Medida de presión o "autogol económico": el debate por la tasa a Colombia
La tasa del 30 % a las importaciones colombianas busca presionar en seguridad, pero abre riesgos de inflación
El anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de aplicar una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia abrió un nuevo frente de debate económico, comercial y político. La medida, presentada como un mecanismo de presión frente a la falta de reciprocidad y acciones firmes del país vecino en la lucha contra el narcotráfico, genera reacciones encontradas entre analistas y actores del sector productivo.
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Para el exministro de Economía, Fausto Ortiz, la decisión del Ejecutivo debe leerse como una jugada estratégica con un fuerte componente político y de seguridad. En declaraciones a Diario EXPRESO, explicó que el Gobierno busca forzar una respuesta más contundente de Colombia en el control fronterizo, con el objetivo de frenar el ingreso de drogas y evitar que Ecuador continúe siendo un país de tránsito del narcotráfico, un fenómeno que ha agravado de forma crítica la inseguridad interna.
Ortiz considera que, desde la perspectiva del Gobierno, los beneficios esperados en materia de seguridad superarían los costos comerciales y diplomáticos. Sin embargo, advirtió que la relación bilateral podría tensarse, especialmente porque Colombia es un proveedor clave de electricidad para Ecuador, lo que abre la puerta a posibles represalias.
En paralelo, el exministro señaló que el presidente Noboa busca posicionar al país en escenarios internacionales como un destino atractivo para la inversión extranjera. Actualmente, la inversión extranjera directa representa apenas el 0,7 % del Producto Interno Bruto, una de las cifras más bajas de la región. A su criterio, una meta razonable sería elevarla al 1 % o 1,5 % del PIB entre 2026 y 2027, lo que permitiría impulsar un crecimiento económico superior al 1,8 % proyectado por el Banco Central.
La medida va encarecer los productos colombianos
No obstante, el impacto de la tasa de seguridad genera fuertes cuestionamientos. Para el analista económico Alberto Acosta, la medida es un “autogol” que tendrá consecuencias reales para la economía ecuatoriana, según escribió en la red social X. Destacó que lejos de castigar a Colombia, el incremento de aranceles encarecerá los productos importados y trasladará el costo directamente a los consumidores ecuatorianos, generando inflación importada.
Uno de los puntos más sensibles es la energía. De acuerdo con datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), entre el 1 y el 19 de enero de 2026 Ecuador importó en promedio 234 megavatios de electricidad desde Colombia, lo que equivale al 52 % del total que puede recibir del país vecino. Acosta advierte que cualquier tensión bilateral podría traducirse en electricidad más cara, con efectos en cascada sobre la industria y el costo de vida.
El comercio exterior también está en juego. Según el Banco Central del Ecuador, hasta noviembre de 2025 el país importó desde Colombia alrededor de 1.700 millones de dólares. Solo en medicamentos, las compras sumaron 118,7 millones de dólares; en insumos agrícolas como insecticidas, fungicidas y herbicidas, 68 millones; y en energía eléctrica, 67 millones de dólares. A esto se añaden importaciones en productos de cuidado personal y belleza, como maquillaje y cuidado de la piel por 59,7 millones, productos capilares por 42,7 millones e higiene bucal por 37,3 millones de dólares.
En el sector automotriz, Ecuador importó vehículos de carga por 55,6 millones de dólares y automóviles de turismo por 33,5 millones. Para los críticos de la medida, estos sectores serán los primeros en reflejar el impacto de la tasa, con alzas de precios que terminarán afectando al consumidor final.
Además, persiste la incertidumbre sobre la reacción de la Comunidad Andina. Expertos advierten que Ecuador podría enfrentar sanciones, ya que este tipo de medidas no pueden adoptarse de manera unilateral sin vulnerar los acuerdos del bloque regional.
La tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas marca un punto de inflexión en la relación bilateral y pone a prueba el delicado equilibrio entre seguridad, comercio y estabilidad económica. Mientras el Gobierno apuesta a que una medida firme obligue a Colombia a reforzar el control fronterizo y reduzca el narcotráfico, analistas advierten que el costo podría recaer sobre los hogares ecuatorianos, con inflación importada, energía más cara y tensiones comerciales.
El desafío para el Ejecutivo será sostener su estrategia de seguridad sin comprometer el abastecimiento, la competitividad ni los acuerdos regionales. En un contexto de alta dependencia comercial y energética, cualquier escalada podría tener efectos económicos y sociales que vayan mucho más allá del objetivo inicial de la medida.
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