Expertos alertan que nuevo impuesto frenará la inversión en Ecuador

Nuevo impuesto a utilidades no distribuidas preocupa a empresarios y puede desincentivar la inversión. El proyecto de ley económico urgente incluye reformas tributarias que generan inquietud en el sector productivo y advierten efectos negativos en la inversión local y extranjera.

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El envío a la Asamblea Nacional del proyecto urgente en materia económica denominado “Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales” ha encendido las alarmas en los sectores productivos. Aunque la propuesta busca prevenir y controlar movimientos financieros irregulares en fundaciones, ONG y entidades sin fines de lucro, también introduce cambios tributarios que podrían impactar directamente en la inversión empresarial.

Uno de los puntos más polémicos es la creación de un impuesto de hasta 2,5 % sobre las utilidades no distribuidas que permanezcan acumuladas en las sociedades hasta el 31 de julio de cada ejercicio fiscal. Además, plantea un impuesto único a la renta sobre dividendos: 12 % para personas naturales residentes, 10 % para no residentes y 14 % cuando existan accionistas en paraísos fiscales o incumplimiento en la información societaria.

Empresarios: la reinversión ya tributa

El exdirector del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, criticó la medida señalando que grava recursos que ya han pagado impuesto a la renta:

“Una utilidad que se deja dentro de la empresa no quiere decir que no haya pagado impuestos. Ya se pagó el 25 % de impuesto a la renta al Estado. Muchas veces no se reparten dividendos porque no hay liquidez o porque se decide reinvertir para crecer y evitar endeudarse. Es una práctica común en todo el mundo”, dijo.

Briones advirtió que la medida “desvirtúa el concepto financiero de ahorro empresarial” y afectará sobre todo a pequeñas empresas que destinan sus utilidades a sostener operaciones o financiar proyectos de expansión.

Riesgo para la inversión extranjera

El abogado Marcelo Bodero coincidió en que el impuesto puede desincentivar tanto la inversión local como la extranjera:

“Si una compañía decide reinvertir utilidades en lugar de distribuirlas, igual tendría que pagar el impuesto. Esto genera un desincentivo claro a la reinversión y, en el caso de la inversión extranjera directa, reduce el atractivo del país para capitales internacionales que buscan mejores retornos”, afirmó.

Bodero agregó que esto puede frenar los flujos de inversión. “Primero tributa la empresa, luego el accionista cuando recibe dividendos, y ahora también habría un gravamen sobre las utilidades retenidas. Esto resta competitividad y puede frenar los flujos de inversión que Ecuador tanto necesita”.

Para el analista económico Alberto Acosta, se trata de “un impuesto al patrimonio” que tendría efectos negativos: "Primero, es un desincentivo a la reinversión de las utilidades no distribuidas. Además, se va a cobrar un impuesto sobre una utilidad que no necesariamente es líquida".

Coincidió con los otros expertos que han señalado que esta medida puede reducir el potencial de inversión y la capacidad operativa de las empresas. Advirtió que los inversionistas pueden interpretarla como una especie de confiscación, castigo o gravamen oculto al patrimonio empresarial: "Lo cual no es positivo para la imagen de seguridad jurídica ni para el atractivo de inversión en el país".

Propuestas de ajuste

Briones sugirió alternativas para mitigar el impacto de la medida, entre ellas:

• Reducir el porcentaje del impuesto.

• Mejorar la tabla de cálculo.

• Incluir una fracción básica exenta adecuada.

• Ampliar el uso del crédito tributario en más periodos.

• Agregar deducciones a la base imponible.

Contexto fiscal apremiante

Los analistas coinciden en que la propuesta responde a la necesidad del Gobierno de aumentar la recaudación en un escenario de estrechez fiscal agravado por la baja temporal de exportaciones petroleras. Sin embargo, alertan que la urgencia fiscal no debe comprometer el clima de inversión.

El proyecto, calificado como urgente, podría ser modificado durante su debate en la Asamblea, pero mientras tanto mantiene en alerta a los sectores productivos por el riesgo de frenar la inversión y limitar el crecimiento económico.

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