Mejores políticas de desarrollo en Ecuador. Esto se plantea para apagar la protesta

Pese a los anuncios parciales de "fin al paro", el movimiento indígena de la Conaie y grupos aliados, dicen 'no bajar los brazos'. Esto porque las compensaciones anunciadas ni las vías de solución que se plantean, no son un aliciente para enfrentar la eliminación de subsidios a los combustibles. El Gobierno ha desembolsado $ 300 millones en compensaciones, pero eso no es suficiente. De ahí el debate de algunos sectores sobre la necesidad de revisar o no la política de incentivos, especialmente para el sector indígena que lidera las movilizaciones. 

Michel Saud, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, cuantifica el costo del conflicto. Imbabura ha perdido más de $ 45 millones en estos 25 días. Solo Ibarra registra $ 24 millones en pérdidas. Cotopaxi suma otros $ 68 millones más.

“Se rompió la cadena de pagos en Imbabura. Nadie vende, nadie compra, no hay consumo”, afirma. Los comerciantes no pueden pagar a empleados, cumplir con arrendamientos ni honrar compromisos con el sistema financiero.

David Vera, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y director de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), identifica el error de origen. Las compensaciones no se diseñaron pensando en quiénes sufrirían mayor impacto económico por el alza del diesel, sino en quiénes podían generar mayores problemas políticos al Gobierno. “No tuvo ningún criterio económico. Tuvo criterio exclusivamente político”, sentencia.

Vera admite que hacer compensaciones para poblaciones indígenas es más complejo. Surgen preguntas sobre quién define qué es indígena, qué es una jurisdicción indígena. “Sin embargo no es imposible, hay cantones que tienen un porcentaje bastante alto”, aclara. El problema es que diseñar e implementar ese esquema toma tiempo que el Gobierno no parece dispuesto a invertir.

Desde el sector productivo, Saud es claro sobre lo que realmente necesitan. “No estamos pidiendo compensaciones. Pedimos reglas y normas para trabajar en libertad”, afirma.

La Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, en este contexto, propone créditos de la banca pública con tasas bajas, de un solo dígito, para resarcir las pérdidas acumuladas. En reuniones con la vicepresidenta y varios ministros han planteado esta inyección financiera específica para Imbabura.

Para el sector rural, Saud señala que se requiere inversión en salud, educación, servicios básicos, y sobre todo logística que permita a los pequeños productores colocar sus productos en el mercado. Estas medidas estructurales, según la Cámara, serían más efectivas que compensaciones monetarias temporales.

Patricio Alarcón, analista económico, propone alternativas concretas. Primero, mantener el precio del diesel subsidiado solo para el transporte público, con un plan bien diseñado, tecnología adecuada y plazos claros para evitar alzas de pasajes. “Eso es lo que más va a afectar a las bases”, explica.

Segundo, implementar subsidios focalizados para el sector agropecuario, similar al modelo estadounidense, especialmente para productos específicos en la Sierra. También sugiere respetar el precio del diesel para maquinaria agrícola. “Los subsidios deben ser focalizados, temporales y solo para los más pobres o quien pueda generar mucho trabajo”, enfatiza. El Gobierno debe además revisar su política arancelaria para bajar el costo de productos e insumos, y reducir gastos innecesarios.

Anthony Pozo, profesor de Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), considera que el Gobierno debería revisar la decisión y cambiar de estrategia. En lugar de una eliminación abrupta como la actual, propone un retiro progresivo del subsidio que se implemente de forma gradual en el tiempo. Esto daría a las empresas la oportunidad de buscar alternativas energéticas y ajustar sus estructuras de costos. Al mismo tiempo, permitiría coordinar con el sector público un incremento paulatino de los ingresos de las familias, para que vaya a la par del alza de precios. “Si se incrementa el costo de la canasta básica y no se incrementan los ingresos, las familias no van a alcanzar a cubrir sus necesidades aunque trabajen papá y mamá”, advierte el académico.

Un problema futuro

Vera proyecta un escenario de conflicto prolongado, con respecto al paro. Sin voluntad de diálogo de ambas partes, el Gobierno apostará por contener las protestas con fuerza en lugares de alta concentración como Imbabura, pero si los cierres se dispersan será inmanejable. “Yo creo que el asunto viene en aumento”, advierte. El analista prevé un “juego del gato y el ratón” que podría extenderse hasta las elecciones de noviembre: aparecen cierres en distintos puntos del país, el Gobierno los contiene, pero surgen nuevos focos de protesta.

El problema mayor se avecina cuando se acaben las compensaciones, explica el economista. Los bonos que reciben los transportistas duran entre seis y ocho meses, dependiendo de la modalidad. El Bono Raíces para agricultores fue un pago único de $1.000. Cuando estas ayudas terminen, serán los municipios los que deberán autorizar el alza de los pasajes del transporte público, y ahí el impacto en el costo de vida golpeará directamente a las familias ecuatorianas.

Vera advierte sobre otro factor que agravará la situación. El Gobierno acaba de recibir la aprobación del FMI para un desembolso de $ 600 millones, pero ese financiamiento no es gratuito. Viene con contrapartidas y compromisos. “Aún no sabemos qué más se pueda venir en lo económico, pero esto puede poner un tema más de carga en el gasto familiar”, señala. Si a la eliminación del subsidio al diesel se suman nuevos ajustes económicos, el costo político y social para el Gobierno podría superar al del paro actual.

Sin embargo, el sector indígena, epicentro de las protestas, no cuenta con compensaciones específicas diseñadas para sus necesidades particulares. El Gobierno compensó a transportistas y agricultores en general, pero no implementó medidas focalizadas para las comunidades indígenas que enfrentan las condiciones económicas más precarias del país.

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