¿Es viable el reemplazo del visto bueno por un despido justificado en Ecuador?
Cambiar visto bueno por despido justificado eliminaría trámite administrativo del Ministerio de Trabajo
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, anunció el 9 de diciembre reformas al procedimiento del visto bueno tras la segunda reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS). Aunque públicamente habló de "aclarar conceptos" para reducir la discrecionalidad de los inspectores, Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), reveló que la propuesta empresarial incluye otra alternativa: eliminar completamente el visto bueno y reemplazarlo con el despido justificado.
¿Qué tan viable es implementar este cambio?
Alba Guevara, experta en derecho laboral, explica que cualquier modificación sustancial requeriría necesariamente una reforma al Código del Trabajo que debe tramitarse en la Asamblea Nacional. "Tiene que pasar por la Asamblea porque ya sería un cambio dentro del Código del Trabajo", señala la especialista.
La experta enfatiza que no pueden hacer "un cambio a través de acuerdo ministerial respecto del visto bueno, porque el visto bueno está dentro del Código del Trabajo es un procedimiento establecido para dar por terminada la relación laboral". Mientras modificaciones menores al procedimiento sí pueden tramitarse por acuerdo ministerial, eliminar completamente la figura requiere reforma legal.
Actualmente, el visto bueno es un procedimiento donde el empleador o trabajador solicita al inspector del Ministerio de Trabajo que termine la relación laboral por causas justificadas. El proceso dura 30 días y quien solicita debe probar que la otra parte incurrió en faltas establecidas en los artículos 172, 310 y 173 del Código del Trabajo.
Para Guevara, técnicamente "el visto bueno es un despido justificado porque tú tienes que justificar una causa". La diferencia con la propuesta empresarial está en el procedimiento: actualmente se tramita ante inspectores de trabajo, pero bajo el nuevo esquema el empleador despediría al trabajador de inmediato y después demostraría ante un juez que tuvo motivos válidos para hacerlo.
La experta identifica aspectos beneficiosos del sistema actual, especialmente para trabajadores que no pueden costear un abogado o los gastos de un juicio. "En algunos casos es muy beneficioso la inspección de trabajo frente a escenarios en los que el trabajador no tiene la capacidad económica para acudir al juzgado", explica.
Los inspectores del Ministerio de Trabajo facilitan acuerdos entre las partes sin necesidad de llegar a los tribunales. "No me están pagando los sueldos, yo acudo ante el inspector, vea, no me ha pagado, no me ha pagado tal cosa y tal cosa y el inspector le manda a pagar", describe Guevara sobre casos comunes de trabajadores que buscan cobrar salarios adeudados.
Si el empleador se niega a cumplir con la orden del inspector, "le pone una sanción y a veces el empleador también para evitar este tema de sanción coge y paga y se termina el proceso ahí". Este mecanismo permite resolver conflictos laborales de forma rápida, gratuita y sin abogados.
Un sistema con limitaciones
Sin embargo, el sistema presenta limitaciones. Un inspector "obviamente no es competente para conocer despidos intempestivos y por supuesto cuando ya están asesorados las personas pues niegan la existencia de la relación laboral" y estos casos deben ir necesariamente a sede judicial.
La jurisprudencia ecuatoriana ha establecido que las decisiones de los inspectores tienen carácter de informe y pueden ser impugnadas ante juzgados laborales. "La Corte Nacional dice que la decisión del inspector será considerado como un mero informe", señala Guevara.
Respecto a modificaciones menores por acuerdo ministerial, Guevara cuestiona la utilidad de la reciente inclusión de apelación ante la Dirección Nacional del Trabajo (DNT). "No le veo sentido la apelación desde mi punto de vista", explica.
Sin embargo, reconoce deficiencias en el sistema actual. "A veces los inspectores de trabajo se lanzan unas providencias terribles que te obligan necesariamente a impugnar esa decisión", admite.
Para la experta, el sistema actual permite que trabajadores sin asesoría legal accedan a soluciones administrativas. La viabilidad de cualquier reforma dependerá del respaldo político en la Asamblea Nacional y de lograr consenso entre los actores del mundo laboral.
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