El contrabando de combustibles se pausa, pero no los ‘pinchazos’
Ecuador mantiene diésel competitivo tras alza de precio. Pero emergen nuevas amenazas de robo masivo
La eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio de $1.80 a $2.80 por galón este mes, reconfiguró también el mapa del contrabando de combustibles en Ecuador. Si bien los expertos coinciden en que la medida reducirá el tráfico ilegal hacia Colombia, advierten que la brecha de precios con Perú podría mantener cierto atractivo para este ilícito. Paralelamente, emerge una nueva amenaza: el robo masivo de combustibles por parte del crimen organizado.
Los efectos diferenciados del ajuste se reflejan en el nuevo posicionamiento regional de Ecuador. Con $2.80 por galón, el país se sitúa por encima de Colombia ($2.70), Bolivia ($2.00) y Venezuela ($0.02), pero significativamente por debajo de, Chile ($3.87) y Brasil ($4.20), según datos de Global Petrol Prices.
Fernando León, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que el contrabando hacia Colombia “va a disminuir en gran medida” porque ambos países mantienen precios similares. Sin embargo, hacia Perú “todavía seguimos siendo atractivos” debido a la diferencia de $1.46 por galón.
Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, concuerda con que el problema persistirá en la frontera sur, porque aunque la ganancia de los contrabandistas se reduce, “sigue siendo importante” dada la diferencia entre $2.80 y más de $4.
Una perspectiva más positiva ofrece Luis Espinosa Goded, profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Para él, “el grueso del contrabando se elimina” porque la rentabilidad del negocio ilegal ya no compensa los riesgos. Espinosa explica que antes los contrabandistas tenían “130% de ganancia” aprovechando la diferencia de precios, pero ahora esa ganancia se redujo a “30%” con el nuevo precio. Esta menor rentabilidad, según su análisis, elimina el contrabando masivo pero no el “arbitraje”: compras ocasionales de fronterizos que cruzan por conveniencia.
Sin embargo, en este contexto surge una preocupación inesperada. La eliminación del subsidio de $1.200 millones anuales marca el fin de medio siglo de distorsiones de precios, pero podría fortalecer otros frentes de batalla contra el crimen organizado que encuentra en el robo de combustibles una fuente lucrativa para financiar sus operaciones.
Datos de InsightCrime revelan que las conexiones ilegales a oleoductos se triplicaron: de 334 en 2022 a 1.095 en los primeros nueve meses de 2025. Las incautaciones de combustible robado aumentaron 78% respecto a 2024, superando el millón de galones.
La viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, confirmó pérdidas por ‘pinchazos’ de $300 millones en el último año. Esta dinámica replica lo ocurrido en México tras eliminar subsidios en 2009: cuando grupos armados transformaron el robo artesanal en un “negocio multimillonario”.
El combustible robado alimenta múltiples economías ilegales. La producción de cocaína requiere hasta 284 litros por kilogramo, según InsightCrime. Los narcosubmarinos, muchos construidos en Ecuador, funcionan con motores diésel. La minería ilegal también demanda grandes volúmenes para dragas extractivas.
Contrabando de combustible, se requiere un control integral
Los expertos en seguridad y economía coinciden en que la lucha contra el contrabando y el robo de diésel requerirá un enfoque multifacético que combine el control fronterizo, la fiscalización interna y la desincentivación económica. León plantea una estrategia integral que incluye endurecer los controles fronterizos, el uso de inteligencia artificial para detectar rutas de fuga, además de eliminar beneficios legales para quienes cometen estos delitos.
Por otro lado, Jaime Carrera y Mario Pazmiño ponen el foco en el estricto control de la distribución desde la estatal Petroecuador para asegurar que el volumen de diésel corresponda al consumo legítimo en las zonas de frontera, así como en la vigilancia de la minería ilegal, que es un gran consumidor de este combustible.
El exministro de Economía Fausto Ortiz destaca la importancia de cuantificar el problema con “datos reales”, ya que las especulaciones oscilan entre $100 y $300 millones anuales en contrabando, mientras el consumo nacional alcanza 1.700 millones de galones según el Banco Central del Ecuador (BCE).
Pese a estos desafíos, la medida genera alivio fiscal limitado. Ortiz estima un ahorro de $200 millones este año, considerando que rige solo el último trimestre. Carrera proyecta $900 millones netos anuales descontando compensaciones, pero recuerda que el déficit fiscal a fines de este año alcanzará los $5.000 millones. “La medida va a ser insuficiente”, advierte.
El sistema de bandas que entrará en vigor en diciembre podría atenuar algunos problemas. Las proyecciones del Viceministerio de Hidrocarburos sugieren una reducción gradual: $2.79 en diciembre, $2.74 en enero y $2.72 en febrero de 2026, dependiendo de la evolución del petróleo West Texas Intermediate (WTI).
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