Si bien los cambios laborales han sido los que más reacciones han generado de la Ley Humanitaria, otros temas también encienden las alarmas en otros ámbitos.

El sector turístico ya ha reclamado sobre una disposición transitoria que contiene la ley, que actualmente está en manos del presidente Lenín Moreno, quien tiene 30 días para realizar observaciones.

La disposición transitoria vigésima segunda señala que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la Dirección General de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, establecerán la conveniencia de activar los aeropuertos de las Islas Galápagos para vuelos internacionales directos.

Según el texto legal, esto se realizará en coordinación con los ministerios de Turismo y Salud, como con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia para que determinen su factibilidad, hasta que el sector turístico del Ecuador continental se recupere.

¿Qué tan factible es que lleguen vuelos directos a Galápagos actualmente? Para Nicolás Larenas, experto en materia aeronáutica, convertir a Galápagos en un punto de conexión internacional directa puede tomar de 18 meses a dos años, por temas logísticos.

La razón principal tiene que ver con el abastecimiento de combustible, de tipo Jet A1, para que las aeronaves puedan abastecerse para realizar sus largos periplos, explicó Larenas. Ello implicaría la construcción de tanques de almacenamiento de gasolina.

Buques tanqueros deberían abastecer constantemente de combustibles al aeropuerto de Galápagos y ese procedimiento puede ser riesgoso para el delicado ecosistema de Galápagos, añadió el experto.

Para Larenas, impulsar vuelos directos no aportaría a incrementar el flujo de visitantes, en momentos en el que el sector turístico está contraído a escala global, debido a la pandemia de COVID-19.

Otro punto crítico que ha golpeado a Galápagos tras la crisis del coronavirus es la situación delicada que atraviesa el sector de cruceros, una de las fuentes importantes de turistas que no podrá operar en el mediano plazo, anotó Larenas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, sostuvo que la decisión puede afectar al sector turístico de Quito y Guayaquil. Los turistas debían pasar por esas ciudades, obligatoriamente, antes de llegar a las islas.

Normal Bock, presidente Ejecutivo de Hoteles de Quito, señaló que la disposición puede afectar a todos los destinos de Ecuador continental. “Se afecta el destino de la Sierra, se afecta el destino de la Amazonía, los proyectos turísticos que tienen alrededor de las haciendas”. Solo en Quito, se podría perder unos $ 20 millones al año, dijo Bock.

A escala nacional, el rubro de turismo ya calcula las pérdidas para este año. Según una estimación preliminar, se prevé que las ventas se reduzcan en 70 % al cierre de 2020, comparado con el año pasado. Por ejemplo, en su mayoría, los hoteles han dejado de operar y actualmente sirven de albergues para médicos o para extranjeros que se han quedado varados en el país.

El riesgo ambiental es otro de los problemas que preocupa a diversos sectores. Para el presidente de Hoteles de Quito, la afectación sería grave y añadió que la isla no está preparada.

El exministro de ambiente Tarsicio Granizo sostuvo que los vuelos directos a Galápagos traen un riesgo adicional: al no haber controles en los aeropuertos de origen hay una probabilidad enorme de introducción de especies invasoras y plagas.

En redes sociales ya hay una campaña para frenar la medida. Roque Sevilla, presidente del Grupo Futuro, que reúne empresas del sector turístico, seguros, energía y agricultura de alta tecnología, publicó en su cuenta de Twitter que se sumen y firmen a la petición en change.org para no permitir los vuelos directos a Galápagos.