Asesinato de fiscal Gloria Bravo en Manta enciende las alarmas de Human Rights Watch

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un pronunciamiento este martes 16 de junio de 2024 para exigir una investigación rápida, independiente e imparcial que lleve a los autores del asesinato de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, quien murió el pasado 14 de junio de 2026, tras sufrir un ataque armado en Manta, junto con su hermana.

La Fiscalía General del Estado calificó el crimen como una represalia directa de las estructuras delictivas debido a la lucha frontal contra el crimen organizado. Bravo tenía a su cargo expedientes complejos sobre homicidios y secuestros en Manabí. Entre sus indagaciones recientes constaban los ataques con drones ejecutados a inicios de este año contra tres barcos pesqueros en las Islas Galápagos.

Violencia selectiva contra la justicia

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que esta muerte no es un hecho aislado. La funcionaria solicitó al gobierno del presidente Daniel Noboa que priorice el fortalecimiento del sistema judicial y dote de recursos económicos y de seguridad a sus integrantes. Con el fallecimiento de Bravo, ya suman tres los fiscales asesinados en Manta desde 2022, tras los casos de Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez.

Los registros de la organización civil Observatorio de Derechos y Justicia revelan una situación crítica a escala nacional. Desde 2020, un total de 26 operadores de justicia, entre jueces, fiscales y personal administrativo, perdieron la vida en ataques violentos en Ecuador. El mes pasado, la jueza Lady Pachar también fue acribillada en Machala por sicarios en motocicleta mientras se transportaba sin custodia.

Escasez de recursos forenses y protección

La falta de herramientas básicas debilita la capacidad de respuesta de los funcionarios en las zonas de mayor peligrosidad. HRW constató que los investigadores carecen de vehículos blindados, chalecos protectores y equipos logísticos. Incluso en urbes principales como Guayaquil existieron reportes sobre la falta de personal suficiente para realizar el levantamiento de cadáveres o ejecutar peritajes balísticos en las escenas del crimen.

Esta vulnerabilidad institucional coincide con el deterioro generalizado de la seguridad pública. Ecuador cerró el año 2025 con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, el índice más alto registrado en América del Sur. La provincia de Manabí concentró más de 1.271 muertes violentas en ese mismo período anual, lo que la ubica como una de las tres jurisdicciones más peligrosas del territorio ecuatoriano.

Exigencias internacionales al Estado

Para frenar la impunidad, el organismo internacional exhortó al Ejecutivo a implementar un sistema integral de evaluación de riesgos reales. Esta estructura debe asignar escoltas efectivas a los fiscales bajo amenaza comprobable. De igual manera, la entidad recomendó acelerar los procesos de selección para cubrir las más de 1.000 vacantes pendientes de jueces y fiscales en todas las provincias.

Goebertus advirtió que el país no logrará contener la crisis de inseguridad actual si mantiene desprotegidos a los encargados de perseguir el delito. La obligación del Estado radica en identificar tanto a los autores materiales como a los determinadores que ordenaron el atentado en Manta.