Negociación con firmas telefónicas: el costo de un diálogo estancado en Ecuador

En Ecuador, renovar un contrato podría tomar hasta cuatro años. El caso insigne es la firma pendiente que el Estado, desde agosto de 2021, no ha podido alcanzar para que Conecel (Claro)y Otecel (Movistar) sigan ofreciendo el servicio por quince años más.

Los contratos por concesión fenecieron en agosto de 2023 y diciembre de 2024, pero el trámite de renovación se ha venido estancando en medio de requerimientos de información y trámites pendientes, valoraciones del espectro radioeléctrico y discrepancias sobre tarifas, lo que ha derivado en una retahíla de prórrogas a los convenios vigentes, que el próximo martes podría sumar su octava extensión.

Pero aunque esta última sea la vía para que el Gobierno siga garantizando un servicio a la ciudadanía, no es lo oportuno. Vianna Maino, quien fue ministra de Telecomunicaciones en el mandato de Guillermo Lasso, admite que estas demoras no solo “prolongan la incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones, sino que afectan la imagen del país ante el escenario internacional y la inversión privada extranjera, ya que generan dudas sobre la estabilidad y la claridad en las políticas regulatorias de Ecuador”.

Maino también fue parte de esta negociación que, dice ella, en su época avanzó en medio de las limitaciones de un corto periodo de gobierno. “Éticamente no era lo indicado concluir a presión una transacción de una envergadura tan relevante para el país. Lo indicado era dejarla preparada para su cierre en el siguiente gobierno”, argumenta.

No obstante, la inestabilidad política no es lo único que ha jugado en contra, “también nuevos elementos que encarecen el uso del espectro, como el despliegue de generadores de electricidad (en época de apagones)”, explica José Otero, director ejecutivo de ICT Development Consulting, empresa enfocada en proyectos de política pública en las tecnologías de la información y la comunicación, para impulsar la conectividad y reducir la brecha digital a nivel regional.

¿Cómo esta demora puede afectar a usuarios de telefónía?

Este problema, agrega, a la larga irá en detrimento de los usuarios de servicio móvil del país. “La principal consecuencia de todo lo anterior es sencilla. Las empresas seguirán limitando sus inversiones mientras no tengan certeza jurídica sobre la renovación de estas licencias. Sobre todo, cuando luego de la renovación se tendría que hacer una también atrasada y necesaria asignación de bandas de espectro en el país”, sostiene.

Si Ecuador se compara con otros mercados de la región, pierde atractivo. “En otros países se observa hoy en día una implementación de renovaciones automáticas y la asignación de espectros adicionales para impulsar 5G en zonas urbanas y LTE en zonas rurales o apartadas”. Un gran pendiente que tiene Ecuador y que lo sigue dejando rezagado en el camino de la conectividad y adopción de nuevas tecnologías.

“Es cierto que las concesiones móviles vencieron desde 2023, pero las conversaciones para su renovación comenzaron en agosto de 2021. En otras palabras, son casi cuatro años de diálogo sin que se haya podido llegar a un acuerdo”, dice Otero.

Telefónica y Tigo, a la espera de que se firme la renovación de la concesión

Cuidar los tiempos se vuelve mucho más clave, en un momento en que Millicom (Tigo) ha anunciado la compra de Telefónica de Ecuador (Otecel), por un valor que asciende a los $380 millones. Una nueva prórroga, creen los expertos, podrían trastocar este acuerdo y afectar esta nueva inversión que busca hacerse en Ecuador.

En junio de este año, en un oficio remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Madrid (España), Telefónica hizo el anuncio de esta venta de acciones, pero precisó que “el cierre de esta transacción está sujeto también a determinadas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias”, como la firma de renovación del contrato con Ecuador.

Maino habla de las oportunidades que Ecuador debería aprovechar con el arribo de una multinacional como Tigo. “Su llegada puede impulsar la innovación en el mercado ecuatoriano, facilitar la implementación de modelos de negocio más eficientes y atraer nuevas inversiones en tecnologías avanzadas como 5G. Latinoamérica, en general, es un mercado con alta demanda de conectividad y servicios digitales, pero con niveles aún bajos de penetración en zonas rurales”.

La experta en telecomunicaciones recuerda que la conectividad es fundamental para el desarrollo de herramientas como el ‘blockchain’, que ayuda a proteger la información, o el internet de las cosas, que permite mayor trazabilidad en sectores productivos y de exportación, potenciando la competitividad.

Datos de este proceso 

Vencimiento. Las concesiones móviles vencieron desde el 2023: El contrato de Claro terminó en agoso de ese año y el de Movistar en diciembre del año pasado. No obstante, las conversaciones para alcanzar una renovación comenzaron desde mucho antes: agosto de 2021. Es decir, cuatro años, sin lograr un acuerdo que beneficie a las partes.

Los costos. n En el 2008, en un inicio, Claro (Conecel) pagó $480 millones al Estado ecuatoriano; mientras que Movistar (Otecel), $240 millones. No obstante, en un mercado cambiante, las telefónicas han pedido que se actualicen los costos del espectro, que a nivel global, por la adopción de tecnologías, ha ido a la baja.

Estancamiento. Además de la estabilidad política, hay otros factores que han interferido en el proceso, como los requerimientos de información y trámites pendientes; la ausencia de valoraciones claves retrasó las negociaciones; obligaciones; y discrepancias sobre tarifas o temas recientes como la crisis energética y calidad del servicio.

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