Juan C. Navarro: “Estamos de acuerdo con eliminar subsidios, pero no en cómo se hace”

Desde mayo pasado es la principal cabeza del sector empresarial y quien, de ahora en adelante, tendrá el desafío de acercar al Gobierno y los empresarios. Juan Carlos Navarro se baña en optimismo para creer que, en colaboración, se puede trazar una ruta de cambio en el país.

- Uno de los llamados de los gremios empresariales es servir de puente para dialogar con los gobierno de turno. ¿Qué rol tendrá su gestión?

- Hemos llegado a este puesto conscientes de la realidad económica y de inseguridad que enfrenta el país y que hay que tomar decisiones muy fuertes, y ahí es donde estamos nosotros. Junto al Gobierno queremos trazar políticas, proyectos de inversión público-privada que fomenten el desarrollo. Y en este proceso podremos coincidir o quizás podamos diferir en algunos ‘cómos’ para lograr esos objetivos, pero hasta para eso tenemos que sentarnos a conversar.

- ¿Ustedes ya han podido definir esos ‘cómos’? ¿Qué se debe cambiar para hacer que esta colaboración tenga un efecto real? Siempre se habla de lo mismo, pero con pocos resultados.

- En cada ‘cómo’ aplica un ‘qué’. Y aquí en este país hay muchos ‘qué’ por solucionar. El que tiene que priorizar los temas es el Gobierno. Y en ese sentido, en estos días ya nos hemos reunido con diferentes ministros para tratar temas urgentes como la seguridad.

-En la ley que busca contrarrestar la economía del crimen, se incentiva la participación de empresas en esta lucha, dando exenciones tributarias a cambio de que ustedes equipen a las Fuerzas Armadas, pero esto ya se hacía con la Policía. ¿Qué es lo nuevo en esta receta?

- El Gobierno plantea que si donamos 30 camionetas que valen 1’000.000 de dólares, podemos deducir el 150 % de ese valor en el impuesto a la renta. ¿Qué es lo nuevo? Que a cambio se tomen esas 30 camionetas y se las deje en el sector donde fue hecha la donación. Es decir, buscamos que haya algo recíproco donde se esté contribuyendo al tema de seguridad nacional, que la empresa privada también esté recibiendo beneficios, que es tener mayor seguridad, algo que actualmente no lo tiene. Antes decíamos: “Ok, nosotros aportamos, ¿pero las camionetas o las armas que dimos dónde están?”, y se nos decía que están en otros sectores, pero donde no operamos. Ahora hemos tenido el compromiso del Gobierno para que ese aporte se quede en el sector donde uno está.

- ¿Y qué pasará con aquellos sectores críticos donde no hay empresas con un músculo financiero fuerte para donar?

- Eso ya es labor del Gobierno. Su responsabilidad es dar seguridad a todo el Ecuador. Lo que nosotros hacemos es contribuir, en la medida de lo posible.

- ¿Y qué tan viable es este aporte, teniendo en cuenta que la situación económica no repunta y que se viene una reforma tributaria que puede restar certidumbre a las empresas? 

- Conversamos con el presidente hace dos semanas y él fue enfático en decir que al momento no hay una reforma tributaria (que implique subir impuestos). Lo que se espera es mejorar la recaudación.

- Y revisar las exenciones tributarias que se entregan.

- Ahí estamos hablando de ayudas, de subsidios de todo tipo, que es lo que hoy ya se está implementando en el caso de combustible, por ejemplo. Y ante eso estamos formando mesas técnicas por sectores, para hablar de medidas compensatorias que amortigüen los efectos para los sectores que lo requieran...cuyos resultados tenemos que irlos evaluando trimestralmente.

- Y cómo están tomando ustedes este retiro de subsidios, por un lado está el ajuste de tarifas eléctricas, por otro la eliminación del subsidio al diésel para la flota atunera.

- Se anunció lo de las tarifas de energía, pero nadie, absolutamente nadie, sabía que eso iba a pasar…luego se nos dijo que los costos del subsidio para las empresas más grandes son insostenibles. Entendemos eso, pero también le hemos hecho ver al Gobierno que, por el lado público, tomando sus propias cifras, también hay ineficiencias de cerca de 700 millones de dólares que se desperdician o que se pierden en temas de distribución y áreas de transmisión. Ante eso, no se puede tratar de solucionar un déficit que se viene arrastrando por algunos años por ineficiencia. Creemos que en este momento, dado los problemas económicos que venimos arrastrando, meter un incremento en la tarifa eléctrica así en la manera como se lo plantea, eso no solo afectará los costos, sino que se trasladará al consumidor final. Nuestra propuesta es que se establezcan plazos de tal manera que se permita que el mercado se autorregule, para no sentir un impacto fuerte.

