
Ecuador debe sortear trabas para financiar su presupuesto 2025
La caída en la producción petrolera, en el precio del crudo y la reducción de los ingresos obliga a analizar otros mecanismos
La caída del precio del petróleo y la reducción de ingresos ponen en riesgo el financiamiento de la Proforma del Presupuesto General del Estado, según especialistas consultados por EXPRESO.
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En la propuesta que el Ejecutivo debe presentar hasta el 24 de agosto de 2025, para el resto del ejercicio fiscal, se deberá considerar, entre otros aspectos, que el precio promedio del crudo ecuatoriano se ubicaría en torno a $ 57 por barril, según proyecciones del Banco Central del Ecuador. Esta cifra está por debajo de los $ 63,7 que constan en el Presupuesto Prorrogado vigente.
Esa brecha, sumada a la fragilidad tributaria y a los problemas de producción petrolera, deja al Gobierno con recursos insuficientes para cubrir sus planes de gasto, advirtieron los analistas.
El déficit acumulado en el primer semestre ya supera los $ 1.700 millones, según el Observatorio de Gasto Público. En tanto, el Observatorio de la Política Fiscal estima que el año podría cerrar con un hueco superior a $ 5.000 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas maneja un cálculo menor.
Entre enero y junio, los ingresos totales se estancaron respecto al mismo periodo de 2024, mientras que el gasto público siguió en aumento.
Daniela Oleas, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló que la caída simultánea de producción y precios petroleros deja un “hueco difícil de cubrir” en el presupuesto. La experta recordó que la dependencia del crudo es un riesgo estructural que se amplifica cuando ambos factores juegan en contra de las finanzas públicas.
Los ingresos petroleros son la principal fuente de vulnerabilidad fiscal. El presupuesto 2024 contemplaba $ 4.300 millones por petróleo, mientras que para 2025 la proyección se redujo a $ 3.900 millones, según el Informe Técnico del Presupuesto General del Estado prorrogado para 2025, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
José Abel DeFina, analista económico, explicó que hasta junio apenas se han recaudado $ 500 millones de los $ 1.300 millones previstos por ingresos petroleros. La crisis se profundiza por los problemas de producción. En julio, por ejemplo, el transporte de crudo estuvo suspendido casi un mes, lo que incluso limitó las exportaciones.
Pablo Hidalgo, economista de la Business School de la UIDE, advirtió que la falta de ingresos petroleros afecta tanto al presupuesto como a la obtención de divisas para sostener la dolarización.
La recaudación tributaria tampoco ofrece alivio. Oleas resaltó que la debilidad responde al bajo crecimiento económico y a la alta evasión. Pese al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación por IVA muestra debilidad, revelando que la recuperación no se traduce en mayor actividad económica real.
Las salidas del gobierno son limitadas
Ante este panorama, el Gobierno debe explorar alternativas para cubrir el faltante. DeFina señaló que, a corto plazo, se busca generar $ 585 millones adicionales con el impuesto a utilidades retenidas y con la eliminación gradual de subsidios a sectores como el atunero, industrial y aéreo.
Para 2026, el analista proyecta un crecimiento de 0,4 % del PIB en ingresos tributarios y un incremento de apenas $ 500 millones en gastos. No obstante, advirtió que la ejecución presupuestaria se maneja de forma estratégica: se priorizan sueldos públicos y pago de deuda externa, mientras se retrasan pagos a proveedores.
Hidalgo subrayó la necesidad de reestructurar el Servicio de Rentas Internas (SRI) para combatir la evasión, en especial de grandes contribuyentes, y revisar el gasto tributario, que en 2024 ascendió a $ 5.151 millones, el 4,4 % del PIB. Oleas advirtió que los recortes suelen recaer en inversión pública y no en gasto corriente, lo que ahoga la economía en el mediano plazo. En el primer semestre, la Función Ejecutiva ejecutó solo el 16,20 % de su presupuesto de inversión.
Los expertos coinciden en que las salidas son reducidas. Hidalgo insiste en un programa económico coordinado con inversión estratégica y alianzas público-privadas. DeFina plantea renegociar deuda con organismos multilaterales para liberar recursos del pago de intereses.
La Asamblea tiene 30 días para tratar la Proforma
Hasta el 24 de agosto, el presidente Daniel Noboa debe presentar a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025 y la programación cuatrianual 2025-2029. El Legislativo tendrá 30 días para pronunciarse, pero el Ejecutivo mantiene el control: puede acoger o rechazar las observaciones y, si no hay pronunciamiento, el presupuesto entra en vigencia automáticamente.
Según Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, la Asamblea solo puede observar ingresos y gastos que no alteren el monto total. “El jefe de Estado tiene el poder político para que su proforma sea la que finalmente se ejecute”, explicó.
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, recordó que esta será la primera Proforma enviada por el actual Gobierno, ya que en 2024 y 2025 se trabajó con presupuestos prorrogados.