Tarifas eléctricas: una medida justa pero con costo ciudadano
La eliminación del subsidio a grandes industrias tiene respaldo, pero las críticas apuntan a la falta de compensación
El anuncio del Gobierno de eliminar el subsidio eléctrico a grandes industrias divide las opiniones dentro del sector productivo. Aunque algunos reconocen la necesidad técnica del ajuste, todos coinciden en que el costo terminará por trasladarse inevitablemente al consumidor final.
La medida impacta a empresas clasificadas como AV1 y de medio voltaje. Para el primer grupo, que abarca cementeras e industrias de Durán, el costo por kilovatio hora pasará de $0,0791 a $0,1022. Las industrias de medio voltaje, ubicadas en parques industriales, pagarán $0,1164 por kWh, frente a los $0,0927 anteriores.
Los empresarios consultados coinciden en la justificación técnica del ajuste. El exministro de Energía, Fernando Santos, respalda la decisión y asegura que sincerar las tarifas es el camino adecuado, dado el déficit que arrastra el sector eléctrico por los actuales subsidios.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), coincide en que avanzar hacia tarifas realistas es una decisión compleja, pero necesaria para construir un sistema energético sostenible y corregir distorsiones que han frenado la inversión y la eficiencia. Por su parte, Henry Yandún, presidente ejecutivo de Kubiec, del sector acerero, sostiene que el ajuste busca cubrir los costos reales de producción y distribución de energía.
Alza de tarifas eléctricas industriales: Importa el cómo
Las coincidencias, sin embargo, se diluyen al analizar la implementación. Santos cuestiona que el alza debió aplicarse de forma progresiva, con mecanismos de compensación al consumidor.
González en cambio observa la falta de reglas claras y de un ente técnico independiente que supervise la proporcionalidad de los incrementos. “Parte del alza responde a la ineficiencia del sector público para generar energía competitiva, lo que limita a las industrias frente a competidores de países como China, donde el costo industrial ronda los $0,088 por kWh, muy por debajo del nivel alcanzado en Ecuador” explica Yandún.
Pero el punto de consenso vuelve al impacto directo en el consumidor. Santos es enfático al advertir que “el incrementar la tarifa a los sectores industriales va a significar que los productos que estos se elaboran también suban de precio”, y añade que “a la final el ecuatoriano, consumidor de esos productos, tendrá que pagar este incremento”.
González coincide en que el alza energética se trasladará gradualmente a lo largo de la cadena de valor, afectando tanto los procesos de producción como de distribución. El impacto será más severo en sectores con alta dependencia energética y márgenes reducidos.
El nivel de afectación variará según el sector económico. Entre los más vulnerables están construcción, textiles, procesamiento de alimentos y productos enlatados. Santos anticipa un aumento en el precio de las viviendas futuras debido al encarecimiento de la industria de la construcción. González detalla que las actividades más expuestas incluyen procesamiento de alimentos, refrigeración, logística intensiva y producción continua.
alternativas de generación eléctrica
Ante este escenario, algunas empresas exploran alternativas de generación energética propia, aunque con limitaciones. Yandún explica que el sector acerero está implementando la norma ISO 50001 de eficiencia energética y, en algunos casos, instalando paneles solares para reducir costos, aunque reconoce que son soluciones parciales.
A estas iniciativas se suman obstáculos regulatorios. Santos advierte que los procesos legales para la autogeneración pueden tardar años antes de obtener permisos para operar plantas propias, lo que refuerza la inminencia del traslado de costos al consumidor.
La inevitable repercusión del ajuste ha llevado a los empresarios a sugerir medidas de compensación social. Santos plantea una eventual reducción del IVA u otros mecanismos que mitiguen el impacto en los hogares, recordando que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza. González insiste en reformas integrales que preserven la competitividad sin afectar el consumo.
Según el Ministerio de Finanzas, la medida generará $ 256 millones anuales adicionales: $78 millones del grupo AV1 y $178 millones del segmento de medio voltaje. El ajuste se aplica tras la crisis eléctrica de 2024, cuando el Gobierno ordenó cortes del 100% al sector industrial.
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