- ¿Pero este problema de ahora no es también una consecuencia de la dependencia empresarial a los subsidios estatales? Está el caso de la energía, pero también el de la flota atunera que llevaba años pidiendo que se mantenga el diésel subsidiado en aras de proteger su competitividad.

- No es así de sencillo. Por un lado hay un subsidio que el Gobierno quiere eliminar, perfecto, que lo haga, pero que liberen la libre importación de diésel, para comprar a quien yo quiera, sin tener que pasar por Petroecuador. Pero eso no se puede hacer porque la Constitución actual es estatista, le da al Estado todo el poder de negociación en los sectores estratégicos. En distribución y transmisión de energía igual, también se nos dice que debe ser necesariamente a través del Estado.... Entonces, por ese lado no es tan sencillo salir de un esquema obligado, diseñado con subsidios que se dan no solo al sector productivo, sino a los hogares en general.

- Y qué han hecho para salir de este esquema. ¿La empresa no ha caído en zona de confort?

- No, para nada, absolutamente para nada. Nosotros hemos pedido tratar estos temas, pero ha dependido del poder y decisión política, ahora se lo está haciendo porque las cifras no dan, porque el subsidio es insostenible.

-En medio de esto, los atuneros continúan pidiendo ayuda para cambiar una flota que tiene más de 40 años de antigüedad. Pero este es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, ¿por qué no se ha reinvertido la renta en el sector, no hay un mea culpa que hacer allí? Habría que empujar a que las empresas sigan un modelo de eficiencia tal como lo siguió el sector camaronero, por ejemplo.

Definitivamente sí...pero esa es una pregunta que hay que hacérsela al sector, ellos mejor que nadie saben por qué no se hizo o sí se hizo. Debieron de haber pasado muchas cosas también que no pasaron. En el ámbito político, hay muchas leyes que debieron haberse cambiado y no se cambiaron. Hay que juzgar la historia en el contexto que se vive.

- Pasemos al tema de seguridad social. Como actores que también aportan al IESS, qué ideas de cambio tienen ante su situación precaria?

- El problema del IESS va un poquito más allá del hoy. El principal deudor del IESS es el Estado, con una deuda impagable a la cual hay que buscarle una solución, ver cómo se corrige eso.

- Pero más allá de la falta de aporte del 40 %, ¿qué pasa con el saqueo que se hace a la entidad, toda la corrupción que viene también de empresas a través de contratos amañados y sobreprecios?

- Como dijo el presidente Bukele, “si no se roba, alcanza”. Todo está en el control, en hallar las vías para acabar con esa corrupción y de eso hay que sentarnos también a conversar.

- Ustedes tienen un representante en el directorio. ¿Qué han hecho para presionar un cambio?

- Este es un tema que sí se llegó a conversar con Eduardo Peña, el anterior presidente del IESS. Ahora está Edgar Lama, y con él nos sentaremos a conversar para analizar vías de solución. Una de esas es la privatización. Creemos que mientras el IESS esté bajo un paraguas político, mientras tenga dependencia, filtración política, es posible que se mantenga la corrupción, porque no hay un control efectivo. No digo que la corrupción sea potestad del sector público, pero si comparamos la empresa privada con la empresa pública, esa incidencia es mínima. En la empresa privada, si se detecta un mal elemento se va la persona; pero en la pública, no pasa nada, se lo cambia de lugar.

- ¿Y la afinidad entre el Gobierno y Lama? ¿Habría dificultad en el sentido de separar funciones y evitar que una vez más interfiera la política?

- Yo no veo que Edgar Lama sea un obstáculo como delegado del presidente, pero Lama es quien tiene que crear las directrices para liberar al IESS de tentáculos políticos y de corrupción, hacer que estos tentáculos no entren más en la compra de medicamentos en los que se aplican sobreprecios, en la adquisición irregular de equipos médicos o en la administración de los diferentes hospitales. Un político no debe administrar un hospital. Esa es la labor que esperamos que cumpla Lama. Y como empresa estamos dispuestos a conversar con quien se tenga que conversar para hallar mejoras a este problema.

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