La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

Jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad llegaron desde distintos rincones de Guayaquil con carpetas repletas de documentos y meses de frustración acumulada, para participar en la primera audiencia virtual, por el caso del atraso en la devolución del Impuesto al Valir Agregado (IVA). Entre ellos, Harry Valarezo Gómez, representante de los jubilados del Ministerio de Educación del Guayas, quien tomó la palabra apenas empezó la audiencia. “Estamos reclamando un derecho justo”, dijo con voz firme.

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La audiencia reunió testimonios, oficios y argumentos legales que exponen la misma historia: miles de personas llevan meses esperando la devolución del IVA, un beneficio que, por ley, debe entregarse en un máximo de dos meses para los adultos mayores y hasta 90 días hábiles para las personas con discapacidad. Pero la realidad ha sido otra. “El último pago fue en septiembre de 2025, pero devolvieron el impuesto a algunos hasta abril de 2025”, dice Harry. “De ahí, nada. Solo nos notifican que la solicitud fue aceptada, pero la plata nunca llega”.

El trámite, cuentan, es desgastante. La notificación no llega por correo; deben ingresar manualmente al sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), revisar si hay una resolución, esperar dos meses del proceso administrativo y luego tres meses adicionales para un pago que ya no llega. “No podemos esperar cinco meses para que nos devuelvan un solo mes”, reclama Harry. “Y no es acumulado. Devuelven mes por mes. Eso es lo indignante”.

El Gobierno asegura haber desembolsado cerca de 300 millones de dólares tras la eliminación del subsidio al diésel. Pero los afectados responden que ese dinero no se refleja en sus cuentas. “Si no hubiéramos presentado la acción de protección, seguiríamos igual”, dice el abogado Jorge Iturburu.

En el grupo también hay preocupación por versiones oficiales que hablan de intentos de fraude al SRI y el ente justifica su actuar indicando que se toman el tiempo para asegurarse de que están devolviendo el IVA realmente a un adulto mayor o a una persona con discapacidad. Los presentes coinciden en que eso es responsabilidad del Estado, no de los beneficiarios. “Si hay casos irregulares, que los investiguen”, afirma Valarezo. “Nosotros solo pedimos que se cumpla la ley”.

Se desconoce el número exacto de personas a quienes no les han devuelto el IVA. Pero los retrasos varían: algunos no reciben la devolución desde mayo; otros acumulan ocho meses; otros superan el año sin ver un solo centavo. “Yo trabajé más de 40 años”, dice Edgar Guingla, adulto mayor. “Ese dinero es para medicina, para vivir con dignidad. Seis meses sin recibirlo es demasiado”.

¿Dónde está el dinero?

El abogado defensor, Iturburo, asumió el caso de manera gratuita porque él mismo vive la misma afectación. “Esto no es un problema aislado. Es nacional”, afirmó. “Pedimos que la jueza emita una sentencia con efecto general, para que beneficie a todo adulto mayor y persona con discapacidad que lleva meses esperando”.

Durante la diligencia, el propio Ministerio de Finanzas reconoció haber transferido más de 300 millones de dólares al SRI en septiembre. Para el abogado, ese dato revela la principal pregunta de todo el proceso: “¿Dónde está la plata?”.

Según explicó, la falta de devolución vulnera varios derechos: el derecho de petición, la seguridad jurídica, el debido proceso y los principios constitucionales que protegen a grupos de atención prioritaria. La audiencia presentó oficios sin respuesta, un exhorto de la Defensoría del Pueblo ignorado.

La reinstalación de la audiencia está convocada para el próximo 8 de diciembre de 2025, y los asistentes esperan que la jueza tome una decisión jurídica, no política. “Esto no es un favor”, concluye el abogado. “Es un derecho. Y aquí se está vulnerando la dignidad de miles de personas que dependen de ese dinero para vivir”.

La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia

En la audiencia participó Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo del Guayas, en calidad de amicus curiae, que es una persona o institución que no es parte directa del proceso judicial, pero que interviene para aportar información, criterios técnicos, jurídicos o de interés público que pueden ayudar al juez a tomar una mejor decisión.

A la salida de la audiencia que fue virtual, los jubilados se quedaron contando otra vez los meses que llevan esperando. Lo único que piden es que esa espera termine.

En la audiencia Iturburo remarcó que si el fallo es a favor debe beneficiar a todas las personas que no le han devuelto el IVA dentro del tiempo legal. 

Iturburo aseguró que la acción de protección tiene un efecto erga omnes, es decir, que beneficiará a todas las personas que hayan cumplido con solicitar la devolución del IVA y cuyos pagos estén pendientes.

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