¿Es viable un salario mínimo de $650 en Ecuador? Análisis económico y comparativa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha condicionado el fin del paro, entre varios temas, al incremento del Salario Básico Unificado (SBU) a $ 650. El valor propuesto representa un aumento del 38% sobre el salario actual (de $470), equivalente a $180 adicionales. El mismo monto que el salario básico acumuló en 13 años, luego de que en el 2012 se fijara en $292.

La demanda surgió durante la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. “Así como alzan los precios de los combustibles, el sueldo tiene que ser de $ 650”, exhortó Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

Sin embargo, esta propuesta es rechazada por expertos laborales y cámaras de la producción, que creen que ceder a una revisión de salarios al alza (con el incremento que sea), presionaría los costos productivos para las empresas y haría al país perder competitividad.

El exministro de Trabajo, Andrés Madero, recuerda que en el país, por ley, el incremento salarial debe fijarse en relación al índice de precios al consumidor proyectado, que según sus cálculos debería ser 2,8%. “Es imposible, no tiene sustento técnico, se vuelve inviable”, señala.

La Conaie justifica su propuesta en el alza del diésel. Sin embargo, el experto laboral y también exministro de Trabajo, Andrés Isch, desmonta este argumento: el combustible tendrá un impacto tan marginal en la inflación que no debería incidir prácticamente en nada.

Isch explica que el costo real para los empleadores va más allá del salario nominal. “Al SBU hay que sumarle las cargas laborales obligatorias: décimo tercer sueldo, décimo cuarto y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”. Con estas cargas, un salario de $650 significaría que el empleador terminaría pagando más de $900 por cada trabajador, explica.

Empresarios rechazan la propuesta

Desde el sector empresarial, el análisis es igual de crítico. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señala que la propuesta rompe el equilibrio entre productividad y costos laborales.

González advierte que hoy contratar a un trabajador cuesta en promedio 35% más del salario nominal por cargas sociales y beneficios. Un alza desproporcionada haría insostenible la nómina, obligando a reducir plazas o detener nuevas contrataciones.

Las decisiones salariales, dice, deben basarse en criterios técnicos: productividad, inflación y capacidad de pago, no en planteamientos políticos que podrían deteriorar el empleo formal.

Isch advierte que las consecuencias serían graves y permanentes. Un incremento de esta magnitud dispararía el empleo informal, precarizaría el trabajo y desaceleraría la recuperación económica. El efecto más preocupante sería estructural: los empleadores buscarían reemplazar plazas con automatización o procesos que no requieran trabajadores.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), advierte que un alza en productos de exportación como el camarón reduciría su competitividad, puesto que en países competidores el costo de producción es menor.

Desde el sector de los trabajadores públicos hay una visión diferente. Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP), reconoce que sería excelente, pero señala que el gobierno y los empresarios prefieren que el alza sea mínima.

El dirigente sindical cuestiona el proceso de negociación salarial. Denuncia que el gobierno nombra a dedo a los representantes de los trabajadores, escogiendo personas afines al oficialismo en lugar de verdaderos delegados sindicales.

Mientras tanto, los empresarios designan a sus propios representantes. El resultado es una negociación desequilibrada: “los supuestos representantes de trabajadores no luchan con fuerza por igualar el salario a la canasta básica”, mientras los empresarios consiguen imponer los menores aumentos posibles, explica Hurtado

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