Exploración minera
Durante la etapa de exploración minera se identifica el potencial que tienen los yacimientos.Cortesía / Cámara de Minería del Ecuador

Ecuador abre su Catastro Minero; el ‘freno’ para la inversión se mantiene

Desde este 16 de junio de 2025 se encuentra abierto el catastro para la pequeña minería no metálica. La tasa minera preocupa

Tras más de siete años de permanecer cerrado, este 16 de junio de 2025 está previsto que se abra el Catastro Minero de Ecuador. Su apertura, sin embargo, no garantiza en sí la llegada de nuevas inversiones para la exploración de nuevos proyectos, según especialistas consultados.

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El Viceministerio de Minas informó que este lunes se abrirá el catastro para la pequeña minería no metálica, como materiales de construcción, calizas, arcillas, baritina y otros. La segunda fase, en septiembre, abordará la pequeña minería metálica, y la tercera, en diciembre, se centrará en la mediana y gran minería.

Con esta herramienta se busca atraer inversiones, impulsar el desarrollo de la producción nacional y las exportaciones, refirió Javier Subía, viceministro de Minas, en una entrevista en radio Democracia.

La apertura de este insumo, sin embargo no es suficiente. Para atraer inversiones en este sector se requiere, entre otros, que el Estado ofrezca seguridad jurídica, una carga tributaria atractiva, incluso, se considera el precio de cada kilovatio hora.

“El catastro no es una herramienta de política pública que vaya a generar proyectos ni en el mediano ni en el corto plazo”, enfatizó Henry Troya, exviceministro de Minería.

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El exfuncionario precisó que en la etapa de exploración, por ejemplo, las firmas operan con un riesgo alto. La media establece que de cada 300 concesiones una termina siendo mina. El resto son proyectos pequeños o son devueltos al Estado.

En esta etapa, en promedio, se invierte entre $ 1 millón y $10 millones.

En la última apertura del Catastro, en 2016, por ejemplo, se comprometieron $ 500 millones para exploración en los próximos cuatro años. Pero al año siguiente, en 2017, se atrajeron $1.500 millones en inversiones, en parte por las políticas tributarias que se promovieron en el marco de la firma del contrato del proyecto de Fruta del Norte; y también porque para entonces, el país se promocionaba como un destino que tenía “soberanía energética” y una de las tarifas eléctrica más bajas de la región.

Estas condiciones cambiaron. En 2024, Ecuacorriente y Fruta del Norte, por ejemplo, fueron ‘desconectadas’ por la crisis energética que atravesaba el país. Y sus tarifas fueron ajustadas. Además, el 2 de junio de 2025 el Ejecutivo anunció que la tarifa para usuarios de alto voltaje (grupo AV1), en el que están las mineras, subirá de 7,91 a 10,22 centavos por kilovatio-hora (kWh).

La tasa minera causa preocupación

El Gobierno anunció también la aplicación de una tasa minera. Esta carga se fijará considerando un porcentaje variable del Salario Básico Unificado (SBU) por cada hectárea concesionada. Así, el rango será entre el 3 % y 100 %, ajustándose al tipo de minería y la fase del proyecto, señala la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero Arcom-003/25. La tarifa no aplica para la minería artesana

Para Andrés Ycaza, abogado minero, esta carga podría ser una limitante porque podría encarecer un proyecto y ahuyentar las inversiones que Ecuador se disputa junto a sus vecinos Perú, Chile, Colombia. ”Si la tasa se mantiene los índices de recaudación bajarán”.

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Fernando Benalcázar, exministro de Minas, dijo que la tasa se debería orientar hacia las empresas que están produciendo porque de la manera que esta concebida "duda" que esta figura sea un incentivo para estas firmas, que deben hacer inversiones fuertes en exploración; y que eventualmente no van a recibir el servicio por el que pagarán.

"Es contradictorio, el catastro puede incentivar que las empresas vuelvan al país por lo rico que es Ecuador en depósitos (...) pero esta tasa puede ser un peso, que debe ser reconsiderado al más alto nivel para las empresas en exploración", precisó Benalcázar.

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) advirtió que en ciertos casos una firma podría pagar hasta $ 6,8 millones al año, más que sus costos de operación al año ( $ 2 millones).

El viceministro de Minas rgumentó que esta imposición permitirá fortalecer a la Arcom para que junto a otras entidades pueda mantener el control en las concesiones.

La Cámara pide suspender termporalmente la aplicación de la tasa minera

Para revisar esta carga impositiva, los representantes de la Cámara de Minería se reunieron el 12 de junio de 2025 con autoridades del Viceministerio de Minas y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para evaluar el impacto de esta medida.  

En este espacio se resolvió formar mesas técnicas para abordar las preocupaciones del sector frente a la implementación de la tasa, que pretende recaudar $ 229 millones anuales.

Además, el gremio reiteró que la tasa, en su forma actual, es “inviable” para el desarrollo de esta actividad, especialmente en su etapa de exploración. Por esta razón, la Cámara presentó al Gobierno una solicitud formal para que se suspenda temporalmente la aplicación de la nueva tasa de fiscalización mientras dure el diálogo iniciado entre ambas partes.

Aparte del tema impositivo, al sector le preocupa también que aún esté pendiente la Ley de Consulta Previa, que se requiere en el caso que una firma decida explotar en áreas que tienen en su zona de influencia de pueblos, comunas o comunidades, o nacionalidades afrodescendientes o indígenas. "Estos lugares no podrían incluirse en el catastro, porque van a generar conflictos", agregó Benalcázar.

El Viceministerio de Minas mencionó que se espera que ahora que el Gobierno cuenta con una consolidación en la Asamblea Nacional se puede llevar adelante el desarrollo de esta iniciativa. "El presidente Daniel Noboa nos ha encargado que en el sector minero se cumplan todos los estándares internacionales", enfatizó Subía.

La apertura del catastro debe ser considerado como un insumo que puede permitir el desarrollo de nuevos proyectos, que con el paso del tiempo se convierta en minas, refirió Ycaza.

Además para garantizar el desarrollo de esta actividad es necesario que los permisos ambientales y de no afectación de las fuentes hídricas, que ahora toman hasta dos años, se hagan de manera ágil. "La inversión fluye cuando todos estos elementos se conjugan", precisó Ycaza. 

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