“El fisco cobraría $ 50 millones a pymes por sus dividendos ”

El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales que plantea gravar tanto las utilidades distribuidas como las retenidas genera creciente preocupación en el sector productivo. Cuatro analistas consultados por Diario EXPRESO advierten que la reforma tendrá efectos directos sobre la liquidez de las empresas, especialmente en las pequeñas; además en quienes compraron acciones en el mercado de valores y en el clima de inversión en Ecuador.

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Según la propuesta, que deberá ser analizada por la Asamblea, los dividendos que reciben las personas naturales o accionistas de empresas que residen en Ecuador y que están por encima de tres salarios básicos (que en este año son 1.410 dólares), pasarían a gravarse con un impuesto directo del 12 %, dijo el consultor en proyectos de inversión, Abel DeFina.

Además, el proyecto contempla un tributo del 0,75 % al 2,5 % sobre las utilidades retenidas; es decir, aquellas que las empresas deciden no repartir para cubrir deudas, financiar proyectos o reinvertir en su crecimiento.

A criterio de expertos, si esto se aprueba, podría ser tomado como un castigo al ahorro empresarial. La preocupación se cierne sobre todo por las pequeñas empresas. Aproximadamente 8.000 micro y pequeñas empresas reportaron unos 5.200 millones de dólares en utilidades no repartidas en 2024. Aplicando la tabla del proyecto de ley, estima Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) y actual ‘senior partner’ de Andersen en Ecuador, estas empresas pagarían 50 millones de dólares por este impuesto.

Briones agregó que entre las medianas y grandes empresas pagarían 400 millones de dólares por aproximadamente 23.000 millones de dólares en utilidades no repartidas. “En lo monetario el nuevo impuesto, por su diseño, resulta bastante elevado, principalmente por la estructura de la tabla. Eso va a impactar incluso a pequeñas empresas”, recalcó Briones.

El abogado Marcelo Bodero coincidió en que las pymes serán las más golpeadas, al tener menor acceso a créditos o fuentes alternativas de financiamiento. “La gran empresa puede recurrir a préstamos bancarios para cumplir con el fisco, pero la pequeña no. Aquí, el hilo se corta por la parte más débil”.

El experto explica que limitar el capital disponible de los accionistas dificulta que estas empresas obtengan nuevos préstamos o inviertan en crecimiento. “Es un contrasentido en un país que necesita urgentemente generar empleo e incentivar el emprendimiento”.

Los accionistas usan los dividendos para mantener operativa la compañía o generar empleo. “Ahora, por haber dejado ese capital dentro de la compañía, el Estado les cobra un impuesto adicional. Es un tributo patrimonial, porque afecta directamente el patrimonio acumulado de los inversionistas después de haber pagado ya el impuesto a la renta”, precisó DeFina.

Afecta a quienes compraron acciones en el mercado bursátil

El especialista también se refirió a las consecuencias para quienes invierten en el mercado bursátil. “Quienes compraron acciones de empresas cotizadas verán mermado su patrimonio, y además los dividendos que reciban estarán gravados al 12 %. Esto desincentiva la inversión en compañías ecuatorianas y genera incertidumbre sobre futuras alzas tributarias”.

DeFina puso el ejemplo de una persona natural que es residente en Ecuador y por ser accionista recibe 10.000 dólares. Al aplicarle el 12 % pagaría 1.200 dólares. En ese caso, la sociedad que distribuye el dividendo actúa como agente de retención del impuesto causado. La tasa puede variar dependiendo de la residencia fiscal del beneficiario y la composición societaria.

La realidad es que hay personas que compran pequeñas acciones en el mercado bursátil de reconocidas empresas del país y es posible que reciban dividendos por encima de tres salarios básicos. En ese caso van a tener que pagar 12 % de impuesto.

La liquidez será el desafío

Por su parte, el analista económico Diego Cueva subrayó que la liquidez inmediata será el mayor desafío. Las compañías deberán decidir entre pagar utilidades en efectivo, comprometiendo su flujo de caja, o emitir acciones, lo que trasladaría la presión al propio accionista. “Incluso quienes no han recibido utilidades en años deberán tributar más cuando finalmente se distribuyan”, añadió.

Los tres especialistas coinciden en que el Gobierno busca suplir la falta de financiamiento externo con mayores impuestos internos, pero advierten de un efecto en cadena: reducción de capital circulante, menor inversión privada y riesgo de recortes de empleo o salarios.

“Si Ecuador quiere atraer capital e impulsar sectores estratégicos, esta no es la vía. Urge abrir un diálogo entre el Estado y el sector privado para replantear esta reforma antes de que erosione aún más el clima de negocios”, concluyó Bodero.

Entendiendo la necesidad fiscal, Briones planteó reducir el impuesto, mejorar la tabla, agregar una fracción básica desgravada apropiada, ampliar el uso de crédito tributario a más años y agregar deducciones a la base imponible.

El propósito sería precautelar las empresas más pequeñas, que son las que tienen menos liquidez y capacidad financiera, remarcó Briones. Sugirió que en forma general se debe evitar un cobro desproporcionado e inapropiado a todo tipo de compañías, sean pequeñas o grandes, porque la nueva ley no anima la creación de más empresas, que son necesarias para generar más empleos.

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