La tasa minera de Ecuador afrontará demandas de inconstitucionalidad
Las empresas sostienen que la tasa es "desproporcionada". Los gremios evalúan presentar acciones legales
El plazo para el pago de la tasa minera llegó. A partir de este 1 de julio de 2025 las empresas que se dedican a mediana y gran minería deben consignar este valor impuesto por el Gobierno, Pero lejos de acatar esta medida, los gremios analizan presentar demandas de inconstitucionalidad, tras agotar el diálogo.
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La tensión que ha causado este tema se hizo más evidente el 25 de junio de 2025. Diario EXPRESO conoció que en la reunión, entre representantes del sector minero y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), los asistentes del gremio se levantaron y dejaron el salón tras confirmar que la convocatoria era más para explicar cómo será el cobro de la tasa, que para evaluarla.
“Al iniciar la reunión preguntamos si existe la voluntad política de modificar la tasa, nos contestaron que no (…) frente a eso quienes representamos al gremio nos levantamos y nos fuimos”, expresó Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, que aglutina a 25 empresas y 200 mineros.
La posición del Gobierno sobre esta imposición se mantiene en firme. Carolina Jaramillo, portavoz del presidente Daniel Noboa, reiteró este 30 de junio de 2025 que la tasa minera está en vigencia y seguirá adelante. Recordó que es variable de acuerdo a la fase del proyecto, régimen de minería y hectáreas concesionadas. “El impacto no es el mismo para todos”, afirmó la funcionaria.
El rango de esta tarifa será entre el 3 % y el 100 % de una Remuneración Básica Unificada, que para este año es $470, por cada hectárea concesionada. Así representa entre $14,1 y $470, según el tipo de minería y la fase del proyecto, señala la resolución Arcom-003/25. La imposición no aplica para la minería artesanal.
Jaramillo agregó que ha habido un dialogo permanente con los asociados, gremios, cámaras y el ministerio. Y recordó que a través de esta imposición se combatirá la extracción antitécnica e ilegal de minerales.
Esta versión no convence del todo al sector. La Cámara de Minería del Ecuador (CME) afirmó que pese a insistir en que se establezcan mesas técnicas para evaluar la tasa y se suspenda la medida, las reuniones no han pasado de ser conversaciones. “No ha habido apertura”, aseguró María Eulalia Silva, su presidenta ejecutiva.
Así, tras agotar el espacio de diálogo, las empresas están analizando presentar demandas de inconstitucionalidad, porque no se socializó de manera efectiva, la tasa no funciona como contraparte de un servicio recibido y es “desproporcionada”, señaló el presidente de la Cámara de Minería de Cuenca. “En Cuenca nos declaramos en resistencia (…) todo esto deberá ser revisado por la justicia”.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto de mediana minería, que está en exploración avanzada y tiene una concesión de alrededor de 7.800 hectáreas, el monto a pagar por la tasa asciende a $1,4 millones. Esto, según Vargas, altera los planes de operación que tenían las firmas.
El pago de la tasa minera se realizará de manera semestral, en julio y enero para la mediana, gran minería y licencias de comercialización. Para la pequeña minería es un solo pago al año.
Sin embargo, como la tasa está en vigor hace apenas un mes este primer pago (en julio y enero) será proporcional. La mediana y gran minería cancelará en julio la doceava parte de todo lo que les corresponde pagar en el año, precisó el miércoles pasado el viceministro de Minas, Javier Subía.
Mientras tanto, en enero de 2026 la pequeña minería pagará lo que corresponde a siete meses (junio-diciembre). Y, la mediana y gran minería, allí ya cancelará la tasa completa (julio -diciembre), dijo el funcionario.
La preocupación sobre el pago de esta imposición se extiende también a la pequeña minería. Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, mencionó que en este régimen hay mineros que ni siquiera pueden trabajar porque no cuentan con la licencia ambiental. “Si no podemos producir deberíamos buscar otras fuentes para pagar la tasa”.
Por esta razón, junto a la Cámara Nacional de Minería del Ecuador se evalúa presentar acciones de inconstitucionalidad y de protección. “No es que no queremos pagar, pero queremos un monto justo”, indicó Pineda.
En el caso de la pequeña minería, la Ley establece que se puede acceder a concesiones de hasta 300 hectáreas. Así, en la etapa de exploración-explotación se cancelaría alrededor de $28.200, considerando el esquema establecido por la Arcom.
El Gobierno aspirar a recaudar a través de esta tasa de fiscalización minera $229 millones para reforzar la Arcom y combatir la extracción ilegal de minerales.
