Si se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis canitaria derivada del Covid-19 tal como lo quieren los asambleístas, las microfinanzas caminarán sobre la cornisa. Mientras la Asamblea Nacional debate esta ley, que contempla un reducción de tasas de interés y un mayor diferimiento, generalizado, a favor de los deudores.

Hasta abril de 2020 solo la banca privada tenía colocado 2.000 millones en préstamos a las microempresas, el 7 % del total de la cartera; pero un monto mayor tienen las entidades de la economía popular y solidaria, que se especializan en ese nicho de mercado.

Patricio Chanaba, director ejecutivo de Asomif, Asociación de Instituciones de Microfinanzas, habla sobre lo que se viene si se aprueba una ley salida de los intereses políticos y no técnicos.

Asomif agrupa a los bancos privados especializados en microcrédito: Solidario, Banco Desarrollo, Finca, Visionfund y De Miro, que atienden a más de 800 mil clientes con más de 1.000 millones de dólares en cartera de crédito. “Hemos enviado a la Asamblea Nacional nuestras inquietudes sobre ciertas disposiciones de la Ley Humanitaria que creemos serán nocivas para el sistema financiero en general, en especial para los microempresarios más pequeños”.

Algunos asambleístas querían que se baje vía ley la tasa de interés (activa) pero eso complejo, es un tema de mercado y como tal funciona en todo el mundo, señala a Diario EXPRESO.

En los países subdesarrollados hay tasas muy altas para el microcrédito. En Ecuador, señala Chanaba, están en menos del 30 % en Perú y Colombia 75 y 85 %. “Esa no es esa la justificación, sino un reflexión de por qué son altas”. La respuesta: El micro no tiene información formal, el banco solo lo evalúa en el escritorio, no tiene historial crediticio ni garantías financieras, no tiene gente que respalde la operación; tiene un riesgo alto, que lo cubre una tasa elevada.

Estos bancos especializados tienen una demanda alta de créditos de este tipo, y también, para poder atenderlos cuentan con un “arsenal" de oficiales de crédito que salen con teléfonos, con tablets, en motos, con sistemas tecnológicos para levantar esa información en campo, no una vez, si no varias, para organizar esa información. Luego hay que procesar esos datos. “Hay que dotar provisiones, con el agravante que el costo del fondeo de las  entidades financieras  es un problema, porque los microempresarios no ahorran. Estas entidades se fondean con dinero de afuera”.

Valeria Llerena, que dirige la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, coincide en que la tasa no se la puede fijar por una decisión política, “es un tema técnico”. La tasa afecta más a la oferta que a la demanda, si se la baja se contrae la oferta porque los costos de colocar en un determinado segmento puede que no sean cubiertos por esa tasa de interés.

Según dice, hay segmentos como el microcrédito en donde hay metodologías especializadas, costosas, porque implican costos de desplazamiento de oficiales de crédito, seguimiento continuo.

Es importante que se involucren la misma Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ha trabajado en ello, porque este es un tema relevante donde hay que analizar cómo se fondean los bancos. Se necesita una banca de segundo piso que coloquen los créditos, agrega Llerena.

Según Asomif, cuando los precios de esta actividad (tasas de interés) son definidos sin un análisis técnico y sin reconocer la realidad del sector, se afecta la inclusión de los microempresarios, especialmente de los más pequeños. "Esto ha sucedido en los últimos años en el país, la exclusión de clientes que requieren montos reducidos de crédito para sus micro actividades empresariales, debido a que el costo de su procesamiento no está compensado con el precio (tasa)".

La intención de hacer un diferimiento general, resalta la entidad, de 90 días o más de todas las obligaciones crediticias de los clientes del sistema financiero es uno de los elementos más peligrosos que pueda considerar una ley. Obligar a las entidades financieras a diferir indiscriminadamente todas las obligaciones de sus clientes, en períodos que no atienden ningún análisis técnico, generará un descalce descomunal para sus obligaciones con los depositantes y acarreará una intensa presión en la liquidez bancaria. "Un coctel para la crisis financiera"