Minería Ecuador: presentan cuarta demanda contra taza de Arcom
El sector minero ecuatoriano presentó una nueva acción judicial contra la tasa de supervisión minera
La Cámara de Minería del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización y control minero de ARCOM, convirtiéndose en la cuarta acción legal de este tipo presentada este 2025. La rueda de prensa congregó a representantes de la gran minería, mediana minería y pequeña minería del país, quienes buscan declarar inconstitucional la medida y suspender inmediatamente su cobro.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Valeria Silva, explicó que el Estado ecuatoriano pretende recaudar 229 millones de dólares con esta tasa, que varía desde 25% hasta 100% de un salario mínimo vital por hectárea. La variación depende de la fase del proyecto minero y el tipo de minería en Ecuador.
El abogado constitucionalista Emilio Suárez recordó que la tasa minera ARCOM se cobra desde julio de este año, y las empresas tienen hasta el 31 de julio para hacer los pagos. Las que no cumplan, advierte, podrían enfrentar procesos coactivos desde agosto 2025
Silva aclaró que la demanda contra la tasa minera no constituye un pronunciamiento contra el gobierno de Ecuador, sino contra una medida que consideran eliminaría al país del mapa de inversión minera en América Latina. La dirigente del sector minero ecuatoriano reveló que durante cinco semanas solicitaron mesas de diálogo técnico sobre la tasa ARCOM sin obtener respuesta del gobierno, lo que obligó al sector minero a recurrir a la Corte Constitucional del Ecuador.
Los argumentos clave del sector minero
El abogado constitucionalista Emilio Suárez explicó que la tasa presenta vicios de inconstitucionalidad tanto en el fondo como en la forma. Según su análisis, la medida no cumple los requisitos normativos para ser considerada una tasa, sino que debería haber sido un impuesto con aprobación presidencial y trámite legislativo. Suárez argumentó que se trata de un impuesto encubierto, considerando que ARCOM ya cobraba una tasa por amparo administrativo para casos específicos.
El economista Santiago Cabieres presentó datos que evidencian el impacto desproporcionado de la medida sobre un sector que ya enfrenta la carga tributaria más alta de la región. Comparó que mientras en Ecuador la patente de conservación cuesta 11.5 dólares por hectárea, en Chile el costo es de 3 dólares. Cabieres advirtió que la nueva tasa podría elevar estos costos hasta 400% por encima del promedio regional, afectando principalmente a la exploración.
Impacto económico y riesgos de desinversión
La situación es particularmente preocupante para la actividad exploratoria, donde la inversión alcanzó apenas 67 millones de dólares el año pasado, cifra que contrasta con los 600 millones invertidos en Chile o los 500 millones en Perú. Los representantes alertaron que muchas empresas enfrentan tasas que superan su inversión total en proyectos, su presupuesto operativo e incluso su valor de mercado, lo que obligaría a algunas compañías a venderse para cumplir con el pago.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Óscar Loor, dirigió un llamado al presidente de la República recordándole que el sector minero y el gobierno "remamos en el mismo barco". Loor cuestionó por qué deben pagar las consecuencias de decisiones que considera equivocadas, recordando que la industria minera siempre ha apoyado al gobierno en situaciones de crisis como pandemias, inundaciones, sequías y terremotos.
Guillermo Borroyo, de la Cámara de Pequeña Minería, advirtió sobre las graves consecuencias sociales que tendría la medida, especialmente en términos de desempleo. Borroyo señaló que la tasa podría fomentar indirectamente la minería ilegal, ya que las empresas que no puedan pagar entrarían en coactiva y tendrían que abandonar sus áreas, las cuales serían ocupadas por mineros ilegales.
La industria minera ecuatoriana generó el año pasado más de 3.000 millones de dólares en exportaciones y contribuyó con más de 1.200 millones de dólares en impuestos, consolidándose como el quinto sector contributivo más importante del país. El sector emplea directa e indirectamente a más de 10.000 personas y dinamiza la economía en las zonas rurales donde opera.
Proceso legal y nuevas acciones de inconstitucionalidad
Respecto al proceso legal, la demanda de la Cámara se suma a otras tres acciones de inconstitucionalidad ya presentadas contra la tasa minera, para un total de cuatro demandas ante la Corte Constitucional. Los abogados explicaron que cuando se presentan múltiples demandas sobre el mismo tema, estas se acumulan a la primera que se admite a trámite.
La demanda de la Cámara solicita la suspensión temporal de la tasa mientras se resuelve el proceso de fondo, y los representantes estiman que la Corte podría pronunciarse sobre la admisión en aproximadamente un mes.
El sector minero mantiene su disposición al diálogo técnico pero considera que la medida actual compromete el futuro de la industria en un momento crítico, cuando Ecuador había abierto el catastro minero después de siete años de cierre.
Los representantes del gremio insisten en que buscan soluciones viables tanto para el Estado como para la industria, pero que la imposición de esta tasa sin consulta previa pone en riesgo las operaciones actuales y desalentará las futuras inversiones en el país.
