen mínimo de maniobra. “Ha sido la providencia la que ha evitado un accidente mayor”, afirmó, al señalar que la situación representa un riesgo latente para la seguridad marítima.
Finalmente, Acosta advirtió que las autoridades han hecho caso omiso a las recomendaciones técnicas de Inocar, lo que podría derivar en un incidente grave si no se adoptan medidas urgentes para garantizar una navegación segura en el principal puerto del país.
Diario EXPRESO solicitó la versión del Ministerio de Transporte, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no llegó la información.
Han presentado un escrito a la justicia
En el ámbito legal, el asesor jurídico Carlos Camba explicó que la Corporación ha presentado un derecho de petición para que las autoridades analicen el tema desde un enfoque estrictamente técnico, dejando de lado criterios políticos. Recalcó que el practicaje es un servicio público esencial para un puerto por donde se moviliza cerca del 95 % del comercio exterior del Ecuador.
Camba también cuestionó resoluciones administrativas que obligarían a los prácticos a capacitar a nuevos aspirantes sin remuneración, lo que vulneraría el derecho constitucional al trabajo digno y prohibiría el trabajo gratuito.
Por su parte, el abogado Miguel Benítez, quien lleva la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, explicó que una resolución emitida en 2023 estableció un límite de edad de 70 años para ejercer el practicaje, lo cual considera inconstitucional por violar el principio de reserva de ley y el derecho al trabajo.
De mantenerse esta normativa, advirtió, en mayo de 2026 cerca del 60 % de los prácticos de Guayaquil quedarían fuera de servicio, generando una situación crítica para la operación portuaria y aumentando la carga laboral para el personal restante.
Durante la ronda de preguntas, los prácticos alertaron además sobre problemas de seguridad física, como amenazas y extorsiones sufridas en años recientes, así como mayores costos logísticos por la inseguridad en las vías de acceso al puerto.
Finalmente, la Corporación insistió en que, sin correctivos urgentes en tarifas, seguridad del canal, regulación laboral y relevo generacional planificado, el Puerto de Guayaquil podría enfrentar una crisis operativa, con impactos directos en la competitividad y el comercio exterior del Ecuador.
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